Quiebras: negociación reservada del FMI para dar dinero "fresco"

El gobierno inició anoche, a través de distintos canales -sobre todo el Ministerio de Economía y también el Banco Central-otra negociación múltiple con representantes del sistema financiero, previa al tratamiento de la Ley de Quiebras y de «subversión económica» por parte del Congreso. En las tratativas participó también el Fondo Monetario Internacional, representado para el caso por su responsable de asuntos legales, Sean Hagan, y, más discretamente, por un experto argentino, abogado y ligado al sector financiero.

Hasta anoche se habían despejado varias incógnitas respecto de las cláusulas más controvertidas. Por ejemplo, se definió que el cálculo del valor de las acciones de una empresa debe tener en cuenta la cotización de mercado y no la que figura en los libros, pero que ese monto debe determinarlo una consultora independiente o un banco de inversión designado por los acreedores.

En las negociaciones de Economía con el Fondo quedó también acordado que el papel de los jueces en los concursos no será todo lo activo que pretenden los deudores aun cuando la ley norteamericana podría resultar en esto un modelo. «Allá se aceptan las propuestas de los deudores si tienen el respaldo de la mayoría de los accionistas pero, claro, los jueces no son los jueces argentinos», reflexionó delante de un técnico del Palacio de Hacienda uno de los responsables del FMI en la negociación, que venía de encontrarse con un emisario secreto de Otto Reich (subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de los EE.UU.) que llegó ayer a Buenos Aires.

•Pretensiones

El problema, sin embargo, sigue estando en las pretensiones del monopolio «Clarín» respecto del «cram down», que se expresan en mesas alternativas y a través de operadores formales e informales. Como publicó este diario en su edición de ayer, las familias Noble/Magnetto aspiran a que la Ley de Quiebras contenga una cláusula por la cual las empresas productoras de «bienes culturales» queden eximidas del «cram down» (instituto por el cual un acreedor o un tercero puede tomar el control de una empresa en concurso). La última vez que el monopolio reclamó enfáticamente por esta excepción fue el sábado por la noche, cuando Jorge Rendo -lobbysta de «Clarín»- comió reservadamente con el secretario presidencial José Pampuro y con el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena (hubo interrupciones por llamados de José Luis Manzano al teléfono de Rendo). El argumento que se escuchó esa noche es que el magnate Rupert Murdoch estaría interesado en comprar el monopolio «Clarín» aprovechando su pésima situación financiera (va por el segundo default con una deuda de alrededor de u$s 2.000 millones).

A la hora que se mencionaba la posibilidad de esa captura fallecía Julio Mera Figueroa, quien siempre atribuyó su salida del Ministerio del Interior a la campaña negativa a la que lo sometió «Clarín» cuando detectó que estaba propiciando el desembarco en la Argentina del empresario de medios australiano Robert Maxwell.

•Otra salida

La pretensión del grupo que comanda Héctor Magnetto no pasa el test de tolerancia del FMI, por lo que desde el monopolio se imaginó otra salida: que en otra ley se establezca la prohibición para el capital extranjero de adquirir más de 49% de una empresa de bienes culturales. La ocurrencia tiene sus limitaciones en el plano jurídico ya que existen convenios de garantías de inversión firmados por el país con otros estados que tienen una jerarquía constitucional superior a las leyes corrientes.

Las tratativas con el Fondo en materia de quiebras no se agotarán con los dictámenes que, eventualmente, puedan emitir esta semana los diputados. Ni siquiera quedarán concluidas si se sanciona la reforma en estos días. Las autoridades del organismo multilateral ya le advirtieron al gobierno que cualquier desembolso de dinero «fresco» estará condicionado a que el Congreso apruebe un nuevo régimen de quiebras, completo. Esa tarea se está realizando en el Ministerio de Justicia, donde Jorge Vanossi formó una comisión ad hoc con expertos comercialistas. El gobierno espera que las negociaciones con el FMI concluyan con un desembolso de aproximadamente u$s 3.000 millones, que se destinarían a prefinanciar exportaciones (u$s 2.000 millones) y a la asistencia social (u$s 1.000 millones). La entrega de esos fondos estará atada a varios requisitos que deberá cumplir el gobierno argentino. Hace un mes, en una reunión de análisis con expertos internacionales sobre la Argentina, las autoridades del FMI se preguntaron si era aceptable condicionar préstamos a cláusulas que no son fiscales ni monetarias. Se decidió que sí y por eso la extensión de esos recursos sólo se hará efectiva cuando se apruebe la ley que se elabora en lo de Vanossi.