PJ: proponen hoy gobernadores reforma que baja gasto
El peronismo le presentará hoy al gobierno formalmente un paquete de iniciativas para acordar un programa que puede llegar al cogobierno y que incluye una audaz reforma constitucional para bajar el gasto político. Lo hará Ramón Puerta, en representación de los once gobernadores que se identifican con el Frente Federal, pero ya con una venia a favor del trío de las provincias más pobladas, Carlos Reutemann, Carlos Ruckauf y José Manuel de la Sota. De ese conjunto sólo el gobernador de Buenos Aires parece menos entusiasmado con la idea de reducir a la mitad la Cámara de Diputados y a un tercio el Senado. De todos modos, esta noche los 14 mandatarios peronistas se reunirán para escuchar la respuesta que Puerta traerá del gobierno sobre qué bases va a tener un acuerdo que incluye mecanismos novedosos, como formar una mesa de mandatarios provinciales que prácticamente cogobierne con la administración de Fernando de la Rúa. También, que sume a los gobernadores a las misiones de negociación de la Argentina con organismos financieros internacionales. Este conjunto de iniciativas se suma a la propuesta del domingo de Carlos Menem de avanzar en un acuerdo que De la Rúa saludó en lo formal, pero sin comprender en el fondo. Dijo estar de acuerdo con la propuesta de su predecesor en la presidencia, pero no entendió que no es algo protocolar, decorativo, sino que en los hechos implicaría ceder porciones de un poder que parece disiparse en sus manos. Los gobernadores peronistas llevan a la cumbre de esta noche, además, los primeros borradores de la propuesta de reforma constitucional y un conjunto de condicionamientos al gobierno. Primero, que defina quién será el interlocutor, con un Domingo Cavallo muy criticado por ellos y a quien acusan de incumplirles todos los pactos fiscales, aun el último recién suscripto. Paralelamente avanzan negociaciones por el presupuesto 2002, sin recortes de gastos ni subsidios impositivos y eventualmente el mayor Impuesto a las Ganancias a los pocos que las tuvieron en la recesión.
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Ahora será el encargado de acercarle un primer diseño de las ideas que los «federales» arrimarán a la mesa de negociación con Colombo, y que tiene este primer dibujo:
* Reducción de las cámaras legislativas. El Senado, según insisten los gobernadores, debería integrarse con un legislador por cada provincia (hoy son tres). La Cámara de Diputados quedaría reducida a la mitad de sus integrantes.
* No está dicho cómo se resolverá, en el caso del Senado, el debate en cada distrito para que haya una representación de la minoría, aunque otro punto del proyecto de reforma puede ilustrar a dónde quieren llevar los gobernadores las cosas: un sistema semiparlamentario que exija que el jefe de Gabinete sea elegido por la Cámara de Diputados. Así es como funcionan los regímenes parlamentarios europeos, que fuerzan a que el diputado que saca la mayoría forme un gobierno cuya existencia depende de que mantenga el voto de confianza en el Congreso.
* Los regímenes parlamentarios son virtualmente unicamerales ya que el Senado es una cámara con sentido más protocolar. Si esta reforma prosperase, en este sentido, la Cámara alta perdería gravitación. En la anterior reforma de 1994 se discutió ya la desaparición del Senado, algo que ocurre por lo demás en muchas provincias.
* Otro asunto pendiente es la transición al nuevo régimen. En Córdoba, De la Sota vio facilitada su reforma con reducción de la Legislatura por el voto masivo de sus integrantes al momento de votarse la nue va Constitución. No parece que eso vaya a ocurrir ahora y los gobernadores piensan más bien en que no haya elección de diputados en 2003 y que tampoco haya renovación del Senado ese año ni en 2005, con lo cual recién entonces se cumpliría la reducción de los cuerpos legislativos nacionales. La consulta informal ayer, en el Congreso en el cual asumieron los nuevos legisladores, cuya ejecución sumaria propone esta reforma arrojó como única posibilidad este último camino, una transición lenta.
* Otra reforma audaz, que proponen los gobernadores, es la lisa y llana derogación de las instituciones creadas por la Constitución reformada en 1994, como el Consejo de la Magistratura, la Auditoría General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, que coordina la actuación de los defensores públicos en la justicia nacional y federal. Estas tres instituciones, según los gobernadores, sirven a la administración federal a un costo de $ 800 millones. Reciben, además, muchas críticas por la demora con que se designan y sancionan los jueces y cómo se controla el gasto ejecutado. La idea es no derogar las funciones pero sí el gasto que producen. En materia de justicia se piensa en que los funcionarios trabajen ad honorem. En cuanto al control del gasto se proponer volver al viejo sistema del Tribunal de Cuentas y eliminar la duplicidad actual entre la Auditoría (controla gasto ya ejecutado) y la Sindicatura General de la Nación (examina el gasto antes de que se realice).
* En la minuta de las propuestas figura otra que no reclama reforma constitucional y que también pide Carlos Menem en su documento del domingo: que los mandatarios provinciales se integren a las comisiones de negociación con los organismos financieros internacionales. Los gobernadores creen que tienen mucho que decir cuando se negocian acuerdos, planes y créditos internacionales, pero nunca son llamados a sentarse en mesas donde el país está representado por la Nación.
* La vuelta al Colegio Electoral integrado por representantes de cada provincia en rango de igualdad por encima de las diferencias en cantidad de población, parece ser una de las cláusulas de más cómoda imposición en un eventual cambio. Compensa la gravitación de distritos grandes como Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.



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