Por unanimidad, Bento suspendido y rumbo a jury en un Consejo con atípica armonía

Dictamen de consenso para juicio político y apartamiento del juez federal de Mendoza por mal desempeño. Postal de una jornada con inusual concordia y a la espera de señales.

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Dictamen de consenso, votación unánime del plenario y un poderoso juez federal suspendido y enviado a juicio político acusado de mal desempeño. Todos elementos que hacía tiempo no formaban parte del paisaje del Consejo de la Magistratura que tuvo ayer una inusual jornada de entendimiento, en este caso, para bajarle el pulgar al juez de Mendoza Walter Bento que, tal como había adelantado Ámbito el lunes, afrontaba un panorama complicado para su continuidad.

Con inmediata comunicación a la Cámara Federal de Mendoza, el magistrado quedó a las puertas del Tribunal de Enjuiciamiento y fue apartado de sus funciones como juez con competencia electoral para los próximos comicios. En un contexto enrarecido en lo institucional, la oposición, los jueces, la Corte, los abogados, los académicos y el bloque oficialista pudieron acordar criterios para que se lleve a cabo un proceso de destitución cuyo último registro data de 2017. Doble mérito para el caso Bento. Inicialmente previsto para las 9.30, el plenario recién comenzó pasadas las 12, tiempo en el cual se redactó sobre la marcha un nuevo dictamen de Acusación que contuviera todas las variables que dejaran conforme al oficialismo -que había preparado uno propio- y a la oposición, que usaba como escudo una eventual postergación para cargar las tintas sobre el oficialismo.

Lo cierto es que como viene informan- do este diario, la situación de Bento hace rato que no encontraba defensores en ninguna bancada. Mucho menos en los referentes políticos del Frente de Todos en Mendoza.

Si bien el caso había sido tomado como bandera por Juntos y arrastraba un dictamen desde antes del recambio de autoridades, el oficialismo no solo no se resistió, sino que colaboró para encontrar un cauce que destrabara el funcionamiento a espasmos que atravesaba al Consejo. La negociación durante toda la mañana tuvo epicentro en dos despachos. Hubo coincidencias en ocho ternas poco problemáticas que estaban en el orden del día y en un nuevo reglamento para sancionar violencia laboral y que era mirado de reojo por el estamento de los jueces.

“Hoy fuimos Suiza”, ironizaban en los pasillos de la sala de Plenario. Descartada la postergación y la vía intermedia de remitirlo a jury pero sin suspenderlo de sus funciones, la negociación por los términos del dictamen contra Bento tuvo el aval y firma de 18 consejeros (Vanesa Siley estaba internada y participó por vía remota de la votación con el presidente Horacio Rosatti preguntándole cómo se encontraba), aunque con una disidencia parcial del camarista Alberto Lugones.

Bento “ha violentado las más elementales reglas que hacen un correcto desempeño conforme los parámetros del artículo 53 de la CN. Se encuentra procesado en 8 oportunidades. Existen elementos de convicción suficiente para informar que han existido hechos delictuosos”, leyó a viva voz el radical Miguel Piedecasas que junto a la diputada Roxana Reyes y al senador UCR Eduardo Vischi juzgarán al juez en representación del Consejo.

Lugones acompañó la decisión pero marcó diferencias respecto a la acusación por incremento patrimonial que a su criterio podía dejar un mal precedente por no haber existido un peritaje previo y la amplia búsqueda en las declaraciones juradas que en cuestión penal se califica de excursiones de pesca. También hizo referencia a utilizar como prueba una foto del juez en Las Vegas y alertó sobre si podría ser una causal los magistrados que viajaron a ver el Mundial.

El enfoque no era en defensa de Bento sino como un guiño a eventuales magistrados que podrían ser acusados a futuro, algo cuya defensa ante ataques fue una promesa de campaña del camarista. De alguna forma, la réplica llegó del lado del juez de Casación Penal Diego Barroetaveña que subrayó la labor de consenso y el rol del representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz pero además apuntó a que el sector de la Bordó también propugnó con que no se hostigaran jueces “buenos” con sumarios administrativos. Pero delimitó que “acá hay que tener en cuenta que se está acusando por hechos, no hechos aislados. Esto será competencia a decidir de los jueces y juezas que también representamos nosotros”, dijo Barroetaveña en mensaje de sostén también destinado a los magistrados.

La acusación puso en relieve que Bento no solo se negó a entregar su teléfono cuando recayeron sospechas sobre él, sino que dejó en una caja de seguridad una nota dirigida al juez que lo investigaba en la causa penal. En la bolsa del mal desempeño no solo quedó su procesamiento, sino los pedidos de información a Migraciones, la falta de justificación de sus gastos y viajes, el ocultamiento de su situación para huir hacia adelante en el concurso para juez de Casación.

“No le miente a las partes le miente al Consejo de la Magistratura”, resaltaron en un combo donde lo acusan de no haberse inhibido en causas relacionadas, mentirle a la comisión de Acusación y ser reticente a entregar documentación sobre viajes. El resto de los ítems también cosecharon respaldos transversales.

Casi que hubo una armonía empalagosa. “Celebro la concordia inesperada”, reconoció Rosatti sobre el final de un día atípico para el Consejo.

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