Tras un año de parate, se designaron una treintena de jueces "no problemáticos"

Se cortó inédito récord sin nombramientos. Acuerdos mínimos para cargos poco discutidos. Excluido Luis Piedrabuena, desfinanciado. Tres, a revisión. Con stock liberado, ahora mueve Fernández.

Un año y 12 días después de la última sesión donde se aprobaron pliegos de jueces y fiscales, el Senado dio ayer su acuerdo para nombrar a 37 nuevos magistrados, en una suerte de liberación parcial del stock de candidatos que quedaron empantanados en distintas instancias.

Después de que Ámbito revelara que, a pesar de la acuciante problemática de vacantes en el Poder Judicial, ni el Legislativo ni el Ejecutivo –a consecuencia de sus propias crisis políticas intra y extra partidarias- había puesto entre sus prioridades la cobertura de cargos, hubo una mínima gestualidad que sacudió la modorra en ese plano.

El tiempo transcurrido sin actividad en ese sentido conforma ya un récord histórico sin precedentes. La expectativa se traslada ahora tanto a la Casa Rosada, que puede volver a enviar un pack de candidatos que tiene sin elegir todavía, como al Consejo de la Magistratura que desde el cambio de composición logró elevar tres concursos solamente.

En este paisaje desértico, se recortó ayer el nombre de Juan Manuel Grangeat, cuyo pliego fue aprobado para ocupar el cargo de juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal. El postulante había quedado en medio de una tormenta política dentro de Cambiemos cuando quien salió a objetarlo fue la propia Elisa Carrió cuando durante el gobierno de Mauricio Macri, Granjeat había comenzado a escalar posiciones en el concurso que lo podía depositar en el Juzgado Federal N°2 de San Isidro, un sitial estratégico dentro de una jurisdicción que siempre despierta el interés de Carrió.

En aquel momento, buscó romper cierta inercia acuerdista entre sectores ligados al PRO y el bloque opositor más disgregado. Esa denuncia contra el eventual integrante de la terna que iba a recibir Macri contenía además el dato de que antes del cambio de gobierno intentaba acceder al cargo de juez federal en San Isidro a través de Martín Sabatella, según había consignado este diario. En su habitual metralla para justificar sus denuncias públicas, Carrió lo calificó como un “hijo pródigo de Comodoro Py” y relacionó sus anteriores posiciones en juzgados como los de Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez para argumentar que en la trama había incidencia de Daniel Angelici, el abogado Darío Richarte, la que (ya era) N°2 de la AFI Silvia Majdalani y del auditor Javier Fernández. El combo de ataques de Carrió sepultó las chances del candidato que ayer tuvo una revancha. Sin “lilitos” en el Senado, tuvo el acompañamiento (sin ninguna observación) de Juntos por el Cambio, aunque para otro destino.

Tres pliegos sí tuvieron un “recall” a Comisión a pedido de la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti. No es atribuible a una cuestión de tiempos que hayan requerido una revisión. Dos correspondían a los Tribunales Orales Federales de La Plata (Carlos Fabián Cuesta y Jésica Sircovich habían sido los escogidos por Alberto Fernández), y uno al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal, donde el seleccionado era Marcelo Alejandro Peluzzi.

Para evitar resquemores, en el orden del día no se incluyó la nómina que el oficialismo había propuesto para delinear la Cámara Federal de Apelaciones de Luis Piedrabuena, en la provincia de Santa Cruz, eje de tironeos y vaciada presupuestariamente hace algunas semanas en la comisión de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura. Sin edificio para comprar ni aseguradas las partidas salariales para los magistrados y el personal, ese tribunal que oficiaría de superior para la provincia de Santa Cruz quedó en un limbo, al menos, hasta que el plenario decida qué hacer con la poda de fondos que sacudió la interna en una comisión que suele tener pocos sobresaltos. En la noche del miércoles se supo que iban a quedar excluidos lo mismo que los correspondientes a tribunales orales en Jujuy. No había acuerdo suficiente.

La secretaria de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, Analía Monferrer fue designada como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal, y entre los nombres destacados a nivel federal está el de José Manuel Díaz Vélez, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Tucumán; Marcela Moltini, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (buena cosecha para la provincia del Jefe de Gabinete Juan Manzur) y el de Mario Osvaldo Boldú, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Una tanda de 8 jueces para Tribunales Orales Criminales, otro paquete similar para la justicia del Trabajo, algunos pocos fiscales, defensores y varios conjueces (que pueden actuar en reemplazo de ellos) se terminó de resolver una lista “poco problemática”.

Con el estándar mínimo de acuerdo, el Senado se sacó de encima stock, y habilita a que el Presidente Fernández se desprenda del listado que había adelantado Ámbito que sigue a su firma para testear la suerte de nombramientos como para ponerse al día.