¿Puede prosperar una decisión partidaria ilegal?

Quieren ir a la elección general con los tres candidatos justicialistas porque suponen que usando el aparato partidario bonaerense, falseando encuestas pagas (ya se hace), quizás aumentando el monto de $ 150 para Jefas y Jefes de Hogar antes de la elección (ya se estudia), podrían llegar a que el hombre que designó Duhalde, el santacruceño Néstor Kirchner, ingrese segundo detrás de Menem o Rodríguez Saá para ir al ballottage.

No es la jueza Servini de Cubría la que dispone que anular la interna es ilegal y lo advirtió antes. Es la Constitución nacional la que asegura el derecho de ser elegido pero también elegir dentro de un partido donde un ciudadano está afiliado. Por tanto, lo votado el viernes es ilegal desde el momento en que es inconstitucional.

También lo sería una reforma a la Ley del Código Electoral en ese sentido, aparte de que resulta imposible que el duhaldismo logre la mayoría más dura que exige tal tipo de sanción en el Congreso, la mitad más uno de los miembros de cada Cámara, no de los presentes. ¿Por qué habrían de acompañar el deseo de Duhalde los diputados y senadores de Córdoba, Salta, Misiones, La Pampa y La Rioja si no lo acompañaron con su apoyo ayer en el congreso partidario? Si lo intentara solo el justicialismo no podría reunir 129 diputados porque en el mejor momento tuvo 119 y se le alejaron 25 menemistas más 15 semimenemistas. Los jefes de provincias temen que la dispersión nacional del PJ se traslade a sus distritos, donde también quedarían habilitados legalmente los neolemas. ¿Puede Duhalde contar con el radicalismo que se arriesgaría, de sancionar algo así, a que Elisa Carrió cambie su movimiento inorgánico por un sublema del partido radical? ¿Por qué no lo mismo Ricardo López Murphy y Leopoldo Moreau y Rodolfo Terragno? Tampoco se cree que un Raúl Alfonsín apoyaría algo antidemocrático, más si ya le negaron reformar la ley electoral en la provincia de Buenos Aires a Felipe Solá cuando propuso hacer simultánea la elección de gobernador con la de presidente (la ley allí hoy lo prohíbe).

Además, el radicalismo tampoco se cree apoyaría otra aventura del peronismo que fuera declarada inconstitucional como ley.

La Justicia lo único que no puede alterar es que el justicialismo decida abstenerse como partido en esta elección. En ese caso, podrán ir Kirchner, Menem y Rodríguez Saá por su cuenta pero no como «sublemas del partido», algo no autorizado por la ley actual, sino con partidos nuevos. Esa es la apuesta final del duhaldismo: ninguno se lleva en la boleta el nombre de «Justicialismo» y, si es posible, sin el escudo partidario. Se calcula en el peronismo que sólo por «los signos partidarios» hay 10% o 15% de los votos que se inclinan por el candidato que sea.

Adolfo Rodríguez Saá nunca apoyará públicamente a Eduardo Duhalde al que odia desde que le hizo el segundo golpe de Estado entre fines de 2001 y comienzos de 2002 (el primero fue a Fernando de la Rúa). Pero le conviene que todos vayan y ninguno se lleve los símbolos partidarios porque los ganó en una interna, que a él le sería difícil ganar.

Si Carlos Menem insiste, posiblemente la Justicia terminará dándole la razón (anularía el congreso del viernes cuyas resoluciones no tienen valor salvo que la Justicia electoral -Servini de Cubría- en primera instancia las apruebe y haga publicar oficialmente) y dispondría obligatoriamente internas en el justicialismo. Pero Menem arriesga mucho: que se postergue la elección general de presidente del 27 de abril por los recursos que habrá en juego. Duhalde dice que «a Menem le conviene» esa postergación (ver reportaje en pág. 2) pero parece una chicana política. A quien le gustaría -y lo dijo- es a Ricardo López Murphy, que sabe de economía y calcula que el alargue de este «veranito» de la economía precariamente puede durar hasta el 25 de mayo pero no más. Un nuevo estallido ayudaría a pensar en su ortodoxia económica. El Fondo Monetario destrozaría a la Argentina y le haría ejecutar todos sus vencimientos si el 26 de mayo próximo, por postergación de la elección, debe enfrentarse en una discusión de nuevo acuerdo (serio) con Roberto Lavagna y como presidente de la Nación Eduardo Camaño por el alejamiento anunciado de Duhalde. Elección el 27 de abril y nuevo gobierno el 25 de mayo es una exigencia terminante del Fondo Monetario. Más aún: so