Senado: aprueban declarar "de orden público" la resolución de ONU contra buitres
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Foto: Ignacio Petunchi.
Por su parte, la radical mendocina Laura Montero reconoció que "los principios son buenos", pero cuestionó que "se trata de recomendaciones que no tienen principios activos ni son fuente de derecho".
Por último, el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá evaluó que "esta ley es un paso positivo, es una carta de buenas intenciones".
De los nueve principios aprobados por la ONU, uno de ellos hace eje en la necesidad de respetar la decisión de la mayoría en los casos de canje de deuda, de manera de evitar que un número ínfimo de acreedores pueda accionar contra una reestructuración de ese tipo, como sucedió contra la Argentina.
La Resolución también destaca que los Estados tienen derecho a reestructurar su deuda soberana lo que no debe verse "frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas".
Además, postula que la reestructuración debe hacerse "como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores".
También apunta a promover la transparencia "para aumentar la rendición de cuentas de los interesados", compartiendo tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda.
Incluso, se exige "la imparcialidad" de todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones, "incluso a nivel regional" y que se abstengan de ejercer influencia indebida en el proceso y en otros interesados o de realizar actos que generen conflictos de interés o corrupción.
Junto a esto, los Estados tendrán la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores.
Por su parte, los acreedores tendrán derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este.
Por otro lado, se deja en claro que la cuestión de la "inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva", para evitar embargos de embajadas o buques.
Explicita además, el principio de "sostenibilidad" que apunta a que en todas las reestructuraciones se debe preservar "los derechos de los acreedores" y promover "el crecimiento económico" de los Estados "minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos".
• Abogados
El proyecto de ley para la creación de un cuerpo de abogadas y abogados para las víctimas de violencia de género, que funcionará en el seno del Estado Nacional, fue aprobado y girado a Diputados para su sanción definitiva.
La iniciativa fue presentada por el senador nacional por el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires Juan Manuel Abal Medina, y recibió el apoyo de todos los bloques.
El proyecto propone garantizar el acceso a la Justicia de las personas víctimas de cualquier tipo de violencia de género.
La norma fue aprobada en consonancia con las prescripciones de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos consagrados en ésta y otras normas relacionadas con la problemática.
El proyecto abarca la violencia "en todas sus manifestaciones" e incluye delitos como la trata de personas y contra la integridad sexual; asimismo, establece específicamente que su alcance es "todo el territorio nacional".
Al momento de presentar el proyecto, Abal Medina explicó que "de cada 100 denuncias de violencia de género presentadas, sólo cinco llegan a juicio y esta desproporción está directamente relacionada con la falta de abogados que respondan de manera gratuita y efectiva para llevar adelante los casos".
"No nos podemos olvidar nunca que detrás de esos números hay historias de vida marcadas por la violencia", sentenció.
• Satelital
El proyecto de Ley de Desarrollo de la Industria Satelital Argentina, que tendrá entre sus objetivos proteger las posiciones espaciales de la Argentina, construir satélites y desarrollar servicios satelitales, fue aprobado por la Cámara de Senadores.
La iniciativa declara de interés nacional el "desarrollo de la industria satelital como política de estado y de prioridad nacional" y aprueba el "Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035".
Este programa, aprobado por unanimidad y girado a Diputados, se inscribe en el lanzamiento de los satélites ARSAT-1, el 16 de octubre de 2014; y ARSAT-2, el pasado miércoles 30 de septiembre.
Asegura además que la intención del gobierno es aprovechar el conocimiento adquirido y orientar las "inversiones en investigación y desarrollo a otras áreas del entramado industrial satelital" promoviendo "el desarrollo de la industria tecnológica".
Establece además que en por lo establecido en la Ley de Argentina Digital, corresponde a la AFTIC la "administración, la gestión y el control de los recursos órbita-espectro correspondientes a redes satelitales".
En ese sentido, la AFTIC deberá efectuar gestiones ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la asignación de "posiciones orbitales" para los satélites argentinos a fin de lograr la implementación del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.
Asimismo, se prohíbe la transferencia de cualquier parte del 51 por ciento de las acciones Clase "A" que el Estado Argentino posee en ARSAT "sin previa autorización expresa de los dos tercios de los miembros del Congreso de la Nación".
La misma mayoría se deberá procurar para llevar a cabo "cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales" asignados a las "Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las Telecomunicaciones" definidos en la Ley de Argentina Digital que pertenezcan a ARSAT.
El proyecto también establece que las bandas reservadas ante la autoridad internacional serán utilizadas priorizando aplicaciones de protección pública, socorro y defensa y "atendiendo a las zonas de mayor vulnerabilidad del país".
El documento que debatirán los diputados desde este martes incluye como un anexo el Plan Satelital que el Ejecutivo estructuró "desde el análisis de los mercados mundiales, regionales y locales y de la oferta y la demanda" así como a partir de las capacidades "industriales-tecnológicas que la Argentina adquirió" en los últimos años.
Los objetivos del plan son, a grandes rasgos, que ARSAT lidere un "plan de desarrollo satelital geoestacionario" para "incrementar las capacidades generadas en cuanto a la fabricación de satélites y la prestación de servicios satelitales conexos".
Otro de los objetivos es continuar con la orientación que está tomando la industria espacial en el mundo, implementando sistemas de propulsión eléctricos o híbridos para lo cual se requiere de inversiones en investigación y desarrollo por parte del Estado.
Prevé además un programa de fabricación de satélites para desarrollar seis aparatos de fabricación híbrida y el reemplazo de los actuales ARSAT 1 y 2 por dos satélites de propulsión completamente eléctrica, de última generación.