Preocupa interrupción de asistencia del Gobierno a franja más vulnerable de jóvenes sin hogar

El Ministerio de Capital Humano frenó pagos de programa creado por ley para personas de entre 13 y 21 años, extensible hasta los 25. Es para quienes deben emigrar de los hogares convivenciales.

Sandra Pettovello.

Captura de TV

La motosierra de Javier Milei pasó por uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde el mes de febrero que los 2.679 beneficiarios del Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE) de jóvenes y adolescentes sin cuidados parentales no reciben de parte del Ministerio de Capital Humano la asistencia económica establecida por ley.

Se trata del pago del 80% del salario mínimo vital y móvil y del acompañamiento personal a través de un referente, para jóvenes de entre 13 y 21 años, extensible a los 25 si siguen estudiando.

Las historias de estas chicas y chicos están distribuidas por todo el país y, en su mayoría, están marcadas por la vulneración de derechos, la violencia y el desamparo.

La ley 27.364 sancionada en el año 2017 estableció la obligación por parte del Estado de asistir a estos jóvenes que no fueron adoptados por ninguna familia y que a los 18 años están obligados a dejar los hogares convivenciales. La mayoría de ellos no pueden volver a sus familias de origen, donde, en muchos casos fueron violentados o, directamente, no tienen un lugar a donde regresar. La ayuda de un adulto referente y, sobre todo, la asistencia económica permite que puedan alquilar una vivienda, una pensión o una habitación; conseguir trabajo y estudiar. Es decir, garantizar su inclusión plena y desarrollo de la vida adulta.

Por el ajuste del Gobierno nacional y la mora en los pagos los y las titulares del PAE, egresados de los hogares de cuidado, hoy no pueden acceder a los mismos derechos que el resto de las y los chicos que sí se criaron junto a sus familias. En un contexto de fuerte recorte económico, suba de precios e incremento de los alquileres, la demora en los pagos pone en serio riesgo la manutención y autonomía de estos jóvenes que inician su vida adulta.

Sin respuestas

El PAE no es una beca o un plan social, sino un mecanismo para garantizar un derecho básico que tienen todos los jóvenes de entre 18 y 21 o 25 años, que consta del cuidado y la protección más allá de la mayoría de edad. El Código Civil establece que las familias tienen responsabilidad alimentaria para esta etapa de la vida. Por eso es que el Programa se creó por una ley del Congreso; para igualar en materia de estos derechos a quienes no tuvieron la posibilidad de vivir juntos a sus familias.

Las y los 2.679 chicas y chicos no cobran sus ingresos desde el mes de febrero. Desde que se recibió el último cobro, numerosas organizaciones de la sociedad civil, grupos de referentes y ONGs fueron recibidos por diferentes actores relacionados a la temática para escuchar el reclamo; como la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y la comisión de Niñez y Familia de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el área responsable de los pagos, es decir, el ministerio de Sandra Pettovello no los recibió ni les dio respuesta alguna. Sólo se excusó ante consultas periodísticas que las moras se deben a un tema administrativo. También los propios titulares del PAE se organizaron y reclamaron ante el ministerio, pero tampoco obtuvieron respuesta.

Según pudo saber Ámbito, el Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo Torres comunicó de manera informal a la Defensoría que firmó un giro de partidas el lunes de esta semana. Sin embargo, hasta el momento, los beneficiarios no fueron informados ni recibieron el dinero, que se debita de manera directa y sin intermediarios. Este último punto es central, ya que no admite la posibilidad de irregularidades o desmanejos.

En un contexto de alta inflación y ajuste, las organizaciones y los mismos titulares del PAE distribuidos en todo el país advierten que es urgente que se enmiende el retraso y se ejecuten los pagos adeudados.