Perdió Duhalde la primera ronda, ayer, en el Congreso

«El gobierno nos propuso una Ley de Quiebras. La sancionamos. Pudo vetarla toda y lo hizo parcialmente. Ahora quiere que la deroguemos. Es demasiado, no lo haremos», dicen en el Congreso. Una cena con Héctor Magnetto, de «Clarín», donde aceptó esa idea, sigue siendo de triste recordación para Duhalde porque EE.UU. sorpresivamente ha pasado esa derogación a prioridad uno. En realidad a Duhalde le gustaba quedar bien con el monopolio de prensa y éste se le volcó totalmente en sus páginas diarias. También les gustaba, por posibles beneficios de difusión personal, a legisladores. Hoy esa demagogia es un problema para todos.

El gobierno realizó ayer, por primera vez de manera formal, un sondeo sobre las posibilidades de que el Congreso coordine su agenda con las necesidades del Poder Ejecutivo, sobre todo con las condiciones que el Fondo Monetario Internacional ha establecido para el desembolso de algún auxilio financiero. El resultado de esta indagación fue, en principio, negativo.

El viceministro Jorge Todesca y el secretario legal del Ministerio de Economía, Eduardo Ratti, visitaron el Congreso y se entrevistaron con los peronistas Juan Carlos Maqueda, Eduardo Camaño, José Luis Gioja, Raúl Pichetto, Marcelo López Arias, Graciela Camaño, Jorge Matzkin, María del Carmen Alarcón, Jorge Obeid, los radicales Horacio Pernasetti, Jesús Rodríguez (antiguo jefe de Todesca cuando el funcionario ocupó la Secretaría de Comercio durante la hiperinflación del '89), Mario Capello, Jorge Pascual y Carlos Maestro y los frepasistas Rodolfo Rodil y Darío Alessandro.

En el encuentro se intentó de fijar una agenda legislativa que respete mínimamente las urgencias del Ejecutivo. Pero Todesca volvió al Palacio de Hacienda con más preocupaciones que las que llevaba al salir: los legisladores expresaron una fuerte resistencia para modificar la Ley de Quiebras, insistieron en participar de la renegociación de tarifas (a Jesús Rodríguez se le hacía agua la boca), se empacaron en sustituir el CER por algún otro mecanismo de actualización de contratos, amenazaron con insistir con los aumentos a jubilados y con el incentivo docente (ambos vetados por el Ejecutivo) y, lo que no se esperaba, condicionaron buena parte de su actividad parlamentaria a que se giren fondos adeudados a las provincias.

«Nosotros no hemos soportado las críticas que soportamos, sobre todo de Ambito Financiero, para que ahora nos digan que hay que volver atrás con la Ley de Quiebras, que nos pidieron ustedes.» Esa advertencia salió de la boca de Raúl Pichetto, senador por Río Negro e identificado con la iniciativa promovida por el monopolio «Clarín» y que provocó alarma no sólo en el FMI sino en las principales sedes a través de las que se expresa la comunidad de negocios y el pensamiento económico (fue motivo de escándalo en la última reunión del board del Fondo con profesores universitarios de los Estados Unidos). Pichetto decía la verdad en parte, como suele suceder en política.

Es cierto que la «ley Clarín» fue alentada por el Ejecutivo: su sanción fue materia de un compromiso entre Eduardo Duhalde y Héctor Magnetto que tuvo como testigos a Jorge Remes y Alberto Pierri. Pero también debe recordarse que, alentados por el monopolio y por José Luis Manzano, varios legisladores tomaron la iniciativa como propia. Basta mencionar la gestión que realizó el senador Gioja entrando a la Casa Rosada del brazo de Manzano para facilitar la sanción de la ley cuando se comenzó a exigir el veto en un memorándum de Claudio Loser, funcionario del Fondo. Por si faltaba algo, uno de los autores de la ley que cuestiona el organismo de crédito es nada menos que el Secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, en colaboración con otro manzanista, Miguel Angel Toma.

Matzkin, quien también se interesó por la materia proponiendo en su momento la creación de una comisión de legisladores que debería intervenir en los procesos de quiebra, aconsejó ayer con tono conciliador: «Creo que lo que debe suceder es que ustedes arreglen con el Fondo y después acordamos las cosas entre nosotros», como si se estuviera por engañar a alguien. Los radicales hicieron también sentir su voz para que «no se vuelva al 'cram down', que permite que cualquier acreedor externo se quede con una empresa por dos pesos». Justamente eso es lo que sucede en los países que entran en default y será difícil convencer al resto del mundo de que la Argentina, por voluntad de sus propios habitantes, se va a excluir de esa extranjerización.

Todesca, que escuchaba algo azorado esas admoniciones, cortó por lo sano antes de que la imaginación legislativa soltara riendas: «Mejor dejemos el tema aquí y comencemos a compatibilizar criterios. Lo importante es que nadie quede fosilizado en una postura de la que no pueda volver».

• Colaboración

Ensayó avanzar con la ley de «subversión económica» pero también se empantanó. Los legisladores quisieron alentarlo con sanciones secundarias: Impuesto a las Ganancias para los jueces (que será materia de varias declaraciones de inconstitucionalidad), aplicación del Impuesto a los Bienes Personales a las tenencias de acciones argentinas por parte de empresas extranjeras y ratificación del último Pacto Fiscal federal.

Nada de esto resultaba vital para Economía, salvo que en el pacto pudiera introducirse alguna cláusula adicional que vuelva más convincente el compromiso de las provincias a no emitir nuevos bonos y reducir su déficit en 60%, nervios de la negociación actual con el Fondo. Para demostrar su colaboración, los diputados y senadores hicieron saber que no pondrían en discusión la pesificación universal dispuesta por decreto por el Ejecutivo pero que Jorge Remes y su equipo deberían tolerar el impuesto a las empresas beneficiarias de esa medida, que iría a manos de Ignacio de Mendiguren para que fluya en forma de subsidio hacia las PyMEs, con criterios que el ministro de la Producción todavía no estableció claramente. Es el proyecto del duhaldista Carlos Brown, que Duhalde bendijo en Olivos hace un par de semanas y que Todesca desautorizó ayer en presencia de los legisladores.

Los radicales, que hicieron de duros también en nombre de los peronistas (es una de las ventajas de esta coalición informal que han integrado), pidieron cuentas por el incumplimiento del piso de coparticipación. El rionegrino Jorge Pascual fue el más enfático y lo siguió el formoseño del PJ José Mayans. Maqueda quiso desviarlos hacia una vía muerta pero Mayans lo increpó: «Ustedes tendrán la provincia calzada con el banco pero nosotros no tenemos banco para zafar». Todesca dijo que en el último pacto fiscal se había eliminado la garantía de coparticipación, y entonces le contestaron: «Sí, pero no fue aprobado por el Congreso y, con la misma lógica, también se había prometido la coparticipación del impuesto al cheque, que no se cumple». De allí los hombres del interior pasaron a quejarse de la aplicación de retenciones, que Todesca defendió con resignación: «Son lamentables pero no tenemos una manera más eficiente de controlar los precios».