Recuperan Jardín Japonés invadido

En la reserva ecológica, en la Costanera Sur, también está radicado un asentamiento como en otras zonas de la Capital Federal.

Este diario denunció el viernes otro penoso deterioro a la calidad de vida de la ciudad de Buenos Aires: se había montado un asentamiento en el hermoso Jardín Japonés de los bosques de Palermo. El Municipio, sin embargo, informó que ya se inició hace tiempo el juicio de desalojo, que se producirá en pocos días más. Sucede que la reciente Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se copió algo grave de la anterior Federal que la regía hasta la autonomía: la lentitud.

El Municipio tiene razón: es una lucha constante contra las invasiones de asentamientos en base a la impunidad. La Policía no puede allanar una casilla montada en un espacio público sin orden de un juez. Con eso se especula porque, mientras lleva tres meses el desalojo legal, se exige dinero al Municipio para desalojar antes. Obviamente, dinero de los contribuyentes. La villa montada en la reserva ecológica junto al río ya fue liberada en casi 45%, y lo mismo se hizo con otra establecida en los terraplenes de las vías en la proximidad de la avenida Juan B. Justo. Los asentamientos se imponen más que por necesidad por el negocio de recibir 20.000 pesos por familia en muchos casos para dejar el lugar.

El problema de las invasiones en la Capital Federal tiene varias causas. Una es la desesperación electoral en el gobierno Kirchner, con asesores que le dicen que todo gesto de autoridad es oligárquico y esto hace que se aprovechen delincuentes que cobrarán los subsidios y pagan a ocupantes para «mantener el asentamiento» con toda una técnica descripta por este diario el viernes.

Los piquetes continuos y la debilidad del mismo gobierno han contribuido a que se suponga a Buenos Aires ciudad indefensa. Las derivaciones del caso Cromañón igualmente contribuyeron a suponer al Municipio porteño a la defensiva, por tanto extorsionable con asentamientos en los lugares que más molesten a los habitantes para poder cobrar para levantarlos, generalmente en los bosques de Palermo. La duda es si después de los comicios del 23 de octubre volverá a haber orden y autoridad en el país.

La casona del Jardín Japonés se encuentra ocupada desde mayo pasado. Se asentaron allí 21 familias. Se comprobó que algunas ya habían cobrado subsidios en otro asentamiento erradicado, por lo cual se especializan en ocupar, cobrar y operar en otro sector de la Ciudad. Aníbal Ibarra, ordenó desalojar por vía de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Como dentro del Jardín Japonés hay un inmueble, la desocupación debió seguir pasos diferentes a los que se llevan adelante cuando se trata de predios abiertos. Ahora, dentro de los diez días hábiles se podrá hacer efectiva la medida. Un desalojo de esas características, en un lugar de uso público y muy concurrido, especialmente los fines de semana, es una medida que le es cara a Ibarra en medio de la temporada electoral, durante la cual el gobierno nacional le impone extremo cuidado en situaciones que pudieran dañar su imagen en este trance. Se complica también la liberación de los espacios públicos a través de la oferta de dinero que hace la administración de la Ciudad. Hay familias que reciben un subsidio para irse de un lugar e igualmente se asientan en otro, también de dominio público. El Gobierno porteño, simultáneamente al inicio del desalojo en el Jardín Japonés, procedió a liberar parte de los terrenos ocupados en la zona ecológica de la Costanera Sur, donde ya se había instalado un barrio precario que denominan Rodrigo Bueno. Con la mecánica de subsidios, de hasta $ 20 mil por familia, Ibarra logró que cerca de la mitad de los ocupantes optaran por dejar el lugar, a pesar de la resistencia de grupos que le son en ocasiones afines al Gobierno. Un caso de esos es el de la APDH que, además de medidas judiciales contra el desalojo y a favor de urbanizar el lugar para esos pobladores temporarios, critica la medida del Gobierno porteño. Curioso, ya que la APDH (Asociación Permanente por los Derechos Humanos) en otros terrenos, por caso en terrenos de la Ciudad Universitaria, le pide al Gobierno de la Ciudad que desaloje a usurpadores porque justo allí está levantando un monumento en recuerdo de los desaparecidos de la última dictadura militar.

• Terrenos ferroviarios

Las usurpaciones son constantes en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en terrenos linderos a las vías del tren. Son predios del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), ente estatal nacional. Es el caso de un predio en la avenida Juan B. Justo y Paraguay, cercano a la ex bodega Giol, al cual Ibarra procedió a desalojar, mediante subsidios y asistencia a unas cuarenta familias allí alojadas. Luego lo tapió, pero nuevamente ingresó gente, tras derribar esos muros levantados con la intención de evitar la ocupación. El ONABE permitió que allí se pusieran carteles de publicidad que no estarían autorizados y que las familias utilizan de paredes. Ibarra pronto volverá a desalojar el lugar y luego pasarían topadoras. «El ONABE no cuida sus tierras y la Ciudad debe hacerse cargo», aseguran los funcionarios porteños. Ibarra, el miércoles pasado, firmó el decreto para la desocupación de la casona de la calle Adolfo Berro entre Carlos Casares y Av. Sarmiento en las inmediaciones del Jardín Japonés. Un relevamiento dio cuenta de la presencia de 21 grupos familiares y 6 hombres solos, allí, pero además se repite que la mayoría ya había sido asistida con subsidios en diciembre de 2004, cuando se produjo la desocupación de Juan B. Justo y Soler sobre vías del ferrocarril, según informó el Gobierno de la Ciudad. Otro asentamiento que se busca solucionar desde el Gobierno de la Ciudad se ubica también en tierras del ONABE en cercanías de la estación Federico Lacroze del ferrocarril Urquiza, en la calle Fraga. Allí en terrenos nacionales que administra el ONABE, se asentaron ya unas 400 familias. La situación se repite en la calle Warnes, en la zona de La Paternal, con unas 30 personas. Ibarra otorga créditos a tasa cero y subsidios para que las familias dejen los lugares públicos, pero al conocer esa situación se enfrenta a que en ocasiones le exigen más dinero o lo intentan cobrar dos veces, saliendo de un lugar y afincándose en otro. Ahora el jefe de Gobierno asegura que con la realización de un registro de actualización permanente podrá enfrentar mejor esas situaciones. En los últimos 24 meses se afrontaron ocupaciones en 23 espacios verdes ocupados en total por unas 532 personas, como ocurrió en Pavón y Garay, o en la plaza Libertad en pleno Marcelo T. de Alvear y Cerrito, la plaza Houssay frente a la Facultad de Medicina y otras plazoletas y canteros, inclusive en la misma plaza Colón, detrás de la Casa Rosada, a metros de la Plaza de Mayo.