Preparan convocatoria a audiencia pública por las represas en Santa Cruz
Las obras están suspendidas desde el 21 de diciembre por la vigencia de un recurso de amparo aceptado por la Corte Suprema de Justicia que con el voto unánime de sus cinco integrantes dispuso la implementación del proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública, para lo cual derivó la causa a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
El amparo había sido impulsado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques, a raíz del impacto ambiental que, según advierten las organizaciones ambientalistas, acarrearía el emprendimiento.
Esta instancia de audiencia está contemplada en la Ley 23.879 de Obras Hidráulicas que dispone que el Poder Ejecutivo debe proceder a realizar la evaluación de las consecuencias ambientales que, desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico en general, podrían producir las represas planificadas.
Para ello, el primer paso que seguirá el Gobierno es la entrega para la semana próxima del estudio de impacto ambiental que realizó Emprendimientos Energéticos Binacionales (Ebisa, una sociedad anónima de capital estatal), que se realizó en función de las modificaciones técnicas que impulsó el Gobierno sobre el acuerdo original, y que acordó mediante las adendas firmadas en agosto y octubre de 2016.
Ese estudio de impacto de las represas permitió confirmar, antes del viaje de Macri a China, que las obras eran viables ambientalmente en la medida que se cumplieran ciertas medidas de compensación y mitigación que permitieran proteger la flora y la fauna en la provincia y mantener el caudal ecológico durante el desvío del río y el llenado de las represas.
A partir de la redacción final del trabajo, estimada para la semana próxima, Ebisa va a entregar formalmente el estudio a los ministerios de Energía y Ambiente de la Nación y de la provincia de Santa Cruz para que estos devuelvan su dictamen en 30 días, es decir a fines de junio.
Desde el Ministerio de Energía se explicó que una vez que dictaminaron los cuatro ministerios se le va a solicitar al Congreso nacional que convoque a una audiencia pública que va a ocurrir alrededor de mediados de julio.
La Ley de Obras Hidráulicas detalla, en ese sentido, la audiencia pública deberá desarrollarse en el ámbito del Congreso de la Nación, y que participarán los responsables de los trabajos, junto a organismos no gubernamentales especializados en materia ambiental, universidades, centros académicos y las comisiones legislativas intervinientes en el tema.
Una vez concretada la Audiencia, el Parlamento tendrá un plazo de otros 30 días para emitir un reporte no vinculante, momento en el cual el Gobierno nacional considera que estará habilitado para solicitar a la jueza Macarena Marra Giménez, del fuero Contencioso Administrativo Federal que levante la medida cautelar dispuesta y que autorice el reinicio de las obras.
La concreción detallada de este cronograma llevó a estimar, desde el Ministerio de Energía y Minería, que las obras de las represas Néstor Kirchner y Gobernador Cepernic podrán ser reiniciadas durante septiembre próximo.
La empresa china China Gezhouba Group Corporation (CGGC) -especializada en el diseño, construcción y operaciones en conservación del agua, energía e infraestructura- forma parte de la Unión Transitoria de Empresas Represas Patagonia, que también integran Electroingeniería e Hidrocuyo, adjudicatarias de la construcción de las represas Cepernic y Kirchner.
Junto con la confección del estudio ambiental se avanzó -según el cronograma inicial- en el desarrollo de las tareas preliminares no invalidadas por la Corte, que incluyeron obras de sondeo geotécnicos exploratorios; actividades de estudio de base; caminos de acceso; construcción de villas temporarias y ejecución y funcionamiento de obradores, apuntaron.
Las represas del río Santa Cruz prevén una producción media anual del orden de 5.200 GWh (equivalente a 3,6% de la energía eléctrica aportada en 2016 al SADI) y sustituirán el consumo de combustibles en centrales térmicas de gas, carbón, fueloil y gasoil por un equivalente a unas 2,5 millones de toneladas de CO2 al año.
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