PJ presiona para derogar poderes cedidos a Cavallo

El peronismo de Diputados avanzará esta semana con un proyecto de ley para derogar los poderes especiales que el Congreso le otorgó por un año al Ejecutivo. Es claro que al PJ le costará bastante avanzar con esta medida en Diputados, aunque en el Senado no tendría inconvenientes. Pero el hecho presagia un clima complicado para Domingo Cavallo en el Congreso para cualquier iniciativa que el Ejecutivo necesite aprobar.

Los justificativos del PJ para impulsar esta medida, que llevará la firma de Humberto Roggero, el jefe de la bancada, son los mismos que impulsaron el pedido de las tres interpelaciones «disimuladas» que soportarán hoy Carlos Bastos, Héctor Lombardo y Ramón Mestre en distintas comisiones de Diputados.

Bastos deberá informar al mediodía ante la Comisión de Obras Públicas sobre el decreto de marco regulatorio eléctrico, el decreto que reglamentó el plan de infraestructura, que el peronismo quiere derogar, las concesiones de peajes y tarifas. Allí la voz cantante del ataque peronista la llevarán Graciela Camaño y Miguel Pichetto. Mestre está citado a las 11 en la Comisión de Labor Parlamentaria, donde el PJ le preguntará sobre la prórroga a la intervención a Corrientes y los incidentes en Salta con la Policía. El turno de Lombardo llegará en la Comisión de Salud, donde Silvia Martínez y José Manuel Corchuelo Blasco le preguntarán sobre la falta de ejecución presupuestaria en su ministerio, los problemas en la distribución de vacunas, la falta de AZT para el tratamiento de casos de sida y la situación de la Colonia Montes de Oca.

Para justificar estas citaciones de ministros a las comisiones y la idea de derogar las facultades especiales, los peronistas argumentan que «la actual debilidad del gobierno exige mantener el Congreso funcionando y tomando decisiones». La más dura en este punto fue la menemista mendocina Ana María Mosso, quien por otra parte elaboró la idea y convenció a Roggero de la necesidad de atacar los poderes especiales: «Si no son capaces de manejar el poder que les corresponde en el Ejecutivo, cómo les vamos a delegar el del Congreso», le dijo.

Cuestionamiento

Dentro de las consideraciones en contra del uso de las facultades especiales los peronistas enumeraron en primer lugar la convicción de que el uso de esos poderes recayó en la práctica en Cavallo y no en el poder de decisión de Fernando de la Rúa. Cuestionan las modificaciones por decreto que se hicieron en la Ley de Etica Pública, el decreto de recortes de fondos a las provincias y sobre todo el establecimiento de la tasa especial sobre el gasoil para financiar la rebaja de peajes, cosa que el PJ considera la creación encubierta de un impuesto.

Este último punto ya fue discutido en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Especiales, que preside otro peronista, el santafesino Oscar Lamberto, donde existe un dictamen de la oposición recomendando la derogación de la sobretasa en el gasoil por considerar que para tomar esa medida el Ejecutivo debe apelar a la sanción de una ley específica.

Para completar el cuadro, en Diputados se argumenta frontalmente la necesidad de que el Congreso vuelva a tomar decisiones en los temas centrales de la economía y «no deje en libertad a Cavallo para gobernar por decreto». «Cómo puede ser que le hayamos delegado las facultades del Congreso en un acompañamiento de cosas menores cuando desde los propios radicales es cuestionando el accionar del gobierno», decían ayer en el bloque peronista.

Para colmo hay algunos que consideran que la imagen de inactividad del Congreso en la últimas semanas ya es insoportable: «Esta semana habría que haberla borrado de la historia del Parlamento. El proyecto más importante que tratamos fue la ley del tatuaje y eso sucedió el mismo día que el riesgo-país rozaba los 1.200 puntos», se quejaba ayer Lamberto.

Decretos

En el Senado los ataques contra el gobierno no son menores y, si bien no se plantea en un proyecto la derogación de facultades especiales, se encuentra en marcha una serie de proyectos para derogar decretos dictados al amparo legal de esos poderes delegados. Ya está listo el dictamen de derogación del Decreto 804, que establece un nuevo marco regulatorio del sector eléctrico y mañana podría bajar al recinto de sesiones si los gobernadores acompañan la decisión.

También tienen pendientes otras armas para complicar al gobierno, prometieron obtener despacho de comisión esta semana y quedarían para discutir después del receso, como la derogación del Decreto 802, que dispone la tasa especial sobre el gasoil, el proyecto que establece la coparticipación de la recaudación del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y la creación de dos comisiones investigadoras: sobre el megacanje de deuda y la equivalente en el Senado de la que preside Elisa Carrió en Diputados sobre lavado de dinero.

Estos tres temas no pudieron llegar al recinto hasta ahora por la resistencia del oficialismo, que le negó al PJ los dos tercios necesarios para habilitar la discusión. Por eso ahora los peronistas quieren asegurarse que se firmen los despachos de comisión y se cumplan los plazos legales.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, intenta mantener buenas relaciones con el PJ del Senado. La semana pasada visitó la bicameral de control de los poderes especiales e insistió en tener un canal de comunicación con el bloque PJ. Esta semana organizó una reunión con esos legisladores en su despacho, aunque todo siga dependiendo de la buena voluntad de los gobernadores que, en definitiva, son quienes ordenan qué hacer a la mayoría de los senadores.