Rodríguez Saá denunció ante la OEA la proscripción del PJ

Adolfo Rodríguez Saá y María R. Servini de Cubría

Adolfo Rodríguez Saá reclamó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la normalización del Partido Justicialista y pidió que haya «un pronunciamiento antes de las elecciones» del 28 de octubre. Al fundamentar su presentación ante el organismo con sede en Washington, Rodríguez Saá advirtió que «se está proscribiendo al peronismo», de un modo «que ni los gorilas en toda la historia argentina lo lograron».

Párrafos salientes

Aquí, los principales párrafos de la presentación que hizo el ex presidente.   

«En la República Argentina, los partidos políticos tienen rango Constitucional previsto en el artículo 38 de la Constitución nacional y su organización y funcionamiento está reglado por la ley orgánica de partidos políticos Nº 23.298, sus modificatorias 23.476, 25.611, 25.600, 25.684 y concordantes. El ámbito de libertad de que gozan los partidos políticos está subordinado a los principios constitucionales y a los preceptos de la ley orgánica de los partidos políticos, que establece el método democrático interno mediante elecciones periódicas para elegir autoridades, organismos partidarios y candidatos. La carta orgánica del Partido Justicialista en su artículo 24 establece que los miembros del consejo nacional «... serán elegidos por voto directo y secreto de los afiliados y tomando a la República como distrito único...».

Lo cierto es que inexplicablemente -el PJ- está acéfalo e intervenido por la Justicia. No hay fundamentos jurídicos ni políticos que sostengan esta situación, máxime habiendo transcurrido más de un año y cuatro meses desde la fecha de la resolución que dispuso la intervención. En efecto, desde el año 2003 hasta el día de la fecha, el Partido Justicialista - Orden Nacional se encuentra acéfalo, es decir sin autoridades partidarias electas por el voto de los afiliados. Que el día 6 de setiembre de 2005, la jueza federal con competencia electoral Dra. María Servini de Cubría dictó la Resolución Nº 202/05 en los autos « Jiménez Sara s/ Solicita Nulidad del Congreso Nacional del Partido Justicialista del 26/3/04» (Expte. Nº 1303/ 04); disponiendo la intervención del Consejo Nacional del Partido Justicialista (máximo órgano ejecutivo del partido), designando como interventor al Dr. Ramón Ruiz, quien debía normalizar el Partido Justicialista con el llamado a elecciones internas».

Por otra parte, la única vez que tuve una entrevista con el Sr. presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, de quien era amigo cuando éramos gobernadores, fue el día 07/03/2006 para pedirle que contribuyera a la normalización del Partido Justicialista. Coincidimos en que había que depurar los padrones, disminuir el número de congresales nacionales, y le pedí elecciones internas antes de que terminara 2006. El Sr. presidente de la Nación aceptó toda la propuesta y se comprometió en acompañarnos para normalizar el Partido Justicialista, la única discrepancia del Sr. Presidente con mi propuesta fue sobre la fecha de la elección interna: yo sostenía que debía ser en el último trimestre de 2006, y el Sr. Presidente sostuvo que debía realizarse en el primer trimestre de 2007, lo que por cierto es de toda evidencia que no ha sucedido en 2006, ni sucederá en el primer trimestre de 2007. Siendo obvio que el interventor silenciosamente va obedeciendo instrucciones y ya intervino el PJ de Tucumán, el de Corrientes, el de Santiago del Estero. El plan que tienen es intervenir también Buenos Aires ante el menor escollo que encuentre el gobierno para imponer sus candidatos en ese distrito. El interventor Ruiz actúa como un empleado del gobierno, y ello es grave porque el gobierno nacional proscribe al Partido Justicialista, y lo está logrando al impedirle reorganizar oportunamente el partido para que participe de las próximas elecciones. Lo que se quiere es marginar al Partido Justicialista para que esté ausente en la elección, tal como ocurrió en la última elección presidencial; en aquella oportunidad, ya un cuestionado e ilegítimo congreso partidario se reunió en Lanús y proclamó tres candidatos a presidente del PJ, sin elecciones internas, violando todos los principios democráticos y los derechos políticos de otros ciudadanos. Fuimos proclamados en Lanús el presentante, Dr. Adolfo Rodríguez Saá; el también ex presidente Dr. Carlos Saúl Menem, y el actual presidente Dr. Néstor Kirchner, quienes tuvimos que presentarnos a la contienda electoral conformando distintos frentes electorales partidarios, todo lo cual resultaba violatorio del artículo 38 de la Constitución nacional, de la Ley de Partidos Políticos, y tratados internacionales. En esta oportunidad van a disfrazar que el «Frente para la Victoria» eligió candidato y Ruiz se va a adherir a esa decisión. Pero no será la decisión de los afiliados del justicialismo. Esto no es democracia, toda esta situación vulnera los tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá --Colombia - 1948), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Costa Rica - 1969). Ante esta situación, y aún convencido de la escasa voluntad de resolver y que por el contrario se limitarían, aplicando la metodología de siempre, a omitir o demorar cualquier resolución o convocatoria que permita al Partido Justicialista elegir democráticamente sus autoridades internas y presentarse con candidato propio en las próximas elecciones presidenciales a realizarse en el corriente año 2007, es que el día 16 de enero de 2007 presenté una acción de amparo ante el Juzgado Federal con competencia Electoral a cargo de la Dra. María Servini de Cubría, la que tramita en los autos: «RODRIGUEZ SAA ADOLFO s/ SOLICITA CONVOCATORIA A ELECCIONES INTERNAS - PJ - ORDEN NACIONAL» (EXPTE. Nº 1-735-07) ante la manifiesta inactividad y falta de interés del Interventor Judicial del Partido Justicialista Dr. Ramón Ruiz, en cumplir su función en los expresos términos de su designación, no llamando a elecciones internas para cargos partidarios, ni realizando acto alguno tendiente a la normalización del Partido Justicialista, reservándome además el derecho de denunciar todas las irregularidades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la gravedad institucional que la demora del interventor, consentido por la jueza, en normalizar al Partido Justicialista, ocasiona el partido y al suscripto en mis legítimos Derechos Políticos.

Dicha acción planteada va dirigida contra la mala administración ejercida por el interventor designado por la jueza federal que, lejos de cumplir con la misión encomendada,es decir llamar a internas partidarias para normalizar el Partido Justicialista, ha abundado en realizar acciones meramente administrativas, demostrando su falta de vocación para cumplir la tarea expresamente encomendada.

De todo lo expuesto resulta con claridad meridiana que el Sr. interventor no tiene vocación ni intención alguna en convocar de inmediato a elecciones internas, como era su obligación legal desde hace casi un año y medio, con un evidente consentimiento del juzgado que lo designó, a pesar de que nos encontramos ya en el año electoral. Y es justamente la inacción o demora injustificada en resolver en tiempo oportuno, lo que no me permite o me impide ejercer en plenitud mi derecho político a elegir y ser elegido, tanto para los cargos partidarios internos como para los cargos electivos como candidato del Partido Justicialista a la primera magistratura nacional, toda vez que como ya he manifestado, aspiro concretamente a participar tanto en la elección interna de cargos partidarios como en la elección interna para candidato a presidente de la República Argentina que represente al Partido Justicialista en la próxima elección nacional; y la falta de convocatoria en tiempo y forma oportuna viola mis derechos políticos y los de todos los afiliados del mayor partido político de la Argentina.