Dos testigos rechazaron presunta cartelización de obras en Santa Cruz y redeterminaciones ilegales

Política

Fricciones entre fiscalía y defensas con testimonios pedidos por acusación que no avalaron hipótesis de sobreprecios. Tensión por documentos que se exhibieron. Se reiteran explicaciones sobre proceso de asignación de obras.

Un exinspector de Vialidad desconoció supuestas maniobras para evitar la competencia de empresas en las licitaciones y afirmó que no advirtió ilegalidad alguna en la obra pública de Santa Cruz. Otro testimonio no aportó a la hipótesis de irregularidades a partir de las redeterminaciones de precios.

Con nuevos cruces entre la fiscalía y las defensas se desarrolló otra audiencia en el juicio a Cristina de Kirchner y otros doce acusados. Los abogados de los imputados insistieron en reprochar la modalidad de “pesca” para interrogar a los testigos.

En la audiencia desarrollada el lunes -la única prevista para esta semana- fue el turno, en primer lugar, de un exasistente de inspección de obras de la Dirección de ingeniería de Vialidad Santa Cruz. Gustavo Pereyra fue contratado a fines de 2006 y bajo las órdenes de Orlando Taboada. Vía Zoom, desde el juzgado de San Rafael, Mendoza, declaró a pedido de los fiscales y de la querella a cargo de la Oficina Anticorrupción.

El ingeniero afirmó bajo juramento que no advirtió irregularidades en los pliegos y en las certificaciones de obras en las que intervino. Al mismo tiempo, aseveró que las redeterminaciones de precios las propone la empresa si eventualmente se modificaran los costos y luego Vialidad rechaza o acepta la petición. Uno de los ejes de la acusación es que los supuestos sobreprecios se pagaron a partir de la mecánica de dichas redeterminaciones, algo que -hasta el momento- no fue ratificado por ningún testigo. En otro orden, Pereyra declaró que no tuvo conocimiento de maniobras para impedir la competencia de empresas en las licitaciones de obras y negó que le hayan pedido ejercer algún tipo de “ilegalidad”. “¿Sus superiores le sugirieron realizar algo que no fuera correcto? “No. En mi experiencia no tuve esa situación”, afirmó.

La mecánica del interrogatorio incluyó la exhibición por parte del fiscal Diego Luciani de varios documentos sobre apertura de obras y certificados en los que figura su nombre. Sin embargo, uno por uno Pereyra dijo desconocerlos. Las quejas de las defensas no tardaron en llegar: “Me opongo a este tipo de interrogatorios. Es una especie de ir a la pesca, pero ahora probatoria, no imputativa. Es una exhibición documental sin ninguna vinculación entre el testigo y la prueba”, se quejó el abogado Maximiliano Rusconi. Y agregó que “no es una vía razonable de interrogatorio al testigo”, lo que generaba una “pérdida el tiempo”.

El otro de los testigos convocados por la fiscalía y la OA tampoco aportó datos que sustentaran la acusación. Claudio Helm, quien trabajó en Vialidad Santa Cruz en el área de redeterminaciones de precios, dijo no recordar casi ninguno de los elementos por lo que fue interrogado. Ante la falta de respuestas de Helm, el fiscal fue insistente y subió el tono del interrogatorio. “Que el fiscal deje de intimidar y cuestionar al testigo”, se quejó el abogado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva. En evidente malestar con el defensor, Luciani respondió que no hubo tal intimidación y consideró que el testigo “no estaba siendo preciso”.

Luego, ante las preguntas del resto de las partes, Helm se refirió a las redeterminaciones de precios. Según afirmó no se otorgan por “capricho”, sino porque hay un decreto que así lo estipula, están incluidas en los pliegos licitatorios y “nosotros como AGVP somos el organismo de revisión”. Además, dijo que nunca nadie le pidió beneficiar específicamente a las empresas de Lázaro Báez.

En la audiencia de este lunes, Luciani apuntó parte de su interrogatorio a la conformación y mecánica de la Comisión de Pre adjudicaciones de obras. Sin embargo, ninguno de los dos testigos dijo conocer el funcionamiento de esa dependencia ni quienes la integraban. De esta manera, se desarrolló una nueva jornada sin testigos que hayan podido certificar los presuntos direccionamientos de la obra pública en Santa Cruz.

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