El Senado comenzará a debatir el próximo martes parte del paquete de leyes sobre seguridad que Gustavo Béliz envió al Congreso. En la primera etapa se lanzará el tratamiento de tres proyectos que incluyen la reforma del Código Penal para ampliar el programa nacional de protección a testigos e imputados a otros delitos penales, ya que, hasta ahora, se aplicaba sólo en casos de secuestros o de atentados. Esa iniciativa crea el Programa Nacional de Protección a Testigos que cuidará la seguridad de los imputados y testigos que se encuentren en una situación de peligro para su vida y que hubieran colaborado en investigaciones judiciales en el ámbito federal.
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En la misma ley se fija otro beneficio para ese tipo de testigos: quienes aporten información sustancial para el esclarecimiento de un delito tendrán una reducción de un tercio del máximo y el mínimo de las penas que se aplicaran a los partícipes o encubridores de este delito.
Junto con ese proyecto, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales debatirá otra reforma, esta vez, al artículo 301 del Código Penal, para instituir como delito el vaciamiento de empresas y así poder aplicar penas de hasta ocho años cuando se produce una venta ilegal de acciones.
El tercer proyecto incluye una modificación al artículo 319 del Código Procesal Penal para establecer parámetros sobre cuándo se debe o no conceder la excarcelación frente a las múltiples interpretaciones de la jurisprudencia que existen hoy en la Justicia en esos casos.
El presidente de la comisión, el radical Jorge Agúndez, formalizó la convocatoria a los senadores que integran ese cuerpo para el martes, con el fin de comenzar la discusión de estas iniciativas que modifican el Código Penal en lo que hace a excarcelaciones, protección de testigos, y vaciamiento de empresas. Pero, de todas maneras, no se espera que el mismo martes haya dictamen de comisión, sino que se avance en el debate de estas iniciativas que forman parte del plan integral de seguridad impulsado el 19 de abril último por el gobierno.
El miércoles pasado, el Ejecutivo agregó un nuevo proyecto a los seis ya enviados para ser incluido dentro del Plan Estratégico de Seguridad. En esa iniciativa se «reordenan las competencias» de los juzgados en relación con los delitos de consumo de drogas. Así, se dejan en el ámbito de la Justicia federal las causas de narcotráfico y se derivan a los tribunales provinciales y de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires los delitos menores relacionados con estupefacientes, tal como fuera anunciado por Béliz en el momento de lanzar el plan nacional.
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