Ratifican sobreseimiento de De la Rúa por los incidentes de 2001

Fernando de la Rúa.

La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa por el delito de homicidio y lesiones culposas por las cinco muertes ocurridas en inmediaciones del Obelisco y Plaza de Mayo durante los incidentes del 19 y 20 de diciembre de 2001.

La Sala II del Tribunal confirmó el fallo del juez federal Claudio Bonadío, al considerar que el ex presidente no había tomado decisiones vinculadas con cuestiones de seguridad interior, aquellas que tenían el fin de impedir la manifestación sobre la Plaza de Mayo.

De la Rúa estaba acusado por el homicidio de los manifestantes Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez, y por lesiones sufridas por otras personas.

En octubre de 2007, De la Rúa había sido procesado en primera instancia por Bonadío, pero la Cámara revocó la medida, y dispuso que se lo siguiera investigando puesto que no estuvo probado que haya impartido órdenes del operativo de seguridad.

El 7 de abril de 2009, Bonadío sobreseyó a De la Rúa, pero la Cámara Federal volvió a revocar el fallo y ordenó profundizar la investigación en lo relativo a una supuesta reunión en la que la cúpula de la Alianza habría adoptado la decisión de "liberar de manifestantes la Plaza de Mayo para acordar con el justicialismo la sustentabilidad de su gobierno".

Pero en junio de este año Bonadío lo volvió a sobreseer y ahora la medida fue ratificada por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, con la disidencia de Horacio Cattani.

Para los camaristas, que De la Rúa haya firmado el decreto imponiendo el Estado de Sitio aquel 20 de diciembre no implica que "el Presidente deba hacerse cargo de custodiar personalmente cómo las fuerzas de seguridad cumplen sus tareas en todo el territorio de la República".

"Eran Enrique Mathov (subsecretario de Seguridad) y Ramón Mestre (ministro del Interior, fallecido), y no De la Rúa los funcionarios políticos a cargo del área de seguridad que, por su especial posición, tenían la obligación de intervenir ante los excesos de la fuerza policial jerárquicamente bajo su responsabilidad, y poseían información instantánea, directa y pormenorizada de lo que ocurría, con capacidad de generar en lo inmediato un curso de acción diferente", sostuvo la Cámara.

Además, entendieron que "no es posible, en este marco, atribuirle (a De la Rúa) una falta de diligencia debida, sino que, por el contrario, todo indica que efectuó el control que su posición le encomendaba", y aclararon que "si la decisión (de imponer el Estado de sitio) fue políticamente correcta o no es un debate que excede a este proceso".

También dan por cierto que De la Rúa no participó de una reunión en Olivos, en la que estuvieron otros funcionarios como Mathov o el entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, en donde se diseño las tareas de seguridad a llevar a cabo y la imposición del Estado de sitio.

Esa reunión tuvo lugar el 19 de diciembre de 2001, y según la Cámara, De la Rúa estuvo abocado a "participar en reuniones con otros actores políticos y sociales (como la mesa de diálogo convocada en sede de Cáritas), donde se trataron cuestiones vinculadas a la crisis económica y a la necesidad de realizar ciertos cambios en el gobierno y conformar un gabinete de unidad".

La Cámara endilga las responsabilidades en Mathov, y recordó que este dio directivas en la mañana del 20: "desalojen la Plaza. Quiero cincuenta detenidos", algo que para los jueces entienden que "fue el primer desencadenante de los excesos de la fuerza policial durante la jornada".

En ese sentido, recordaron que De la Rúa se enteró de las primeras muertes por los medios de comunicación, y poco antes de presentar su renuncia al cargo.

En su voto disidente, Cattani sostuvo que tras la imposición del Estado de sitio, "lejos de atemperarse, la gente se volcó a las calles y comenzaron en el radio de la Ciudad de Buenos Aires las manifestaciones que, al día siguiente empezarían a registrar múltiples incidentes".

Además, recordó que en la madrugada del 20 de diciembre ya había habido enfrentamientos graves entre la policía y manifestantes, y los efectivos reconocieron haber usado sus armgas reglamentarias.

"No es la declaración del estado de sitio en sí misma la que colocó a Fernando de la Rúa en la posición de garante, sino la forma en que se condujo durante su implementación, ante la evidencia de que las fuerzas policiales podían cometer excesos en lugar de contener la situación de conmoción interior", según ese juez.

Así, por el momento, los únicos que hasta el momento afrontarán un juicio por estos hechos son el ex jefe de la Policía Federal, Santos; el ex subsecretario de Seguridad Interior, Mathov; Norberto Gaudiero, ex director general de Operaciones; y Raúl Andreozzi, ex superintendente de Seguridad Metropolitana.