Procurador interino evitó pronunciarse por la queja de Córdoba a la Nación

Cristina de Kirchner y José Manuel de la Sota

La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debe resolver la demanda de la provincia de Córdoba contra el Gobierno nacional, al que le reclama una deuda de 1.040 millones de pesos de fondos jubilatorios.

La Gobernación cordobesa inició la semana pasada un litigio judicial por supuesto incumplimiento del acuerdo de armonización de normas previsionales firmado con la ANSeS.

La demanda de Córdoba se suma a un reclamo similar de parte de Santa Fe, cuyo mandatario, Antonio Bonfatti, demanda a la Nación el pago inmediato de unos 1.037 millones de pesos en concepto de fondos de jubilaciones, como parte de una deuda global que ascendería a los $ 8.000 millones.

Si bien Bonfatti aún no recurrió a la Justicia, como sí lo hizo su colega cordobés, José Manuel de la Sota, el ministro de Gobierno de Santa Fe, Rubén Galassi, insistió en que la provincia atraviesa una "compleja" situación financiera y reiteró el pedido para que la Casa Rosada cancele la deuda que mantiene con ese distrito.

El procurador interino, Luis Santiago González Warcalde, en tanto, emitió un dictamen breve en el que expresó que la causa que inició Córdoba "debe tramitar ante los estrados" del máximo Tribunal de Justicia.

"A mi modo de ver, el ´sub lite´ corresponde a la competencia originaria de la Corte, en atención a la naturaleza de las partes enfrentadas en el proceso", dijo el procurador en el dictamen, al que accedió Noticias Argentinas.

La presentación del Gobierno de Córdoba se produjo a raíz de lo que definió como incumplimientos de lo pactado en el convenio 80/09, de armonización de normas
previsionales.

La misma contó con la firma del fiscal de Estado Jorge Córdoba, con el patrocinio del Procurador del Tesoro provincial, Pablo Reyna.

En el escrito, reclaman fondos que estarán bajo reserva de la Nación y los cuales tendría que haber enviado por los 12 meses de 2011 para cubrir el pago de haberes jubilatorios de la provincia.

Según el escrito, el gobierno cordobés cumplió con las obligaciones que le imponía el convenio firmado en diciembre de 2009, y sólo recibió partidas del 2010 pero no del siguiente año.

En el escrito, la demanda da cuenta que otras provincias sí recibieron los fondos correspondientes a 2011, de acuerdo con lo establecido en el Convenio 80/09, aprobado por ley la provincial 9721.

El dictamen de González Warcalde se conoció en antes de que la Legislatura cordobesa convirtiera en ley un proyecto del gobierno local para abandonar el Pacto Fiscal, que fue firmado por la Nación y las provincias hace 20 años.

Con la aprobación legislativa, la Provincia podrá "denunciar" ese Pacto, que en la práctica significa que da por extinguida la vigencia del acuerdo.

Así, Córdoba busca que la Nación deje de retenerle el 15 por ciento de la coparticipación, que esta provincia y el resto cedieron en 1992 para sostener el sistema previsional nacional, ante el desfinanciamiento que sufrió a raíz de la creación de las AFJP.

Y si bien en 2008 el sistema previsional volvió a manos del Estado nacional, ese 15% no regresó a las provincias.

En tanto, en el vecino distrito de Santa Fe, "la actividad claramente ha entrado en una meseta en 2012 y ésto repercute en las finanzas", advirtió Galassi, quien agregó que "el gobernador (Bonfatti) planteó que hay dificultades para pagar sueldos. Se han pagado, pero la situación es compleja".

"La razón fundamental tiene que ver con una política fuertemente centralizada del Gobierno nacional", añadió el ministro de Gobierno santafesino, en declaraciones a radio Cadena 3, de Córdoba.

Comentó a su vez que en Santa Fe "desde mediados de 2006 no vino un peso vinculado a la Caja de Jubilaciones. Y eso es un compromiso que tenía que cubrir la Nación. Sólo en ese concepto la deuda sin actualización es de 1.300 millones de pesos".

También comentó que las provincias "no deben seguir dejando que parte de su coparticipación" vaya a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).

"No se trata de un debate de política partidaria sino de cumplir con una ley que establece que se debe coparticipar a las provincias. Si los recursos llegan a niveles municipales y provinciales las obras se hacen más rápido que si hay que ir a pedirlas en procesión al Gobierno nacional", enfatizó Galassi.