Ratifican comienzo de juicio contra el juez Romano

Otilio Romano se fugó de la Argentina un día antes de que le notificaran su destitución, y posterior detención, por 103 delitos de lesa humanidad.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se reunió este lunes y reafirmó la fecha de noviembre para el inicio del juicio de destitución contra el juez Otilio Romano, quien pidió asilo político en Chile tras ser acusado de complicidad con la dictadura militar.

El jury tiene plazo hasta el 15 de febrero para llevar adelante el juicio a Romano, quien se encuentra en Chile y no se presentó ante el tribunal para designar a su abogado, por lo que se le nombró de oficio a la defensora oficial Estela Fabiana León.

En caso de que el suspendido continúe prófugo, el jury se llevará a cabo de igual manera, ya que el reglamento establece que los acusados pueden ser juzgados en ausencia, porque su defensa está garantizada con la presencia de su abogado.

Para que el camarista sea removido se necesita el voto de las dos terceras partes de los siete miembros del jurado por al menos una de las acusaciones.

Por su parte, en Chile, el Gobierno de Sebastián Piñera suspendió la reunión de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado que debe tratar el pedido de asilo solicitado por el camarista, ya que el proceso debe ser privado y sin publicidad, según la ley de dicho país.

Fuentes del Gobierno chileno indicaron que la causa de Romano quedó fuera de la tabla que debían revisar los miembros de la Comisión, aunque aclararon que su presencia ante esta instancia no era obligatoria.

La comisión está presidida por la jefa del Departamento de Extranjería y Migración, Carmen Gloria Daneri, e integrada por dos representantes del Ministerio del Interior, dos de la Cancillería y el representante de Acnur, que sólo tiene derecho a voz pero no a voto.

Este órgano tiene un plazo de ocho meses para pronunciarse y realizar la investigación sobre el pedido de asilo de Romano.

El pasado viernes, el fiscal de la Cámara Federal de Mendoza, Omar Palermo, solicitó, a través de un escrito enviado al juez federal Walter Bento, la captura internacional con fines de extradición de Romano, quien ya carece de fueros, a raíz de que no se presentó ante el juzgado ni se notificó de su suspensión.

El próximo paso corresponde ahora al juez Bento, en condiciones de pedir su captura internacional, aunque la última palabra la tendrá la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Chile, integrada por funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera.

En ese sentido, el subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Ubilla, manifestó que el Gobierno se atendrá a la legislación vigente en relación al caso del juez mendocino.

"Esta legislación, la ley 20.430, dice que si un ciudadano pide refugio el país tiene que analizar esta situación y la legislación específicamente asigna a extranjería la misión del análisis de la situación particular. Para eso se le otorga una visa de permanencia por ocho meses, donde en ese plazo tendrá que evaluarse si corresponde o no entregar refugio", explicó.

Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura se reunirá extraordinariamente el próximo jueves para evaluar si suspende el pago de haberes al camarista, quien todavía goza de fueros, salario y obra social.

Romano está acusado de omitir la investigación de delitos de lesa humanidad mientras era fiscal federal y juez federal subrogante, entre 1975 y 1983, denuncia que incluye el archivo de la causa por la apropiación de Rebeca Celina Manrique, la primera nieta restituida en Mendoza.

La acusación señala que, en la actualidad, el suspendido camarista todavía incurre en evidentes conductas "colaboracionistas" con los represores, que entorpecen el curso de las investigaciones.