Un país que exporta cerebros y soja celebró ayer la repatriación de fósiles: llegarán a la Argentina 3.700 kilos de dinosaurios de bandera, que habían sido robados y aparecieron en una feria de Arizona. Alborozo típico para la cultura necrofílica criolla y otra paradoja más para una sociedad preocupada por la escasez de bienes vivos, que festeja la circulación de huevos y huesos petrificados.
La Argentina, tan acostumbrada a exportar cerebros en las últimas décadas, celebró ayer un acontecimiento de signo opuesto: la repatriación de dinosaurios. El secretario de Cultura de la Nación, José Nun, acompañado por la secretaria adjunta de Seguridad Nacional de los EE.UU., Julie Myers, y el embajador de ese país, Earl Anthony Wayne, anunciaron por la mañana, no sin alborozo, que cuatro toneladas de fósiles animales y vegetales, encontrados en febrero de 2006 en una feria de paleontología en Arizona, pondrán fin a su destierro. A bordo de un Hércules de la Fuerza Aérea, volarán desde Washington en los próximos días con destino al país.
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De acuerdo con lo que se informó, la carga pesa en total más de 3.600 kilos, e incluye huevos de dinosaurios y otras piezas fosilizadas. Como en el mercado de Liniers, el fósil de dinosaurio también tiene su valor: según Myers, se está pagando actualmente entre u$s 5.000 y u$s 6.000 por cada uno.
«La Argentina está muy satisfecha y orgullosa de recuperar este patrimonio, lo que constituye el principal golpe al contrabando internacional de bienes culturales de la historia», se exultó Nun. «Este hecho permitirá promover, además, una discusión muy saludable en nuestro Parlamento para tipificar la figura de la persona que extrae y exporta un fósil. El traslado de estos bienes recuperados está actualmente caratulado como contrabando».
El entusiasmo de Nun, sin embargo, no era compartido por gran parte de los coleccionistas de bienes arqueológicos, cuya exclusiva tutela por parte del Estado está en contradicción con las legislaciones de los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile y la gran mayoría de los países europeos.
El coleccionista y relacionista público, Matteo Goretti, un especialista en arte precolombino (que durante la gestión de Torcuato Di Tella en Cultura terminó abriendo un Museo de Arte Precolombino en Uruguay, cansado de las trabas legales que encontró en Buenos Aires), dijo a este diario que «la ley que sancionó la Argentina en 2003 y la aplicación discriminatoria que hace de ella la Secretaría de Cultura son un ejemplo de que aquí no se tiene en cuenta ni a los coleccionistas, ni a las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de la defensa de estos bienes, ni a las organizaciones representativas de las comunidades indígenas».
La Ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico convierte a los coleccionistas argentinos en meros depositarios, establece el cuidado de esos yacimientos, pero no crea recursos para ello, y deja todo en manos del Estado, ya que el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL, ente público dependiente de la Secretaría de Cultura y en el que están los arqueólogos) se convirtió en la autoridad de aplicación.
Casi no existe otro modelo de legislación, en el mundo, donde el Estado tenga el monopolio de estos objetos. Así, los coleccionistas particulares suelen cuidarse de difundir y exponer, entre el público y los especialistas, estas piezas, y -lo que es peor-, este tipo de control provoca que aumente el tráfico ilegal al exterior. Los coleccionistas, que no dejan de recordar que, en los EE.UU., hasta la casa donde se declaró la Independencia en Filadelfia está administrada por una ONG privada, suelen deplorar el poco cuidado que existe en muchos de los museos públicos.
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