El gobierno se quedó ayer con una inesperable pero muy importante vacante: la Defensoría General de la Nación. Un cargo que puede compararse al del procurador de la Nación Esteban Righi, aunque no tiene el peso político de aquél.
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Ayer, el defensor general Miguel Angel Romero, cuestionado por diputados que habían puesto en marcha el proceso de juicio político en su contra, puso su renuncia a disposición de Néstor Kirchner.
Franqueado por el senador Miguel Angel Pichetto, Romero se llegó hasta el despacho del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para entregar personalmente su dimisión. «Me habría gustado entregársela personalmente al Presidente, pero sé que ha quedado retenido en Santa Cruz por cuestiones meteorológicas. De igual forma, agradezco al gobierno el trato que ha tenido conmigo», dicen que dijo Romero.
El jefe de Gabinete retribuyó el gesto y señaló que muchos de los que renunciaron enviaron sus dimisiones a la Casa Rosada con un cadete o un empleado y otros que pidieron algo a cambio.
En su renuncia, Romero ratifica que ejerció su cargo «con honestidad y honradez», sin perjuicio de las «valoraciones» que sobre su «desempeño se han realizado desde distintos sectores, que han desembocado en un proceso de juicio político».
El defensor renunciante argumentó que dejó su cargo en la «necesidad de evitar» que la institución que preside desde 1997 «vea mancillada su imagen por dicho proceso».
El juicio político contra Romero entraba esta semana en su recta final, con el descargo que debía realizar en la Cámara baja.
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