El más explícito del fin de semana fue el presidente de la Sociedad Rural, el sábado al mediodía, al dejar inaugurada la 117 a Exposición Ganadera. Corto y terminante, dijo Luciano Miguens: «Es tiempo de unir y no de dividir». Una multitud que rodeaba la pista central de Palermo entendió en el acto y arrancó en el primer aplauso entusiasta hasta ese momento, que no se había escuchado en la mención por micrófono de los asistentes a la apertura. Pero no fue sólo Miguens, representando a un sector tan importante como el campo. También el jurista Ricardo Gil Lavedra -uno de los jueces que condenó a las juntas de comandantes del Proceso militar 1976-1983- declaró que «son falsos» los dos argumentos del presidente de la Nación para anular el Decreto 1.581/01 que impedía la extradición de militares argentinos a cualquier país extranjero, como ahora pretende el juez español Baltasar Garzón.
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Dijo Gil Lavedra que es falso que tal decreto invoque que se haya invadido desde el Ejecutivo atribuciones del Poder Judicial porque «las decisiones últimas en materia de extradición son políticas no judiciales». Falso, también, el otro argumento de por qué proteger y no extraditar a un acusado de violar los derechos humanos y a un delincuente común sí se lo puede extraditar. Gil Lavedra dice que desde 1875 la Corte Suprema determinó en la Argentina que «el principio se aplica para los iguales en igualdad de circunstancias».
Habiendo sido mal argumentado, es ya inconstitucional que alguien pueda ser extraditado en base a la anulación de Kirchner. Pero las complejidades son mucho mayores.
Federico Storani, también este fin de semana, dijo que un Parlamento «está para derogar una ley por otra ley pero no para anularlas» y Horacio Pernasetti -titular del bloque de diputados de la U.C.R.- opinó que «sería una payasada, un mamarracho jurídico la anulación parlamentaria de las leyes». Es obvio, «anular» una ley significa borrar todo lo que se hizo durante su vigencia y eso destruiría toda seguridad jurídica si con ese antecedente se «anularan» otras leyes en el futuro. En 1998 el Congreso ya derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. O sea que si alguien quiere en el futuro -por hechos similares- resguardarse de una maldad cometida en que recibió la orden de un superior no podrá hacerlo por esa sanción parlamentaria de 1998.
• Libertades
El juez Rodolfo Canicoba Corral que dispuso las 45 detenciones de militares y un civil por el pedido del juez español Baltasar Garzón, dijo que muchos tendrán que ser liberados porque se notificaron del rechazo anterior a un similar pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón. Porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, es obvio. Por la nimiedad burocrática de no haberse notificado muchos corren el riesgo de volver a ser juzgados por lo mismo, para que se vea la poca seriedad de este tema judicial encarado por el gobierno. Además no podrán ser extraditados los indultados por Carlos Menem, entre ellos los comandantes en jefe durante la época del Proceso. El gobierno decidió respetar -aun con la oposición sorprendente de la dura Cristina Kirchner- el principio de que un presidente constitucionalmente electo, como Carlos Menem, tuvo derecho a ejercer el indulto como prerrogativa constitucional de todo primer magistrado.
Recuérdese que desde la reforma constitucional de 1994 se incluyó que son insalvablemente nula cualquier resolución o decreto-ley de un gobierno de facto, desde ese año en adelante. Por tanto se daría la paradoja de que quedarían los jefes indultados cuando crearon el sistema represivo mientras podrían ser extraditados simples oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que cumplieron las órdenes. Otro absurdo. Tanto como que en el indulto quedarían comprendidos -por tanto absolutamente libres y sin problemas- asesinos confesos como Eduardo Firmenich (declaró con lujo de detalles cómo asesinó de un balazo, entre otros, al ex teniente y ex presidente provisional Pedro Eugenio Aramburu cuando lo secuestraron y tenían en cautiverio en Timote, pueblo donde poseía una quinta el padre del montonero Ramus). Igualmente seguiría tranquilamente sin problemas Gorriarán Merlo, indultado por Eduardo Duhalde, pese a haber provocado casi 30 muertos en el copamiento de La Tablada, en 1988, y declarado que el atentado de Montoneros contra el capitán de Ejército Viola, en Tucumán, muerto con la misma bala que atravesó el cuerpo y mató a su hija de 3 años que llevaba en brazos «fue sólo un error». Otro absurdo de este revanchismo que alienta hoy el gobierno. Aparte ¿cómo la Corte Suprema de Justicia -salvo que trate de meramente subsistir tras haber sido intimidada por el Poder Ejecutivo- puede derogar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida si esa misma Corte en su composición de 5 miembros durante el gobierno de Raúl Alfonsín ratificó su constitucionalidad? ¿Qué inconstitucionalidad puede invocarse en ambas leyes si no hay legalmente otra que no sea por problemas de forma en la sanción? Que haya habido «extorsión» militar para sancionarlas fue descartado por el propio ex presidente Raúl Alfonsín, su autor, refutando la afirmación en ese sentido del presidente Néstor Kirchner.
Columnistas dominicales como Mariano Grondona, Joaquín Morales Solá se han sumado al pensar de la gente en cuanto a la barbaridad de dividir de nuevo a los argentinos por la guerra subversión y antisubversión de los años '70. Elisa Carrió -con sus ambigüedades de siempre- y la columna dominical política de «Clarín» -enmarañándose en criticar los propósitos de Kirchner dentro del apoyo que debe darle por la sanción de la «ley cultural» que salvó al medio de la quiebra total- también se sumó a la crítica contra este despropósito.
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