Radicales no aceptan más expropiación de empresas

Las expropiaciones de empresas en la Ciudad de Buenos Aires parecen haber terminado el jueves pasado, cuando los legisladores concedieron la utilidad pública de una fábrica de grisines a sus empleados. La firma estaba en convocatoria de acreedores y ahora será usufructuada por la Cooperativa Nueva Esperanza. Tras esa votación, el radicalismo asegura que no levantará más la mano para ese tipo de medidas arbitrarias, según confió el radical disidente y vicepresidente de la Cámara, Cristian Caram. También desde el peronismo -que hasta ahora acompañó las medidas en los cuatro casos que se sucedieron-creen que es oportuno dar un paso al costado y «debatir más profundamente» el tema que divide a la bancada.

El próximo asunto a tratar, que está en comisión, es el de ceder a asambleas barriales las instalaciones del que fuera Hospital Portugués, una clínica tapiada hace cuatro años por la Justicia mientras se sigue una liquidación. Hace un mes derribaron la pared asambleístas que se instalaron allí y la comunidad portuguesa, propietaria del inmueble e instalaciones, piensa apelar a los diplomáticos para pedir la desocupación. Otra clínica, tomada por sus personal, sería otro caso a ingresar por los despachos de los legisladores.

Hasta ahora las leyes hicieron que el Gobierno porteño, expropiando bienes muebles, los cediera en comodato a los trabajadores para su explotación. El caso de la clínica portuguesa es distinto, fue usurpado con idea de instalar un comedor comunitario. La izquierda, que es la que fogonea las leyes de expropiación que luego avala Aníbal Ibarra, parece tomar a la Legislatura como al Soviet, en el episodio de la clínica. En Rusia, distintos grupos, partidos políticos y diversas organizaciones, como sindicatos, requerían de locales para funcionar y se instalaban en ellos con el consecuente reclamo, que derivó en complejos y largos trámites para las llamadas «expropiaciones espontáneas».