Adolfo Rodríguez Saá cosechó ayer un difuso triunfo político. Oportuno, el viernes abrazó a Nina Pelloso, esposa de Raúl Castells, para encabezar una caminata para pedir la libertad del piquetero, y ayer a la madrugada festejó el fallo que absolvió a su alia-do reciente.
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Semanas atrás, Rodríguez Saá visitó a Castells, que cumplía arresto domiciliario por haber «copado» al frente de 400 personas -el 13 junio de 2001- la sede municipal de Lomas de Zamora para exigir la entrega de bolsones de alimento.
En aquella cita, Castells -que engendró y comanda el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (PIJP)- arrimó al adolfismo una porción del entramado piquetero, sector semiduro más cercano al protestón blando Luis D'Elía que a los encapuchados combativos de la Corriente Aníbal Verón.
Ahora, el liberado es otro eslabón en la cadena de alianzas y acercamientos inusuales que Rodríguez Saá ató en el último tiempo, abanico que incluye, entre otros, al camio-nero Hugo Moyano, al ex militar Aldo Rico, al radical Melchor Posse y al ex duhaldista Raúl Othacehé.
El rédito de la sintonía con Castells es ambiguo porque, al igual que Moyano, el piquetero promueve la crítica descarnada al FMI, tendencia que daña la imagen del sanluiseño en el exterior a pesar de que el precandidato sostiene que se debe negociar, pero «no de rodillas».
También porque con su presencia, Rodríguez Saá convalidó el mecanismo de apriete a la Justicia que desarrollaron los activistas conducidos por Castells al rodear el tribunal de Lomas de Zamora donde se desarrolló el juicio y amenazar a los camaristas si disponían un fallo adverso a su líder.
¿Puede ser justa, equitativa y objetiva una Justicia arrinconada por militantes violentos? Está claro que no es más sana que el lobby o la extorsión política que suele estorbar los dictámenes de algunos magistrados.
Pero ayer a las 5 de la madrugada, el Tribunal Oral N° 3 de Lomas de Zamora, formalizó un fallo absolutorio, y Castells recuperó su libertad luego de haber permanecido más de 1.214 días con arresto domiciliario aunque, usual-mente, se movió de su casa para negociar asistencia para sus seguidores.
Al final, el fiscal de la causa, Jorge Michelini, había solicitado una pena de 2 años y 4 meses de prisión para el dirigente al imputarlo los delitos de privación ilegítima de la libertad, usurpación e instigación a la violencia. Eliminó de su acusación el cargo de «coacción agravada».
El juicio se inició el viernes pasado y, mientras se desarrolló, varias decenas de activistas del movimiento de Castells acamparon frente al tribunal.
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