1 de noviembre 2004 - 00:00

Pulseada

Corre una ola de terror por algunos sindicatos de la CGT. Aquellos que encabezaron la lista de la AFIP que reclama algunas precisiones sobre los últimos balances de las entidades gremiales. Desde hace unos días, la DGI pide informes más detallados que los recibidos por el Ministerio de Trabajo. Los gremios creen ver en esto un ademán agresivo del gobierno para el que vienen organizando, con cierta irritación, un congreso que se reunirá el próximo 11. Nadie quiere entender que se trate de una práctica republicana según la cual todos, también los gremios, son iguales ante la ley.

Hugo Moyano
Hugo Moyano
Patricia Bullrich pretendía que los sindicalistas mostraran sus declaraciones juradas impositivas, de carácter personal. Esa aspiración, políticamente interesante pero legalmente opinable, le costó el cargo como ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa. La modalidad introducida ahora por la administración Kirchner no es tan drástica.

Aunque resulta inobjetable desde cualquier ángulo: los sindicatos deben ser solícitos en adelante a satisfacer las dudas que comenzó a plantear la AFIP sobre detalles no del todo claros que aparecen en sus balances contables.

Hasta ahora la presentación de balances de las organizaciones sindicales era un trámite rutinario y desprovisto de cualquier inquisición. La organización en cuestión elevaba al Ministerio de Trabajo las actas de su congreso ordinario y, con ellas, la aprobación (por unanimidad, claro) de sus cuentas. Allá iba, a un archivo de la cartera laboral, la documentación exhibida.

Este circuito, que tenía siempre tranquilos a los gremialistas, ahora sufrió algunas modificaciones. No se sabe si por iniciativa propia o porque les llega el impulso desde Trabajo, lo seguro es que la AFIP ha comenzado a volverse más minuciosa con los papeles que, con cierta desidia, enviaban los gremios. Como si se tratara de instituciones comunes; es decir, como debería suceder siempre en una república. La lista de requerimientos les llegó a muchísimas entidades sindicales, casi por orden alfabético.

Los dirigentes de la CGT no creen que esta novedad sea la inauguración de un nuevo estilo de administración, más igualitarioe impersonal. Ellos creen que serían objeto de una sutil persecución y relacionan esa fantasía con la preparación de un Comité Central Confederal para el 11 de noviembre. Por lo visto, esa reunión tiene para ellos alguna carga de pólvora. De lo contrario, ¿por qué debería provocar al gobierno?

Si se examina la entretela de la CGT, es posible que los gremialistas tengan razón. Para el 11 ellos quieren comenzar a hablar de planes de lucha. No hay que esperar nada grave para este año: sólo calentarán la atmósfera para retomar la cuerda agresiva en marzo. Para entonces sí, sobre todo si no hay un acuerdo cerrado por la deuda, podría escucharse por primera vez la palabra «huelga» referida al gobierno de Kirchner.

• Entredicho

El indicio más claro de que gobierno y gremios se dirigen, en cámara lenta, a un entredicho es que el Presidente se viene resistiendo a obedecer la presión de los sindicatos para un aumento de por lo menos $ 50 de las asignaciones familiares. En la Casa Rosada aducen que para decretar esa medida debería estar aprobado el Presupuesto Nacional: el gobierno no quiere generar más incertidumbre delante del Fondo Monetario Internacional ni ante los tenedores de títulos en default. Sin embargo, existen criterios políticos para evaluar la misma reticencia. Es decir: algunos funcionarios del Ejecutivo creen que Kirchner no quiere aumentar las asignaciones familiares porque los sindicatos lo presionaron a través de los diarios para que lo haga. «No lo conocen; las noticias buenas las da él, cuando él quiere», razonó un íntimo del santacruceño.

Hugo Moyano advierte cómo en su entorno comenzó a tomar temperatura todo el arco sindical. Este martes estará más claro, cuando a la reunión habitual del consejo directivo de la CGT lleguen los temerosos secretarios generales que recibieron el interrogatorio de la DGI. Ellos pedirán a la conducción una señal clara acerca de qué camino deben seguir: nadie quiere enemistarse con impositiva ni ser tampoco quien con una conducta individual siente jurisprudencia en un terreno delicado para cualquier gremialista.

Moyano, con pocos argumentos, quiere atenuar el malestar prometiendo una definición presidencial antes del 11, día de la asamblea de la CGT. «Dejen que Néstor tenga el Presupuesto aprobado en el Congreso y enseguida nos va a dar lo que pedimos», dice el camionero, a quien nunca se lo vio tan razonable y dialoguista. Se explica: está desafiado por Susana Rueda, la preferida de Kirchner dentro del triunvirato de la conducción obrera (sobre todo porque no es conocida) y también por sus posiciones dentro del negocio del transporte. Ricardo Jaime, el secretario del área, parece tener más poder del que suponían los dirigentes del gremio de camioneros cuando se inauguró el actual gobierno y apostaron todo a que el cordobés duraba un mes en el cargo.

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