Río Negro intervino la cúpula policial de Bariloche por crimen de Lucas Muñoz

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, intervino la Unidad Regional Tercera de la policía provincial, máxima autoridad en la ciudad de Bariloche y la región, y pasó a disponibilidad a sus autoridades tras las presuntas irregularidades cometidas por efectivos de la fuerza en la investigación del crimen del oficial Lucas Muñoz.

El propio mandatario informó esta tarde que además decidió que se inicien sumarios administrativos a todo el personal de la comisaría 42 de dicha ciudad rionegrina, donde el policía asesinado prestaba servicios.

Los desplazamientos dispuestos por el gobernador en este marco son de alcance provincial ya que también designó al comisario mayor Jorge Suazo como nuevo director de Seguridad de la Policía, en lugar del comisario mayor Carlos Arias, quien al carecer de funciones será pasado a disponibilidad.

En declaraciones a la prensa durante un acto realizado en Bariloche por un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín, Weretilneck explicó que la semana que viene el subjefe de Policía, comisario general Daniel Jara, se hará cargo de la Regional hasta que haya "garantías de normalidad en su funcionamiento" y que también asumirá el nuevo titular de la comisaría 42.

Hasta hoy, la Regional estaba a cargo del comisario mayor Juan Fernández, quien ayer declaró ante el juez de Bariloche Bernardo Campana, quien lleva adelante el expediente por el crimen de Muñoz (29).

Respecto a esta causa, el gobernador señaló que "en virtud de estar nombrados o siendo motivo de investigación" de parte de la Justicia, se dispuso el pase a disponibilidad del comisario inspector Manuel Poblete (segundo de Fernández), los comisarios Jorge Elizondo y David Paz; los subcomisarios Rodolfo Aballay e José Ismael Jaramillo; los oficiales Maximiliano Morales, Luis Daniel Irusta y Federico Oscar Valenzuela Campos; y el suboficial Néstor Adrián Meyreles.

Estos últimos tres policías permanecen detenidos e imputados de "encubrimiento agravado" y entorpecimiento de la Justicia en la investigación del caso Muñoz, mientras que Elizondo era el titular de la seccional 42 y ya había sido acusado y apartado de su cargo.

Por su parte, Paz era comisario del Cuerpo de Seguridad Vial y Jaramillo subjefe de la mencionada comisaría, donde también prestaba servicios Aballay, quien había sido trasladado a General Roca días después de la desaparición de Muñoz.

Además, fueron apartados el comisario mayor Hugo Adrián Pallalef, jefe de la Regional hasta la asunción de Fernández, y el comisario inspector Oscar González, quien intervino inicialmente en la búsqueda de Muñoz.

Según Weretilneck, los sumarios administrativos alcanzarán no sólo a todo el personal de la comisaría 42 sino también al de Seguridad Vial y a integrantes de la Regional.

"La finalidad de estos sumarios es investigar y deslindar las responsabilidades en todo aquello que tiene que ver con la cuestión administrativa y el cumplimiento de roles y funciones en la búsqueda y la conducta en todo lo vinculado a la desaparición y muerte de Muñoz", sostuvo.

"(...) la reacción de los mandos de la Regional Tercera, el cuerpo de Seguridad Vial y la Comisaría 42 no fue la reacción normal que tiene la fuerza cuando algún integrante está en riesgo, lo que genera aún mayores incógnitas", opinó.

Luego, consultado sobre el pedido de la querella para que él declare en la causa, el mandatario respondió: "Si el fiscal o el juez creen conveniente que la opinión del gobernador es importante para algún elemento dentro del expediente, apenas sea citado voy a hacer mi declaración."

"Sabemos que es una situación muy compleja pero tenemos optimismo de poder dar con el o los asesinos del oficial Muñoz y desentrañar esta trama que estamos viviendo", recalcó.

En tanto, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Gendarmería Nacional allanaron esta mañana el complejo turístico Cabaña Nahuel Hué, en el barrio Nuestras Malvinas, de Bariloche, donde reside el subcomisario Aballay.

Este complejo pertenece a Sergio Herrero, presidente de la Junta Vecinal de dicho barrio, quien reconoció ser amigo de Aballay y consideró que el allanamiento allí es parte de una "pista falsa" y un "pase de facturas" de la "parte política" por sus denuncias contra el gobierno local.

Por su parte, los abogados querellantes Alejandro Pschunder y Karina Chueri, dijeron a la prensa que analizan pedir mañana la recusación del fiscal Martín Govetto por considerar que éste desestimó datos importantes y dilató allanamientos.

"El fiscal se negó a apartar a la Policía (rionegrina) cuando sabe que hay que apartarla porque vendía pescado podrido. Dice que confía en la Policía y nosotros también. Pero la verdad es que a Govetto no le interesa que trabajen las fuerzas federales en esto", opinó Pschunder.

Muñoz desapareció el 14 de julio cuando iba tomar servicio a la comisaría 42 de Bariloche y 27 días después fue encontrado asesinado de un balazo en la nuca, uniformado y con una pistola junto a su cuerpo, en un descampado de las afueras de la ciudad.