Con la reducción de cargos y gastos políticos como principal móvil, algunos gobiernos provinciales avanzan en la reforma de sus Constituciones. En principio, se trata de Jujuy, La Rioja y Salta, pero con el correr de 2002 se esperan novedades en otros distritos.
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El gobernador jujeño, Eduardo Fellner, representa la vanguardia en el tema y ya anunció que en los próximos días enviará a la Legislatura un proyecto de reforma para reducir el gasto político, flexibilizar las condiciones de los funcionarios y modificar algunas premisas jurídicas, entre otras medidas.
«En los últimos tiempos, la sociedad argentina en su conjunto, a través de distintas formas de expresión, ha dejado absolutamente en claro que no soporta más la estructura actual del sistema político, incluido su costo», sostuvo Fellner, que planea una reducción en el Parlamento local de $ 3 millones y que cada legislador perciba una suma única y tope de $ 2.850, junto a una futura reducción en su cantidad.
Municipios
Además, estima necesaria la reducción de municipios en función de la cantidad de habitantes, la reducción de Concejos Deliberantes y la modificación constitucional de la comisiones municipales. La propuesta jujeña también contempla que los legisladores sean renovados en su totalidad cada cuatro años junto a la elección de gobernador y vice, para evitar elecciones cada dos años, y la inclusión de la figura del instituto de la revocatoria de mandato, organismo que instrumentaría un mecanismo constitucional, con participación ciudadana a través del voto, que permitiría destituir o reemplazar a funcionarios electos antes de la finalización de su mandato por situaciones de abuso de poder o incapacidad manifiesta.
Si bien existen algunas diferencias en la forma de aplicar el recorte, el proceso de reforma iniciado por Fellner en Jujuy tendrá eco en otros distritos, donde el achique del Estado, tanto de su estructura y volumen como de su economía, se presenta como uno de los principales temas de debate para la política actual, asediada por el descontento social y la crisis económica.
Como se mencionó, son La Rioja y Salta las provincias donde los respectivos Poderes Ejecutivos ya iniciaron el proceso de reforma constitucional.
El mandatario riojano, Angel Maza, impulsa desde noviembre de 2001 la modificación de la Carta Magna y la Legislatura local aún trata el tema que además incluye una reforma judicial para posibilitar una mayor participación de ONG en la administración de los recursos públicos.
En lo que a Salta respecta, el gobernador Juan Carlos Romero, trabaja desde fines de 2001 en la reforma política provincial que en similar versión a la jujeña, también busca la eliminación de la ley de lemas.
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