20 de mayo 2005 - 00:00

Rechazaría el Senado un veto de Kirchner

Raúl Alfonsín
Raúl Alfonsín
El Senado está a punto de rechazar por primera vez un veto presidencial desde la asunción de Néstor Kirchner. El hecho pudo ser común en gobiernos anteriores: a Raúl Alfonsín el Congreso le rechazó un veto total; a Carlos Menem, 17; a Fernando de la Rúa 4 y a Eduardo Duhalde 2; pero ni siquiera se llegó a poner en tratamiento hasta ahora ninguno de los vetos de Kirchner. El rechazo caerá sobre un tema que en apariencia puede parecer menor, pero que encierra una guerra política entre el gobierno y el Congreso: la potestad para ceder tierras estatales a municipios, universidades o provincias, algo que se volvió común en los últimos tiempos.

La prueba del conflicto quedó ayer firmada en la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales que preside el radical Gerardo Morales cuando se emitió un dictamen rechazando un veto de Kirchner a la entrega de un inmueble en Tucumán por el Senado con el apoyo de todos los peronistas de esa comisión.

• Caducidad

La Constitución establece que son los legisladores quienes deben decidir sobre el remanente de los bienes que están hoy en poder del ONABE -después que terminara el plazo de la ley que dispuso la transferencia de esos inmueblesy las facultades especiales de ese organismo para hacerlo caducaron en diciembre pasado. Casos de choque entre el Congreso y el gobierno hay varios, pero ayer estalló uno que está llamado a ser emblemático.

A pesar de tratarse de un inmueble de costo menor, la cesión de un predio estatal a la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional en condominio con la Universidad Nacional de Tucumán terminó originando el rechazo de todos los senadores cuando el ONABE, por otro lado, lo había cedido al Concejo Deliberante de Concepción, en el Departamento de Chicligasta en Tucumán.

La historia es corta: José Franciso López, presidente del ONABE, secretario de Obras Públicas de la Nación, tucumano de nacimiento, funcionario del gobierno de Santa Cruz y después reciclado a funciones del gobierno nacional, llevó adelante todo el procedimiento administrativo para ceder al municipio de Concepción un predio en la calle Italia 1350, en su tierra natal.

• Transparencia

El Senado, por su parte, haciendo uso de las facultades constitucionales, votó la Ley 25.978 por la que transfirió ese inmueble a la Universidad Tecnológica Nacional el 25 de agosto de 2004 y el 1 de diciembre la terminó de sancionar Diputados, siempre por unanimidad.

Era un edificio, ahora derruido, que perteneció a la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro desocupado desde hace 15 años y en estado de total abandono. Por lo tanto, no puede sospecharse ninguna de las cuestiones de manejos económicos, sino más bien de voluntad política por «quedar bien» con el municipio de Concepción con vistas a la campaña electoral en un caso, y de solucionar la falta de aulas universitarias en el otro.

• Desconocimiento

En varias ocasiones se intentó vender el inmueble, pero las operaciones no se concretaron, mientras que la Municipalidad de Concepción lo pedía y el gobierno nacional se lo negaba.

Hasta que todo cambió y el ONABE decidió transferir el predio al Concejo Deliberante de la ciudad tucumana, desconociendo pedidos anteriores de la misma municipalidad.

Cuando el ONABE le informó al gobierno de la ley, Kirchner se tomó su tiempo y terminó vetando la cesión votada en el Congreso, veto que ayer decidieron resistir senadores de todos los partidos, como el chaqueño Jorge Capitanich -de indubitable prolijidad en su relación con el Ejecutivo o el radical Morales, jefe de la comisión.

Todo fue acompañado por un extenso análisis histórico sobre la potestad del Parlamento para decidir el destino de la tierra pública: «Esta atribución en cabeza del Congreso es el resultado de un extenso devenir en nuestra historia institucional, plagada de arbitrarias decisiones en concepto de concesiones de tierras pertenecientes al erario público», dice el proyecto. Es decir, le comunicaron elegantemente a Kirchner que ya no puede disponer a voluntad de las tierras del ONABE, sin pedirle permiso al Congreso. Toda una novedad.

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