Récord de 47 oradores en Senado para votar facultades a Cavallo

El Senado terminó de aprobar a las 4 de la mañana de ayer la cesión de poderes especiales a Domingo Cavallo, con fecha de vencimiento el 1 de marzo de 2002. La sesión casi termina en escándalo, cuando el PJ reclamó por la inclusión del decreto de Infraestructura en el artículo 8° de la ley.

Airados, José Luis Gioja y compañía exigieron que -a esa hora de la madrugada- el presidente provisional, Mario Losada, telefoneara a algún ministro, de manera tal de conseguir el compromiso de que podrían corregirse detalles del plan de Obras a posteriori, sin necesidad de devolver la iniciativa a Diputados. «Si no nos dan la palabra de que se puede corregir, hoy no hay ley», amenazó el jefe de la bancada opositora. Finalmente, la situación se destrabó en el mismo recinto (los radicales se comprometieron a trasladar la inquietud a la Casa Rosada). En la víspera, Chrystian Colombo visitó la Cámara alta para cerrar el compromiso: el gobierno cumplirá con las demandas peronistas.

Propuesta

La aprobación de la Ley Reactivante le permitirá al gobierno fusionar o descentralizar entes y organismos, además de eliminar o crear exenciones en IVA y Ganancias, como en la compraventa de acciones y medios de comunicación. La norma será publicada hoy en el Boletín Oficial, tras la promulgación de Fernando de la Rúa.

La propuesta oficial fue aprobada en general a las 2.40 por 50 votos a 4, y a las 4.05 resultó sancionada en particular con el voto mayoritario de radicales, justicialistas y provinciales. Los únicos que no levantaron la mano fueron Héctor Maya (Entre Ríos) y el santacruceño Daniel Varizat, quienes animan un minibloque disidente del PJ, bautizado «17 de octubre»; y un par de miembros de la bancada conducida por José Luis Gioja, los puntanos Héctor Torino y Alicia Negre de Alonso, quienes habían adelantado su rechazo.

Desde las 15.30 del miércoles, cuando largó la deliberación, se produjo una ristra interminable de 47 discursos, algunos de los cuales fueron escuchados por media docena de legisladores. A la hora de la cena el recinto parecía un desierto.

El proyecto sancionado es el segundo tramo de la Ley Reactivante, que en su primera parte fijó un impuesto a los créditos y débitos en la cuentas corrientes. A diferencia de la Cámara baja (donde los legisladores se enredaron en cruces a lo largo de 4 días), la discusión en el Senado se transformó en una especie de trámite formal, ya que los representantes del Justicialismo se habían comprometido de antemano con Cavallo a no introducir modificaciones en el texto sancionado en Diputados. De hecho, los cambios ya se habían acordado con la otra ala parlamentaria. A instancia de Augusto Alasino, se incorporó allá la declaración de emergencia pública, formalidad necesaria para conceder los poderes especiales, sin incurrir en violación de la Constitución nacional.

De cualquier manera, la gran mayoría de los senadores quiso exponer su punto de vista, fuera para apoyar la ley, para criticarla o directamente para oponerse.

El cordobés Luis Molinari Romero, que ofició de miembro informante, explicó que la ley «fue producto de una ardua negociación en la que también participaron activamente» los integrantes de la Cámara alta. Los demás radicales se empeñaron en tratar de diferenciar el «Cavallo bueno» actual del «malo» de la década menemista. El porteño José García Arecha hizo un mea culpa y confesó que «quienes hoy somos oficialistas con dolor debemos tomar este plan de alguien que no fue integrante de nuestra coalición». Y recordó que tuvieron que acompañar iniciativas improductivas -como la suba de impuestos y la rebaja salarial-en los primeros meses de la gestión delarruista.

Su correligionario Leopoldo Moreau mostró matices y expresó un apoyo condicional y advirtió que «la gente no vota fundaciones, sino partidos políticos», en obvia referencia a la Fundación Mediterránea que lidera el ministro Cavallo. «Como hay una emergencia que sirve de cuco, nos trajeron la receta que desde hace 10 años se aplica cada vez que hay una emergencia: consiste en privatizar y vender todo», pataleó.

Sobre el final, los peronistas hicieron votar el organismo que controlará al Poder Ejecutivo en el ejercicio de los poderes especiales. Se trata de una comisión bicameral parlamentaria integrada por seis miembros de cada Cámara: en el caso del Senado, esa comisión estará compuesta por tres justicialistas, dos radicales y un representante de los partidos provinciales.