Proponen "presionar" a los interrogados

Washington (EFE) - Cerca de 150 personas, en su mayoría musulmanas, fueron detenidas desde el 11 de setiembre en los Estados Unidos bajo una figura judicial excepcional denominada «testigo material», y ante su reticencia a entregar datos algunas fuentes policiales se preguntan si se aproxima el momento de usar «presiones» u otros controvertidos métodos de interrogación.

En algunos casos, los abogados defensores no saben dónde están sus clientes debido a que el tipo de detención aplicada impone un estricto secreto de sumario por tiempo indefinido, mientras un jurado investigador lleva adelante el caso.

Según fuentes del FBI citadas por el diario «The Washington Post», de los 150 detenidos, por lo menos cuatro son sospechosos de vinculaciones con Al-Qaeda, la organización del empresario saudita Osama bin Laden. Esos sospechosos «no hablan, han pasado las semanas y nadie habla, y ha comenzado a aparecer frustración» entre los detectives, según un funcionario.

El «Post» agregó que entre las opciones que se discuten están el uso de drogas, como el pentotal, o tácticas de presión física «tales como las que emplean ocasionalmente los interrogadores israelíes para obtener información». Otra idea es la amenaza de extradición de los sospechosos a «países aliados donde los servicios de seguridad a veces emplean las amenazas a miembros de la familia o recurren a la tortura».

George Stamboulidis, quien hasta hace poco fue un fiscal especializado en la lucha contra el crimen organizado en Nueva York, dijo que «las órdenes de arresto de testigos materiales son una herramienta extraordinaria que, hasta ahora, se usaba rara vez». De acuerdo con la ley estadounidense un «testigo material» es alguien que, aunque no esté directamente vinculado con un acto criminal, quizás tenga conocimiento de información que ayude en la investigación de ese hecho.

Del total de 800 personas detenidas en la investigación de los actos terroristas contra Washington y Nueva York, al menos 147 «fueron detenidas por irregularidades en sus visados», informó Daniel Nelson, un portavoz del Departamento de Justicia.

«Estas personas quedan bajo la jurisdicción del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), que tiene hasta 48 horas para decidir si presentará cargos, y un período razonable para la presentación efectiva de las acusaciones», agregó. La ley, sin embargo, no determina qué es un «período razonable», y el curso de estos casos depende de la carga de sumarios que tengan los tribunales correspondientes.

Derechos

«El INS no confirma cuándo fue detenida una persona, ni dónde se la tiene detenida», agregó Nelson. «Los detenidos tienen derecho a un abogado y a ponerse en contacto con el consulado de su país. También se les provee una lista de abogados que están dispuestos a defenderlos.»

La gran mayoría de las personas detenidas y sometidas a un Gran Jurado fue arrestada por infracciones de tránsito, tráfico de drogas o posesión de documentos falsos. Algunos de estos delitos, como el narcotráfico, pueden caer bajo leyes federales o estaduales, y otros, como las infracciones de tránsito son de jurisdicción local.

Musddassir Siddiqui, consejero legal de la Embajada de Arabia Saudita en Washington, dijo que muchos de los detenidos desde el 11 de setiembre «eran totalmente inocentes y nada tuvieron que ver con lo ocurrido». La abogada Valerie Curtis Diop, de Los Angeles, denunció que perdió la pista a su cliente, un dentista egipcio detenido el 12 de setiembre por el INS y entregado luego a los fiscales federales que obtuvieron una orden de arresto como testigo material.