Presiona Ibarra por 6% en reparto fiscal

Aníbal Ibarra

Una vez que la totalidad de los servicios de seguridad y justicia sea trasladada a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el porcentaje por coparticipación federal que le correspondería al gobierno autónomo debería ubicarse por encima de 6 por ciento, con un importante crecimiento respecto de 1,4 por ciento actual, y estar inscripto en la distribución primaria, junto con las demás provincias.

El planteo, formulado por la secretaria de Hacienda porteña, Marta Albamonte, es una muestra más de las dificultades que atraviesa la Nación en la discusión por la nueva ley de coparticipación federal, uno de los compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que debería comenzar a regir a partir del primer día de 2005.

Albamonte, con un discurso mesurado lejos de las frases altisonantes que utilizan algunos funcionarios provinciales para manifestar sus diferencias con la Nación, sostiene que uno de los principales puntos de fricción se debe a que el proyecto no respeta en forma cabal la «autonomía» de la Ciudad y que no existen precisiones sobre cómo se reflejará en la nueva ley de coparticipación el traspaso de los servicios de seguridad y justicia, entre otros puntos.

• Tema central

«El tema coparticipación es central para nosotros. La propuesta que están enviando no incluye a la Ciudad de Buenos Aires en la distribución primaria con las provincias, sino que nos dejan en la distribución con la Nación; esto para nosotros no respeta los términos de autonomía de la Ciudad», dijo a «Télam» la funcionaria porteña.

Para Albamonte, la futura ley debe dejar claro que el coeficiente que le corresponde a la Ciudad debe «estar inscripto en la distribución primaria», junto con las demás provincias, y que luego del traspaso de los servicios, éste debería ubicarse por encima de 6 por ciento.

• Acuerdo

Sabiendo que es más fácil discutir con un solo actor que con 23, la secretaria de Hacienda porteña destacó que el futuro coeficiente de coparticipación debía ser descontado de la «distribución secundaria» que maneja el gobierno nacional. Desde el 1 de enero de 2003, a partir de un acuerdo alcanzado con el gobierno de Eduardo Duhalde, Buenos Aires comenzó a recibir un coeficiente de 1,4 por ciento de la distribución secundaria, en reemplazo de la suma fija vigente hasta el año anterior.

Ese porcentaje se ubica actualmente en torno a los 400 millones de pesos anuales, que sumados a las partidas correspondientes a seguridad y justicia, totalizarían alrededor de 1.300 millones de pesos, equivalentes al coeficiente de 6 por ciento postulado por el Gobierno porteño.

El nuevo proyecto de ley comenzó a ser girado a las provincias a fines de marzo pasado por el Poder Ejecutivo nacional, bajo el título «Acuerdo para la Creación del Sistema de Coordinación de Relaciones Fiscales Intergubernamentales».

• Consenso

En su artículo primero, sobre un total de 18 más un anexo con cuestiones impositivas, la iniciativa destaca la necesidad de «consensuar y articular los aspectos concernientes a las relaciones fiscales y financieras entre los distintos niveles de gobierno».

También prevé la sanción de un nuevo régimen de coparticipación federal, la adopción de principios de responsabilidad fiscal y la constitución de un consejo federal de coordinación fiscal y financiero, entre otros puntos.

Precisa, además, que «la distribución primaria de la masa coparticipable del régimen general se efectuará teniendo en cuenta la asignación de recursos tributarios nacionales distribuidos durante el año 2004, de acuerdo con la legislación vigente, aplicándose los coeficientes que de la misma resulten». Las tratativas para la sanción de la nueva ley de coparticipación, una de las iniciativas seguidas con mayor atención desde el FMI junto con la negociación con los acreedores privados, no termina de cobrar fuerza a causa de las desavenencias existentes dentro del justicialismo y de la cerrada defensa jurisdiccional que enarbolan las provincias.

Un ejemplo de esto último sucedió incluso en la reunión de la Unión Cívica Radical (UCR) en Mendoza, donde los gobernadores dejaron claro que el partido no debía condicionar las negociaciones que cada provincia lleve adelante en el tema de la coparticipación.

Según Albamonte, el Gobierno porteño, ubicado en la transversalidad impulsada por Néstor Kirchner, «tiene interés en que haya una nueva ley de coparticipación, siempre que ésta contemple los intereses de la Ciudad». «En este avance de la autonomía queremos también que se termine con otras cuestiones como la transferencia de puertos. A todas las provincias se hizo la transferencia, pero a la Ciudad de Buenos Aires no se la termina de transferir. Eso también es parte del avance que estamos pretendiendo», concluyó la funcionaria.