PJ sumó cargos contra Moliné atribuyéndole defensa desleal

El peronismo de Diputados presentó ayer un nuevo pedido de juicio político por mal desempeño contra Eduardo Moliné O'Connor. El tucumano Ricardo Falú acusa ahora al ministro de la Corte de «haber presionado moralmente, expresa o implícitamente a sus colegas» del máximo tribunal.

El presidente de la comisión de enjuiciamiento fundamentó su reclamo en que Moliné, según publicaron ayer algunos diarios, «pretendió obtener un pronunciamiento verbal anticipado de sus pares sobre una eventual suspensión preventiva que recaería sobre él» en el Senado, durante el habitual plenario de los martes. Por supuesto, si se produjo tal extremo, fue a puertas cerradas y sin otros testigos que los miembros de la Corte.

El constitucionalista Gregorio Badeni, a cargo de la defensa, contestó que «el hecho de que los ministros intercambien opiniones o planteen ciertos temas atinentes a ellos en modo alguno configura una hipótesis del mal desempeño del cargo o algo por el estilo». En diálogo radial, el abogado sostuvo que, según su patrocinado, Moliné expresó en ese encuentro «su preocupación de que se pudiera suspender a un juez de la Corte Suprema de Justicia antes de ser removido del cargo, por cuanto ello importaría un avance sobre la jefatura del Poder Judicial».

Falú, que reivindicó en la víspera su condición de fiscal de Moliné, busca un doble efecto: mostrar al gobierno de Néstor Kirchner la alineación absoluta en cuanto al descabezamiento de la denominada «mayoría automática» identificada con el menemismo y, al mismo tiempo, presionar a los senadores para que no frenen el trámite.

Ya hubo algunas dilaciones a raíz de las desprolijidades denunciadas por radicales, provinciales y peronistas disidentes como Eduardo Menem. A esto se sumó el entredicho entre estos últimos y el titular de Juicio Político de la Cámara baja, quien achacó a los primeros una actitud casi conspirativa para defender a Moliné. Y la endeblez que detectaron legisladores en los cargos por los casos Meller, Macri y Magariños (ver nota vinculada).

Por si fuera poco, hay otro dictamen acusatorio -sobre presunta presión a testigos- guardado en la presidencia de Diputados y listo para ser votado en el recinto. Este antecedente y el de ayer, que sería la quinta denuncia que avanza, permiten deducir que el oficialismo intenta apuntalar con nuevos argumentos la embestida en curso, bastante floja, según confiesan en reserva los senadores más sensatos.

• Maniobra testimonial

De cualquier manera, parece reducirse todo a una maniobra testimonial, ya que el juicio político está suficientemente adelantado en el Senado, razón por la cual el nuevo pedido de proceso, así como el dictamen a estrenar, no llegaría a la etapa de sentencia. A más tardar a mediados de noviembre, estaría resuelta la destitución de Moliné por los cargos ya votados en Diputados, a pesar de las inconsistencias que observan los legisladores. Se trata de una directiva del Ejecutivo que, por el momento, no tropieza con suficiente resistencia, gracias a la disciplina oficial.

Falú consideró ayer que las versiones de que Moliné pidió ayuda a otros magistrados de la Corte «generan un estrépito en el foro y en la comunidad judicial inaceptable, derivado de este nuevo mal desempeño en sus funciones». «Con este proceder -agregó-, nuevamente daña la credibilidad en la Justicia». El diputado del PJ-Tucumán reclamó que se cite en calidad de testigos a los periodistas que informaron de la reunión en el máximo tribunal y a los siete ministros restantes, Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano, Carlos Fayt, Guillermo López, Enrique Santiago Petracchi, Adolfo Roberto Vázquez y Juan Carlos Maqueda. A los magistrados se les permitirá comparecer por escrito.

Según Falú, el juez «incurrió en grave disconducta en solicitar el prejuzgamiento a los otros jueces de la Corte para que adelantaran opinión sobre la situación personal». Moliné O'Connor -insistió- «habría ejercido una presión inadecuada a sus pares, más allá de que hubiera logrado o no el efecto buscado sobre los demás jueces. El solo acto formal de haberles planteado tamaña propuesta constituye mal desempeño», a juicio del fiscal.

Finalmente, opinó que «tolerar este tipo de conducta comportaría una autorización para que se abran puertas para similares procederes por parte de magistrados inferiores, legisladores o funcionarios para que soporten propuestas indecentes de quienes cohabitan el mismo lugar de trabajo. Pues si se lo toleramos a un juez de la Corte, cómo podríamos reprochárselo a otros que pongan en igual situación de violencia moral a sus colegas para que disciernan sobre la situación de su compañero de tareas». «Es institucionalmente inadmisible y merecedor de juicio político por la causal de mal desempeño», concluyó Falú.