Los diputados peronistas decidieron ayer impulsar la aprobación de un proyecto para prorrogar por 180 días la suspensión de ejecuciones judiciales, después de que el gobierno no redactó un decreto prometido para instrumentar un sistema de mediación entre deudores y acreedores que permita facilitar un acuerdo entre las partes en casos de controversia por ejecuciones judiciales. Fue así que el justicialismo, el radicalismo y el ARI terminaron acordando la votación de un proyecto, que intentará hoy unificar las posturas de los bloques, que suspende nuevamente las ejecuciones, antes del vencimiento el próximo 12 de noviembre de la ley que hasta ahora las mantiene frenadas.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Los diputados esperaron ayer una definición del gobierno que había prometido enviar un proyecto o firmar un decreto que establece un esquema de conciliación obligatoria previa a cualquier ejecución judicial, lo que gracias al trámite legal necesario hubiera significado una prórroga de hecho.
Este procedimiento es una adaptación del mecanismo que contempla el Banco Mundial para situaciones similares y cuenta con el visto bueno del Ministerio de Justicia. Pero hasta anoche el Congreso no había recibido noticias y ante la inminencia de la reanudación de ejecuciones, los diputados decidieron avanzar con la prórroga. La primera suspensión de ejecuciones se instrumentó en enero pasado cuando se votó la nueva Ley de Quiebras y luego se amplió ese plazo que vencía en agosto por 90 días más.
Además, en la misma sesión, los radicales pedirán votar el rechazo al veto total del Ejecutivo al proyecto de ley que habilitaba el pago con bonos de deudas con el sector financiero, pero el pedido todavía tiene que ser acordado con el peronismo.
Los radicales justificaron este nuevo cambio de reglas en que «en el mismo momento que finalice el período de suspensión 50.000 órdenes de remates, y hay otros 100.000 juicios que se están en la etapa procesal». El peronista Solanas, por su parte, aseguró que «amerita la necesidad de una nueva prórroga a la suspensión de las ejecuciones, la ausencia de un cambio palpable en materia de reactivación económica y, además, la ausencia de un cambio en el lugar que hoy ocupa en esta coyuntura la figura del deudor».
Dejá tu comentario