La iniciativa lleva el nombre de "Ley de recuperación de la confianza financiera". De aprobarse, quiénes no cumplan con los requisitos deberán renunciar a su cargo en un plazo de 30 días.
El proyecto fue ingresado en el Senado.
Los senadores de Unión por la Patria presentaron, el pasado jueves, un proyecto de ley que buscará repatriar al menos el 50% de los fondos y activos financieros de los funcionarios que estén declarados y radicados en el exterior. Bajo el nombre de "Ley de recuperación de la confianza financiera", el documento será tratado en la Cámara alta durante las próximas semanas.
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Entre los fundamentos de la medida, los legisladores tomaron el pedido de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, quién fue parte del anuncio de las medidas que buscan fomentar el uso de dólares bajo el colchón. "Cuando el gobierno pide a la sociedad que ponga a circular sus dólares y reactive la economía, es coherente que sus propios funcionarios lideren con el ejemplo. De lo contrario, la demanda de "poner el hombro" pierde legitimidad", sentencia el documento.
En detalle, la "ley de recuperación de la confianza financiera" asegura que "la repatriación de fondos de los funcionarios mostraría la alineación entre lo que se predica y lo que se practica, reduciendo la percepción de 'casta' y mostrando que los políticos del Gobierno no están 'desconectados' o protegidos' respecto de los vaivenes de la economía".
En detalle, el documento cuenta de dos artículos principales que apuntan a la repatriación de los mencionados fondos. En detalle, el primero de ellos sostiene que los funcionarios de los tres poderes (Nacional, Judicial y Legislativo) deberán "repatriar como mínimo el 50% de los fondos o cualquier otro activo financiero que tuvieran en el exterior dentro de los 30 días de vigencia de la presente ley".
En caso de que el proyecto sea aprobado, el mismo documento plantea que, quienes se encuentren en infracción, "deberán renunciar a sus cargos".
El segundo artículo del texto legislativo propone que "quienes fueran designados para ocupar un cargo público de cualquiera de los tres poderes del Estado, deberán antes de asumir sus funciones, repatriar los fondos que tuvieran en el exterior y someterse a lo establecido en el artículo anterior". Atempas, agrega que quienes incumplan lo establecido, quedarán "inhabilitados para asumir sus funciones".
En sus fundamentos, el proyecto apunta contra miembros del actual Gobierno y exfuncionarios, a modo de ejemplificar la desconexión entre el pedido de uso de dólares del colchón y el manejo del patrimonio propio. En detalle, los nombres que surgen son:
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