Ratifican que un funcionario ordenó no desalojar comisaría

Gustavo Béliz

El oficial a cargo de la Comisaría 24ª, asaltada hace dos semanas por un grupo de piqueteros vinculados al gobierno con Luis D'Elía a la cabeza, ratificó ayer que un funcionario del Ministerio de Justicia le ordenó no retomar esas instalaciones. Cayetano Vicente Greco, el policía en cuestión ahora desplazado y en disponibilidad, confirmó en una declaración ante el juez Jorge Urso lo que se sabía de antemano: con el argumento de evitar la profundización del conflicto, el subsecretario de Seguridad, José María Campagnoli, evitó que la Guardia de Infantería intentara recuperar esa comisaría el 26 de junio cuando fue tomada por el grupo de piqueteros. Campagnoli es un fiscal en licencia que se desempeña bajo las órdenes de Gustavo Béliz. La denuncia es importante porque es la primera vez que un oficial involucra directamente a funcionarios de alto rango del gobierno con la falta de control esa noche en la comisaría.

La declaración complica más al gobierno a pocas horas de que Néstor Kirchner enfrente a la plana mayor de la Policía Federal en el acto en homenaje por los uniformados caídos que se hará hoy en el barrio porteño de Belgrano.

El jefe policial manifestó que llegó al lugar casi al mismo tiempo que Campagnoli, y cuando ordenó a dos grupos de combate de la Guardia de Infantería ingresar y recuperar el predio, el funcionario de Justicia dijo que «de ninguna manera» se utilizaría la fuerza y que se trataría de no profundizar el conflicto.

En un escrito ante Urso, quien investiga si se cometieron irregularidades con la intervención de la Justicia durante el copamiento de la seccional, Greco indicó que el director general de comisarías, Gustavo Ramos, ordenó también recuperar la sede policial, pero que Campagnoli también «lo atajó».

• Impedimentos

Greco confirmó que durante el copamiento de la seccional se comunicó con la jueza de instrucción María Angélica Crotto, quien le indicó que procediera según su criterio y de acuerdo con la situación reinante, lo que no pudo hacer porque en el lugar ya se hallaban superiores jerárquicos.

Entre ellos, Greco nombró al secretario de Seguridad, Norberto Quantín, y el jefe de la Policía Federal, Eduardo Prados, negociando con los piqueteros, a los que caracterizó como «violentos». Greco también identificó entre quienes negociaban con los piqueteros, a Francisco Meritello, asesor del ministro de Justicia, Gustavo Béliz. Este funcionario es además cuñado de Béliz y lo ha acompañado en todos los cargos públicos que ha tenido y es evidente que procede por indicaciones del ministro. Greco declaró que D'Elía y sus colaboradores llamaban a Meritello por su apodo, «Pancho», y negociaban con él y los otros funcionarios la entrega de la comisaría.

Greco relató que la noche del 25 de junio último se había retirado a su domicilio, cuando recibió un llamado telefónico de uno de sus colaboradores, quien le advertía que «personas muy violentas, comandadas por D'Elía» irrumpieron en la seccional a la vez que incitaban a «incendiar los patrulleros». Greco contó que los efectivos policiales «tuvieron que escapar por los fondos» mientras en la seccional quedaban chalecos antibalas, efectos personales y de investigación, incluido un detenido en un operativo por infracción a la ley de estupefacientes.

Luego de conversar «en buenos términos» con quienes ocupaban la comisaría, Campagnoli le comentó al entonces titular de la comisaría que los intrusos le prometieron que iban a deponer su actitud si se detenía al asesino de Martín «el Oso» Cisneros, cuya autoría atribuían a Juan Carlos Duarte.

Greco expuso que Crotto se negó por falta de mayores precisiones a autorizar una orden de allanamiento del domicilio donde los ocupantes decían que se encontraba el homicida, medida que luego concedió el juez federal Norberto Oyarbide, quien en ese momento de hizo cargo de las dos causas.

Con respecto al copamiento de la comisaría, de acuerdo con la exposición de Greco, Oyarbide, con quien lo comunicaron más tarde, habría aconsejado que no se utilice la fuerza y que la recuperación se lograra por medio de consenso.

Greco indicó que cuando, luego de varias horas, se recuperó la seccional, se levantó un «acta de entrega» y fue invitado a suscribirla, pero se negó porque «jamás firmé ni firmaré» con esas condiciones.

El ex jefe de la Seccional 24ª ofreció a una docena de testigos, entre ellos los jueces Oyarbide y Crotto, a secretarios judiciales y a funcionarios de la fiscalía de circuito correspondiente a esa zona del barrio de La Boca, de esta Capital.