El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, aseguró que el pedido de la Corte Suprema para que la Policía Metropolitana desaloje los monoblocks tomados en el Bajo Flores es lo que desde el Gobierno de la Ciudad decían que estaban "en condiciones de hacer".
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No obstante, Montenegro aclaró que "este tipo de operativo, la Policía Metropolitana sola no lo puede hacer", por lo que necesita colaboración de la Federal. "Lo puede hacer colaborando con la Policía Federal, por la envergadura del operativo, porque son 200 viviendas y están en un lugar muy complejo", remarcó.
En declaraciones a Radio El Mundo, el funcionario porteño indicó que "ya está establecido que no hay ninguna posibilidad de apelación por parte de nadie, porque es una decisión que toma la Corte", y remarcó que después de que en el máximo tribunal "hoy a la tarde firmen ya todos los integrantes, la resolución será definitiva".
"El operativo termina cuando esas viviendas no solamente son desocupadas sino que son alojadas por los que les corresponde. O sea que la Policía Federal, la Policía Metropolitana o la Gendarmería no pueden retirarse del lugar hasta que no estén los nuevos ocupantes dentro de la vivienda", agregó.
Para el funcionario macrista, las tomas de terrenos que se sucedieron en los últimos meses generaron las bases para la creación de la industria del subsidio. "No se puede hacer una solución a todos los que están, porque la gran mayoría de los que están, están repetidos en las últimas 20 tomas que hubo en la Ciudad", expresó.
"Con esto del subsidio constante se generó una industria. La gente dice 'voy me meto acá, y si en dos semanas por ahí me sacan me llevo 1.500 pesos y veo que pasa'. Hacen eso en vez de trabajar. Con el subsidio constante lo que estamos quitando es la cultura de trabajo", concluyó.
Según reveló Ámbito Financiero, el predio ubicado en Castañares y Riestra permanece ocupado desde marzo pasado cuando fue intrusado por unas 200 personas, a pesar de sucesivas órdenes de desalojo dictadas por el juez federal de Quilmes Luis Armella, quien actúa por delegación de la Corte en todas las causas vinculadas con las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Las viviendas ocupadas pertenecen a un plan social del Gobierno porteño y están destinadas a pobladores de los asentamientos "El Pueblito" y "Luján", de la ribera del Riachuelo.
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