PJ rechazó ceder los superpoderes

Los diputados y senadores justicialistas prefirieron anunciar ayer el rechazo a cualquier posibilidad de otorgar facultades especiales al Ejecutivo antes de marchar a la reunión con gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones. A cambio de eso ofrecieron sentarse a discutir la aprobación legislativa de las leyes que solicite el gobierno en el nuevo plan que elabora Domingo Cavallo. Pero ponen como condición la eliminación del plan de ajuste que anunció el viernes pasado Ricardo López Murphy, la marcha atrás del aumento impositivo que llevó adelante José Luis Machinea en diciembre de 1999 y la restitución del recorte salarial a los empleados públicos. En el fondo los peronistas, que no hace tanto tiempo lidiaron con Cavallo como ministro de Economía de su propio gobierno, piensan que el pedido de superpoderes para el Ejecutivo es otra de las típicas movidas cavallistas: «Aprieta con lo máximo para que después le votemos las leyes», decía uno de los diputados del PJ que más negoció en las épocas de Carlos Menem. Como alternativa, el justicialismo del Senado le volvió a ofrecer ayer al gobierno reglamentar el funcionamiento de la Comisión Bicameral de análisis de los decretos de necesidad y urgencia, y legislación delegada. Esta oferta, que podría significar para el gobierno alejarse del peligro de intervenciones de la Justicia en los DNU para pasar a negociarlos con el Congreso, ya había sido hecha a Fernando de la Rúa por el riojano Jorge Yoma, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En la práctica, contar con un sistema de control de decretos en el Congreso, con la exigencia de un rechazo en ambas cámaras como requisito para la derogación de un decreto, si bien le da más protagonismo al Congreso, al mismo tiempo otorga más certeza a la vigencia de esas disposiciones presidenciales.

Los diputados peronistas tuvieron, antes de salir para el CFI, un avance del paquete de medidas que elabora Domingo Cav allo. Con esa idea rechazaron cualquier posibilidad de otorgar al gobierno la delegación de facultades establecida en el artículo 76 de la Constitución nacional. Pero aclararon estar dispuestos a sentarse a dialogar la posibilidad de aprobar un paquete de medidas que elabore Cavallo.

«Consideramos innecesarias las facultades extraordinarias que reclama el Poder Ejecutivo», dijo el jefe del bloque de senadores del PJ, José Luis Gioja. «Nos avenimos al diálogo, pero no a falsas invitaciones a la unidad nacional», aclaró.

Desde Diputados, Humberto Roggero hizo lo mismo: «Este gobierno asume la actitud de llamar al diálogo cuando por su propia ineficacia, confusión y heterogeneidad le llega el agua al cuello, y lo que es peor, pone al país al borde de la ingobernabilidad», dijo el jefe del bloque. «El otorgamiento de atribuciones especiales al jefe de Gabinete no es un reclamo viable en este Congreso. El consenso es democrático, pero la acumulación excesiva o injustificada de facultades extraordinarias es autoritarismo», protestó.

«No nos negamos nunca al diálogo y a la concertación, pero los mismos deben articularse sobre un plan concreto para sacar al país de la crisis. Si hablan de poderes especiales, queremos saber primero para qué y por qué», dijo Gioja en la misma tanda de declaraciones.

En el mismo acto, el PJ del Congreso presentó un documento donde detalla las medidas para enfrentar la crisis institucional: reclamaron el sostenimiento de la convertibilidad, políticas de renegociación de la deuda externa y reactivación de la economía sobre la base de una batería de medidas.

Como condición exigieron también la derogación del impuestazo de Machinea, la defensa de la producción nacional -mediante la aplicación de aranceles de importación-, la eliminación total del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y la rebaja del IVA.