Senado aprobó nombramiento de jueces, defensores y fiscales
El presidente del Senado, Amado Boudou junto a la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich y el senador Anibal Fernandez.
No obstante, la mayor parte de las críticas se las llevó Gonella, quien actualmente se desempeña como titular de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El senador radical Luis Naidenoff pidió -sin éxito- que se retirara el pliego de Gonella por considerar que incurrió en irregularidades en el marco de la causa que investiga al empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero.
Naidenoff remarcó que Gonella evitó incluir en la causa a Báez y su familia tras las denuncias sobre presunto lavado de dinero difundidas por un programa periodístico y, en cambio, sólo pidió investigar a Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
El senador oficialista Marcelo Guinle, presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, defendió el pliego de Garrigós al señalar que durante su paso por la comisión la jueza "fue muy clara" respecto de su rol en Justicia Legítima, al tiempo que destacó la "solidez técnica" de la magistrada.
Respecto de Gonella, Guinle recordó que el fiscal antilavado ya había explicado que no había requerido informaciones sobre Báez porque el fiscal subrogante de la causa (en reemplazo de Guillermo Marijuan) sólo había solicitado que se pidieran antecedentes de Elaskar y Fariña.
Otro de los pliegos objetados fue el de Daniel Morín, propuesto como vocal de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y aprobado con 42 votos a favor y 17 en contra.
El radical Gerardo Morales criticó a Morín porque, según dijo, actuó de oficio para trasladar una causa por agresiones contra la líder de la organización barrial jujeña Tupac Amarú, Milagro Sala, de la Justicia Federal a la Justicia Provincial.
A pesar de las objeciones, todos los pliegos resultaron aprobados por amplia mayoría.
En este maco, fueron destinados a la Cámara de Casación Gustavo Bruzzone, Horacio Dias, Héctor Magariños, Luis Niño, Carlos Mahiques, Luis García, Pablo Jantus y Eugenio Sarrabayrouse.
También se aprobaron los nombramientos de fiscales generales para tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Salta, San Juan, Entre Ríos, Santiago del Estero y Chaco.
Y se aprobaron las designaciones de 17 defensores públicos para juzgados nacionales y federales de Neuquén, Misiones, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Santa Fe, Capital Federal.
• Piden citar a Cameron y Galuccio por acuerdo YPF-Chevron
La oposición reclamó que el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el titular de YPF, Miguel Galuccio, se presenten en el Senado para informar sobre los alcances del acuerdo entre YPF y Chevron, en medio de un tenso debate con el oficialismo, que se comprometió a consultarlo con el Gobierno.
En el marco de una sesión especial, los senadores opositores se encolumnaron detrás del socialista Rubén Giustiniani, quien pidió preferencia para un proyecto de resolución en el que se cita a Cameron y Galuccio para que "brinden informes respecto de los alcances e implicancias económicas y ambientales del acuerdo entre YPF y Chevrón".
Ese proyecto deberá ser tratado por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable y luego aprobado en el recinto, para que finalmente se cite a los funcionarios a dar explicaciones.
Giustiniani señaló que hasta el momento "se sabe que (Chevron) no pagará impuestos a la expotación, se sabe que ante posibles controversias le otorga jurisdicción a los tribunales de Francia y que se utiliza el método de fracking, cuestionado en todo el mundo por sus implicancias ambientales".
A su turno, el senador radical Ernesto Sanz adhirió al planteo de Giustiniani y agregó que "el decreto 929 de 2013 por el que se crea el régimen de promoción de inversiones para la explotación de hidrocarburos tiene que ser tratado por el Congreso".
Sanz sostuvo que esa norma -que posibilitó la firma del acuerdo- "es un decreto de facultades delegadas" por el Congreso al Ejecutivo, y por ello debe ser tratado por el Parlamento pero, al no ocurrir esto, "no cumple con la norma de legalidad".
Por su parte, Sonia Escudero, del Peronismo Federal, consideró "absolutamente inconcebible y que atenta contra toda garantía de derecho que se considere que hay cláusulas secretas en el contrato, que se le oculten al Congreso, donde reside la representación del pueblo".
En tanto, el senador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Horacio Lores, aliado del oficialismo, sostuvo que "muchas de las cuestiones mencionadas esperan tratamiento en la Comisión de Minería, Energía y Combustible" que él preside, pero advirtió que hasta el momento ese cuerpo "no ha tenido quórum".
El debate concluyó con el discurso del jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, quien aseguró que hará "la consulta pertinente frente al requerimiento de los senadores" de que Cameron y Galuccio concurran al Senado.
"Nos preocupa el medioambiente, y tenemos que hacer una ley de presupuestos mínimos al respecto en este Congreso, pero no perdamos de vista el desarrollo", agregó Pichetto.
En este sentido, recordó que el Congreso votó años atrás "una ley de bosques que muchas provincias no han cumplido porque dejaron avanzar la soja sin límites", y agregó: "Entonces, no pongamos la cuestión ambiental cuando hay provincias que no cumplen".
"Nos preocupa a todos el medioambiente, pero también nos preocupa un país que recupere la capacidad energética y minera", sostuvo Pichetto.
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