El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dentro de 24 horas, vence el plazo de actuación de la Comisión de reestructuración senatorial y en ese contexto debería formalizarse el primer paso concreto en materia de reforma política que promueve el gobierno de Eduardo Duhalde. Curiosamente, se cumple este proceso en una de las instituciones más cuestionadas, en especial tras el escándalo por las supuestas coimas en el año 2000.
La racionalización de gastos fue una de las principales banderas que levantaron los senadores más jóvenes, el peronista chaqueño Jorge Milton Capitanich -ahora jefe de Gabinete, gracias a una licencia como representante parlamentario, y ex coordinador de la Comisión de reestructuración-, el radical jujeño Gerardo Morales y el tucumano Pablo Walter (Fuerza Republicana).
Integran, asimismo, la comisión los justicialistas María Perceval (Mendoza), Nélida Martín (San Juan) y Jorge Alperovich (Tucumán) y la radical Miriam Curletti. Carlos Verna (PJ-La Pampa), único sobreviviente en la comisión del denominado «viejo Senado», nunca asistió a las deliberaciones, más preocupado por gerenciar Presupuesto y Hacienda.
Morales y Walter armaron la semana pasada un memorándum con más de una decena de puntos que van desde la equiparación de dietas con el tope fijado por el Poder Ejecutivo en $ 3.000 a la supresión del parque automotor (más de 50 autos) y de $ 1.200 mensuales que recibía cada legislador para mantenimiento de vehículos ($ 14.400 para cada uno de los 72 delegados de provincias; $ 1.036.800 en total por año), así como la implementación de un censo para detectar «ñoquis», agentes en edad de jubilarse o en condiciones de acceder a un retiro voluntario.
El acuerdo entre radicales y provinciales obligó al PJ a hacer el viernes pasado una reunión de urgencia para apurar las definiciones de la comisión y no ceder a opositores las proclamas en favor de la trasparencia en materia de gasto político que consideran propias Duhalde y compañía.
Morales y Walter consensuaron bajar el monto de pasajes a disposición de legisladores de $ 3.000 a $ 2.000 y los restringen a quienes residan a más de 200 kilómetros del Congreso, al igual que $ 1.000 por desarraigo. Es decir que los bonaerenses Raúl Alfonsín, Mabel Müller y Antonio Cafiero, más Rodolfo Terragno (UCR-Capital Federal) y su coterránea frepasista Vilma Ibarra sólo cobrarían $ 3.000 en la mano en lo sucesivo y no $ 8.400 como en la actualidad ($ 4.200 de sueldo, $ 3.000 de boletos aéreos y $ 1.200 por mantenimiento de autos; a esto los del interior le suman $ 1.000 por desarraigo). Los demás senadores pasarían a cobrar $ 6.000 ($ 3.000 de dieta, $ 2.000 de tickets y $ 1.000 por desarraigo) y no $ 9.400 como ahora.
El peronismo, a priori, habría dado el visto bueno, aún cuando podría poner reparos a la idea de sancionar económicamente a quienes falten a comisiones y sesiones, tal como auspician el radical de Jujuy y su colega bussista.
Ambos realizaron también un detallado seguimiento de las cuentas del Senado. Del presupuesto ejecutado el año pasado -señalan-más de 85% está destinado a sueldos y cerca de 12% a servicios no personales. En este último rubro, se gastan $ 2,7 millones en teléfonos, $ 800 mil en alquiler de fotocopiadoras (suficiente para comprar varias máquinas en vez de arrendarlas), $ 1,9 millones en estudios de investigación y $ 3,6 millones en pasajes y viáticos.
Morales, Curletti y Walter aspiran también a avanzar en una próxima etapa sobre tres áreas clave en materia de gastos: la Biblioteca, la Imprenta y la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que insumen $ 50 millones, de los cuales 96% corresponde a salarios de 1.746 empleados. Para determinar la racionalización respectiva, radicales y provinciales pedirán esta tarde que se prorroguen por 30 días las funciones de la Comisión de Reforma Administrativa del cuerpo y la amplíen al Congreso en general con asistencia de Diputados, ya que se trata de áreas que afectan a las dos alas legislativas.
Dejá tu comentario