Primer punto del petitorio: bajar polémica reforma penal

El texto que presentó ayer Juan Carlos Blumberg ante el gobierno está dirigido a Néstor Kirchner, pero envía copias a Daniel Scioli, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura y a las dos cámaras del Congreso.

Aquí los pedidos que incluyó ayer Juan Carlos Blumberg en el petitorio que presentó en Casa de Gobierno y que leyó en el acto de Plaza de Mayo:

1) Area seguridad y de justicia:

1.1. Dejar sin efecto de manera definitiva el anteproyecto de reforma al Código Penal elaborado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, patrocinado y coordinado por el Dr. Alejandro Slokar, en su carácter de secretario de Política Criminal de dicha repartición. A tales fines se solicita que en el ámbito de dicho Ministerio de Justicia se convoque a una comisión «pluralista» integrada por juristas y organizaciones no gubernamentales para que con una visión realista proceda a elaborar un proyecto de reforma al Código Penal.

1.2. Política de Estado para combatir el consumo de drogas y el narcotráfico. Implementar una política de Estado, que entre otras cuestiones establezca un sistema de seguridad y control de vuelos y pasos clandestinos en las fronteras calientes de la Argentina. Implementar con urgencia planes de asistencia y educación para los jóvenes, que destierren el consumo del paco que destruye la vida de miles de jóvenes inocentes en toda la Argentina y en especial en el conurbano bonaerense.

1.3. Implementar y en su caso profundizar la urbanización de villas de emergencia en toda la República Argentina. Establecer planes de viviendas dignas, construyendo escuelas (enseñanza de artes y oficios), consultorios médicos, asfaltar e iluminar calles, brindar servicios públicos para la gente y realizar trabajos concretos destinados a la integración social de todos los habitantes.

1.4. Profundizar la política de desarme de la sociedad civil que gustosa entregaría sus armas sabiendo que el Estado la cuida eficientemente de la delincuencia.

1.5. Policía para todo el país: esta Policía permitirá cubrir en forma coordinada todo el país, con efectivos y operatividad que, entre otras cuestiones, dificultará la huida de los delincuentes a otras provincias como ocurre actualmente y permitirá combatir el narcotráfico. La implementación de la misma, es sencillo de organizar, a través de la Policía Federal, ya que la misma está presente en todas las provincias del país pero actualmente sólo brinda asistencia al juez federal del lugar y se encarga de la tramitación de documentos. Después de la primera marcha, en el Programa Nacional de Seguridad y Justicia lanzado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el proyecto de una Policía para todo el país fue contemplado y al día de hoy no se ha implementado.

1.6. Policías provinciales y municipales modernas. Implementar políticas de coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales con competencia en materia de seguridad, lo cual permitirá compartir información sobre actividades delictivas y demás cuestiones de interés común, tales como la implementación de la Policía municipal. También a las fuerzas policiales se las deberá dotar con equipamiento necesario y moderno, técnicas de entrenamiento y capacitación adecuadas y mejorar la remuneración de los miembros de las fuerzas policiales. También se debe propender al establecimiento de eficientes departamentos de asuntos internos. Todo en el marco del más absoluto respeto por los derechos civiles de todos los ciudadanos.

1.7. Creación de una base de datos de perfiles de ADN no codificante de delincuentes y violadores. Este registro debe ser administrado por el Estado nacional con la máxima confidencialidad y servir de soporte para todas las investigaciones criminales que se inicien en el ámbito del Poder Judicial. Esto se solicitó oportunamente el 1 de abril de 2004 en nuestra primera marcha, hasta hoy no se avanzó nada en esta problemática.

1.8. Adoptar un sistema de documentación personal (DNI) similar al implementado con los pasaportes. Los DNI deben estar dotados de normas de seguridad e inviolabilidad que impidan su fácil falsificación o adulteración. Puntualmente, se solicita que se realice la pertinente licitación pública. Esto se solicitó oportunamente el 1 de abril de 2004 en nuestra primera marcha, hasta hoy no se avanzó nada en esta problemática.

1.9. Implementar la informatización de los 860 juzgados federales de todo el país. A tales fines, reasignando la partida presupuestaria oportunamente destinada a tales efectos por el Poder Ejecutivo Nacional y no utilizada por el Poder Judicial de la Nación Argentina.

1.10 Implementar un sistema de efectivo control de la libertad condicional en el marco de una política de Estado integral en materia de seguridad y justicia. El elemento clave para el éxito de este tipo de medidas radica en el involucramiento, convicción política y cooperación que tanto el Estado nacional como las provincias deben articular en el marco del Consejo de Seguridad Interior. Deviene esencial para el éxito del sistema que el mismo se ocupe también del acompañamiento posterior de quien ha recuperado su libertad por haber cumplido su condena, el Estado no puede dejar a estas personas libradas a su suerte, debe facilitarles el camino para la reinserción social.

1.11 Diseñar una política de tratamiento penitenciario y reestructurar el Servicio Penitenciario. El elemento clave es la capacitación del personal del Servicio Penitenciario en la asistencia y trato con los detenidos, diferenciando las mismas de aquellos servicios que solamente están relacionados con el control y seguridad de las unidades penitenciarias.

1.12 Construir condiciones de detención dignas acordes con la manda constitucional. Implementar con urgencia la construcción de cárceles federales y provinciales adecuadas, mediante la apertura de los procesos licitatorios pertinentes, de modo que las mismas puedan albergar a los detenidos y condenados, brindando condiciones dignas y propicias para que éstos puedan trabajar. En este punto es esencial que las personas, mientras cumplen su condena, trabajen y aprendan oficios especiales; esto será uno de los modos esenciales conforme a los cuales el Estado debe prepararlos para reinsertarse en la sociedad posteriormente.

2) Acciones legislativas que involucran al Poder Legislativo de la Nación:

2.1. Implementar el juicio por jurados. Debe recordarse que el proyecto de juicio por jurados en el ámbito nacional ha tenido tratamiento y aprobación en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado; también fue aprobado por el Senado de la Nación Argentina; luego de todo el trámite aludido, el proyecto de juicio por jurados en la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario. El juicio por jurados es un mecanismo procesal que contribuirá en mucho a mejorar la administración de justicia, motivo por el cual se solicita al señor Presidente que remita nuevamente al Congreso de la Nación Argentina el malogrado proyecto de ley de juicio por jurados. Actualmente, este sistema está vigente en la provincia de Córdoba, con excelentes resultados, luego de la gestión de la Fundación Axel Blumberg.

2.2. Abordar en el marco de un amplio debate científico el tratamiento integral del problema de los menores en riesgo y la delincuencia juvenil, y en tal sentido se solicita impulsar la reforma del régimen vigente. En el marco de las modificaciones solicitadas, se debe establecer en forma urgente la creación, bajo la tutela del Estado de instituciones que alberguen a los menores que cometan delitos, crear institutos altamente especializados, multidisciplinarios, que garanticen una perspectiva de vida mejor y posible para estos menores. Asimismo, se deben implementar programas públicos para rescatar a los menores de la calle y brindarles asistencia educativa y contención en toda su integralidad. La situación de los menores en el marco de esta crisis es sin lugar a dudas la más sensible, y la droga no puede frustrar a estas nuevas generaciones de argentinos. En este contexto debe promoverse con urgencia la reforma integral del régimen de minoridad, que entre otras cuestiones contemple una baja en la edad de imputabilidad conforme las tendencias de los estados modernos. A tales fines, debe tenerse presente lo realizado en Chile por el entonces presidente doctor Ricardo Lagos, quien el 28 de noviembre de 2005 promulgó la ley que disminuye la edad de imputabilidad a los 14 años.

2.3. Solicitar el tratamiento urgente en el Congreso de la Nación Argentina del proyecto de ley que modifica las causales de prescripción de las causas penales, cuyo texto fuera consensuado con el jefe de Gabinete, Dr. Alberto Fernández.

2.4. Armonización de los Códigos Procesales Penales de la Nación y las provincias. Esta iniciativa correcta fue oportunamente contemplada en el Plan Nacional de Seguridad y Justicia que promoviera en el año 2004 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. Todo esto quedó sin efecto con el cambio de ministro de Justicia. Esta medida traerá seguridad jurídica y certeza para todas las partes involucradas en un proceso penal y también es parte de un consenso nacional en el diseño de políticas de Estado en esta materia.

2.5. Implementar normas y controles más severos para evitar los accidentes de tránsito que consumen miles de víctimas inocentes todos los años a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Para ello se debe incentivar la difusión de programas especiales en materia vial en todos los niveles escolares. Asimismo, se debe instalar en la sociedad argentina una profunda toma de conciencia.

3) Creación de Comisión Investigadora:

3.1. Se solicita la creación de una comisión que tenga como finalidad investigar el incremento patrimonial de los jueces federales en los últimos quince (15) años. Esta Comisión Investigadora, cuya nota distintiva debe ser el pluralismo, deberá estar integrada por diputados, senadores y organizaciones no gubernamentales independientes (es decir, despojadas de toda connotación ideológica y/o tinte político). El resultado de las investigaciones seguramente revelará datos asombrosos y dará inicio a un proceso de renovación de la Justicia.

La sociedad argentina necesita un aire fresco en la Justicia, los valores que hicieron grande a este país son los que permitirán dar respuestas adecuadas a los desafíos que se presentan hoy en materia de inseguridad y la falta de justicia.

Finalmente, señor Presidente, todos los argentinos tenemos la esperanza que usted articulará las medidas que aquí se solicitan para poder así comenzar a transitar el camino de solución de estos problemas.