Remes viaja el 14 con veto a ley de quiebras

Jorge Remes Lenicov viajará a Washington el 14 de febrero, con dos instrumentos sin los cuales cualquier negociación con el Tesoro de los Estados Unidos y con organismos financieros internacionales sería ociosa: el veto a tres artículos de la reforma a la Ley de Quiebras (vulgarmente conocida como «ley Clarín»), sancionada el miércoles por el Congreso de la Nación, y el presupuesto nacional, que debería estar aprobado para esa fecha. Si se tienen en cuenta las expresiones de los funcionarios estadounidenses, del consejo de ministros de Economía de Europa, del director del FMI para el hemisferio occidental, Claudio Loser, de las autoridades del Banco Mundial y de Enrique Iglesias, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, daría la impresión de que el auxilio financiero que reclama la Argentina depende más de la anulación, total o parcial, de esa reforma a la ley de quiebras que del presupuesto nacional, que siempre estará condicionado al comportamiento de variables económicas que todavía no están definidas por la dinámica misma de la crisis.

Por eso ayer desde el Ministerio de Economía se les explicó a los senadores y diputados que los tres artículos que rechazan los organismos multilaterales serán vetados por el Poder Ejecutivo. En principio los legisladores admitieron esa decisión, resignados a que les será imposible componer los dos tercios necesarios para insistir con la norma. En la Jefatura de Gabinete ya se redactaba ayer el decreto con los términos del veto parcial, que dejaría sin efecto los tres artículos más conflictivos:

• El que fija en 180 días (corridos) el período durante el cual el deudor puede ofrecer un esquema de satisfacción al acreedor.

• El que establece que los bancos deben previsionar las deudas de sus clientes si al cabo de 90 días no llegan a un acuerdo sobre reestructuración, quitas, tasas, etc. de esos pasivos.

• El que suprime la posibilidad de que una empresa acreedora se haga cargo de la firma que le debe para salvarla. La anulación de este procedimiento fue la principal meta de las presiones de «Clarín» sobre los legisladores en el tratamiento de esta ley.

Los diputados, por su lado, crearán su propia comisión --imita una ya formada en el Senado- para intervenir con normas generales en el marco regulatorio de las negociaciones entre acreedores y deudores, una manera de introducir correcciones a la ley que Duhalde va a vetar. Claro, en Economía ya comenzaron a sospechar que dicho comité puede tener la intención aviesa de reponer, con una nueva ley correctiva, alguno de los artículos que Duhalde corregirá con su veto. Sería una nueva manera de engañar a los organismos de crédito y la comunidad internacional, ya no con el presupuesto nacional, sino con algo más grave: las reglas generales que el país ofrece para los inversores que invierten en él.

Trámite

En cuanto al artículo que impone un plazo de 90 días para definir si los bancos deben previsionar sus acreencias, un sector del gobierno pretende negociar su veto con los bancos para «persuadir» a éstos a aceptar un mecanismo de pesificación más favorable a los depositantes en dólares.

El trámite que llevará adelante Remes está articulado en un sistema de fechas y de gestos. Además de promover el veto de estos artículos, el ministro debería conseguir que el Congreso apruebe el presupuesto en una especie de «operativo comando». El próximo martes (5 de febrero) asistirá él, acompañado por Oscar Lamberto, a la Cámara de Diputados a presentar personalmente el proyecto de ley que, en sus planes, debería estar sancionado esa misma semana por ambas cámaras, por lo que se siguen realizando negociaciones extraparlamentarias con gobernadores y legisladores de distintos partidos políticos.