Piden a Balza explique reglamentos secretos
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En treinta carillas, el abogado Florencio Varela se dirigió al ministro de Defensa «por ser la autoridad por intermedio de la cual el Presidente, comandante en jefe de las FF.AA., ejerce los poderes que le acuerda la Constitución en lo que se refiere al Ejército» y encuadra la denuncia en el fuero castrense contra Balza en la mendacidad, la falsedad, la ocultación y destrucción de documentos oficiales, previstos como delitos contra el honor militar en el Código de Justicia Militar».
Como adelantó este diario, la misma presentación la había hecho este abogado ya ante el jefe del Ejército, Jorge Bendini, de quien no recibió respuesta alguna.
La aparición de reglamentos militares secretos (descubiertos por Varela) que autorizaban al Ejército a obrar como lo hizo durante la lucha contra el terrorismo en los años '70, contradice la esencia del mensaje que dio Balza en aquel programa de Bernardo Neustadt en abril de 1995. Esos reglamentos podrían ser pieza clave para legalizar procedimientos violentos utilizados en la represión del terrorismo setentista, argumenta el defensor y atribuye a Balza responsabilidad en la destrucción de esos documentos cuando era titular del Ejército.
En el texto, Varela recuerda la frase central de Balza pronunciada en el programa de Neustadt: «El ejército instruido y adiestrado para la guerra clásica, no supo enfrentar desde la ley plena al terrorismo demencial». Y agrega la lista de reglamentos, entre ellos: RC-5 Reservado, «Operaciones psicológicas»; RC-8-3 Reservado, «Operaciones contra la subversión urbana» en vigencia desde el 8 de noviembre de 1968 hasta el 29 de julio de 1969 respectivamente -era comandante en jefe, Alejandro Agustín Lanusse-RC-8-2 Público, «Operaciones contra Fuerzas irregulares»; RC-9-1 «Operaciones contra elementos subversivos», creado por el general Roberto Viola en diciembre de 1976, que prueban según el abogado que «el Ejército usó métodos legitimados-Piden a Balza explique reglamentos secretos José por leyes y reglamentos para el secuestro, el terrorismo, la tortura y la supresión de la vida, más allá de la calificación que puedan merecer en tiempos de paz».
De allí concluye que el general Balza falseó la verdad en su pieza oratoria dada a conocer en televisión y, aun más, extiende el agravio al resto de las Fuerzas Armadas: «La ilegitimidad falsamente imputada por el Tte. Gral. Martín Antonio Balza a un grupo de efectivos del Ejército como responsable por lo actuado en la guerra contra el terrorismo, no sólo constituye una gran mentira sino que constituye un agravio a las Fuerzas Armadas, sus institutos, armas, cuerpos y grados, conductas constitutivas del delito contra el honor militar previsto en el art. 758 del Código de Justicia Militar y penado con degradación y reclusión o prisión hasta cinco años».
• Alcances
Ahora el ministro de Defensadebería pasar el escrito al auditor general de las Fuerzas Armadas, contraalmirante Agustín Reilly para que evalúe los alcances de la denuncia y de allí, si hay mérito, seguiría al presidente de la Nación, que es quien debe ordenar el sumario en los casos de oficiales con rango de general. Balza tiene a favor una gestión diplomática de bajo perfil: ¿habrá alertado del rearme de las FARC por Venezuela?. Y además que el gobierno desconoce el mundo castrense y las penalidades del fuero militar.
En otra parte de la denuncia el abogado dice que «el Boletín Reservado del Ejército Nro. 5350 del 12 de enero de 1998 en el cual en las páginas 239 y 240 figura transcripta la Resolución del jefe del Estado Mayor-de entonces, Tte. Gral. Martín Balza, por la cual derogó a partir del 1 de enero de 1998 varios de los reglamentos citados antes en este escrito, circunstancia que pone en evidencia que cuando él emitió su mensaje el 25 de abril de 1995, dichos reglamentos no sólo estaban vigentes sino que él mismo los derogó dos años y ocho meses después, ordenando además su destrucción privando con ello a sus subordinados de una prueba fundamental para acreditar la legitimidad de su accionar por haber sido conforme a las normas impuestas por los reglamentos aplicados durante la guerra contra el terrorismo».
La ofensiva del abogado se completa con una carta girada el 28 de marzo a Pampuro para que ordene al actual jefe de Estado Mayor, general Roberto Bendini, dar respuesta oficial sobre la autenticidad y vigencia de los polémicos reglamentos.
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