Presiona Diputados para imponer arbitrariedad

Diputados desplegará un juego de pinzas esta semana: por un lado, presionará a la Corte para bloquear que Eduardo Moliné O'Connor consiga gestos de adhesión de sus colegas y así resista, eventualmente, la suspensión que aprobó el Senado el miércoles pasado; por el otro, impulsará a la Cámara alta para que haga efectiva aquella medida, de manera tal de impedir que el ministro judicial pueda atrincherarse en su despacho, algo improbable (ver nota aparte), y demostrar el alineamiento irrestricto con Néstor Kirchner.

En el marco de otra causa a estrenar contra el juez, la Comisión de Juicio Político recibirá pasado mañana el testimonio por escrito de 7 magistrados del máximo tribunal. La dependencia que encabeza Ricardo Falú (PJ-Tucumán) los interrogó sobre la supuesta versión de que Moliné les habría reclamado «solidaridad» a sus colegas a fin de enfrentar la embestida en su contra hace un mes. Esa información, que publicaron algunos diarios de la Capital, fue desmentida a Ambito Financiero por dos de sus miembros.

Falú y compañía amenazan, si las respuestas no resultan coincidentes, con un inédito careo al septeto de supremos. Parece más una forma de evitar cualquier posibilidad de que Moliné reciba adhesiones de sus pares que una verdadera pesquisa sobre una presunta maniobra anticipatoria del enjuiciado en busca de apoyo.

En paralelo, los diputados amagan con presentar mañana o pasado un petitorio para recordarles a los senadores las facultades de que disponen a fin de hacer cumplir la suspensión. Según Falú, el Código Procesal Penal faculta al Congreso para aplicar una noficación en formato de apercibimiento, multa o, directamente, la fuerza pública en caso de que se desobedeciera la medida.

No será necesario alentar al oficialismo senatorial, decididamente encolumnado tras la idea de ejecutar a Moliné. Falú y sus amigos pretenden marcar diferencias que se hicieron muy notorias al comienzo del proceso y que hoy están prácticamente desdibujadas. A contrario sensu de los diputados -verdaderos cruzados en la misión de descabezar a la denominada «mayoría automática» de la Corte-, los integrantes de la otra ala parlamentaria ofrecieron una actitud de mayor cautela, incluso al sancionarse la suspensión la semana pasada.

Sin embargo, cada día que pasa son menos los que se atreven, en público, a desnudar discrepancias con la política oficial, aun cuando los cargos sean endebles y haya sospechas de irregularidades en el trámite.

Moliné, de acuerdo con Falú, está suspendido desde el viernes pasado, ya que la notificación llegó a Tribunales al día siguiente de la aprobación en la Cámara alta. Por esta razón, estaría impedido de trabajar de juez. «Si no cumpliera con esta resolución, podría acusárselo de cometer un delito penal, con el agravante de que se trata -todavía- de un funcionario público», señaló el titular de Juicio Político.