Revés de la Corte a Jaime en causa por enriquecimiento

Política

La Corte Suprema de Justicia rechazó de plano este martes un recurso del exsecretario de Transportes Ricardo Jaime contra la validez constitucional del delito de "enriquecimiento ilícito" por el que se lo acusa y fue procesado.

Lo decidió el máximo tribunal al declarar "inadmisible" el planteo formulado por el abogado Andrés Marutián, defensor de Jaime, al cuestionar la validez constitucional del delito por el cual fuera procesado por orden del juez federal Sebastián Casanello.
El fallo de la Corte fue suscripto por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni.

Jaime pidió la inconstitucionalidad de la figura del "enriquecimiento ilícito", por considerar que la misma vulnera el derecho a defensa al "invertir la carga de la prueba", ya que el imputado está obligado a demostrar su inocencia.

Previo al fallo de la Corte y antes de ser procesado, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal había desestimado el planteo del exfuncionario, por lo que su defensa interpuso luego un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.

Jaime, al igual que su entorno familiar, está sospechado de haberse enriquecido en forma ilícita, aunque el exfuncionario afronta al mismo tiempo otros procesos por presuntas dádivas y actualmente forma parte de la lista de 29 acusados que están siendo juzgados por la tragedia ferroviaria de Once.

El exfuncionario fue procesado por un incremento patrimonial en 12,5 millones de pesos mientras se desempeñó como Secretario de Transportes de la Nación (desde el 28 de mayo de 2003 hasta el 1 de julio de 2009), que "no se condice con los recursos lícitos que recibía como contrapartida a su función", lo que fue corroborado por una pericia contable ordenada por el magistrado y el fiscal Carlos Rívolo.

Entre los bienes que Casanello le imputó a Jaime se encuentran un yate, un avión Lear Jet que utilizaba "asiduamente", más de cinco automóviles de lujo, dos motocicletas de alta gama, y departamentos y countries en Buenos Aires, Río Gallegos e incluso en Brasil, que habrían puesto a nombre de testaferros del exfuncionario, imputado en múltiples causas y juicios por hechos de corrupción.

El artículo 268 del Código Penal establece que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".

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