Los últimos días previos a la asunción del mando en la Capital Federal le pueden deparar a Mauricio Macri más sorpresas que las que hasta ahora tuvo en los seis meses de transición. Debió, desde que ganó el cargo a jefe de Gobierno en junio pasado, aclarar su política con respecto a las villas de emergencia; desplazar a un funcionario aún no nombrado; defender un aumento de impuesto que propuso el jefe porteño actual y hasta se ve obligado a que sus ministros expliquen una gestión que aún no empezó, ante los legisladores porteños.
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Ayer, un paro docente que se extenderá también hoy pareció dedicado a la futura gestión de Mariano Narodowski. Pero hay más: Madres de Plaza de Mayo y habitantes de las villas de Retiro presionan por estas horas al gobierno nacional para obtener un promesa de no desalojo de los asentamientos más poblados de la Ciudad.
De ese modo, hicieron circular que ya el gobierno de Néstor Kirchner, a través de las oficinas de la ONABE ( organismo de administración de bienes del Estado) habría firmado un acuerdo para urbanizar las villas 31 y 31 bis de la zona de Retiro, casi en el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires.
Lo cierto es que el titular del organismo, seguramente presionado, se negó a firmar un acuerdo que en realidad ni una línea menciona de la posibilidad de desalojo o no de los moradores de esas valiosas tierras del distrito. Fernando Suárez hasta explicó que «no tenemos la facultad siquiera para un acuerdo de ese tipo».
Ayer, Suárez, titular del ONABE, rechazó suscribir un acuerdo con delegados de las Villas 31 y 31 bis, el arquitecto Javier Fernández Castro (director de un proyecto de la UBA «Articulaciones urbanas»), las Madres de Plaza de Mayo y dos abogados de los vecinos de los asentamientos.
El acuerdo consiste en la conformación de un «grupo de trabajo integrado por el ONABE», la Facultad de Arquitectura, la organización Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y delegados de las villas, para que «en un plazo no superior a quince días corridos» se elabore una propuesta «con relación a las personas que ocupan terrenos del Estado nacional sobre los que se asientan» esos barrios de emergencia.
Autorización
En el segundo artículo se dice que «el ONABE autorizará a las empresas prestadoras de servicios públicos, al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) y a cualquier otra autoridad que lo requiera, a realizar las obras de infraestructura o instalaciones necesarias para garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales de los habitantes».
La noticia sorprendió ayer al macrismo, que viene manifestando la idea de erradicar al menos parte de esos complejos. Por la tarde, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete de Mauricio Macri, explicó parte de esos planes ante los legisladores porteños (ver nota aparte).
Los asentamientos están ubicados sobre más de 20 hectáreas de terrenos pertenecientes a la ONABE, paralelos a las vías de las líneas que llegan a la terminal de Retiro, y se calcula que allí viven unas 25 mil personas. Es notorio el crecimiento de las viviendas en los últimos meses, inclusive desde que Macri anticipó que quiere erradicar parte de esas construcciones. Pero los terrenos no son de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual para cualquier emprendimiento como el mentado Proyecto Retiro, se debe formular un acuerdo entre la Nación y el distrito porteño.
Rodríguez Larreta recordó que Macri viene reclamando la transferencia de esas tierras, pero además dijo que «en el caso de esa villa, nosotros dijimos que íbamos a hablar con la gente y escuchar sus propuestas y necesidades».
Ante los legisladores, el futuro jefe de Gabinete de Macri, explicó que la urbanización de las villas de emergencia no estará a cargo del IVC, sino de la Corporación Sur de Buenos Aires, un organismo autárquico del Gobierno porteño.
Al frente de éste, Macri nombró a Humberto Schiavoni, ex ministro de Economía de Misiones y ex director del Ente Binancional Yacyretá, ligado a Ramón Puerta.
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