Senado debatió proyectos por delitos contra menores

Varias comisiones del Senado de la Nación debatieron en comisiones proyectos de ley vinculados con la desaparición y delitos sexuales a menores de edad.

El plenario de comisiones del Senado de la Nación que trató los proyectos de ley que reglamentan los mecanismos para facilitar la búsqueda de personas extraviadas, especialmente menores de edad, intentó unificar los ocho textos presentados pero no se llegó a un acuerdo por lo que las discusiones continuarán la semana próxima.

La intención de los legisladores es obtener un dictamen unificado que pueda ser llevado al recinto durante la próxima sesión. Asistieron al plenario la presidenta del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, Cristina Fernández, y la titular de Missing Children Argentina, Lidia Grichener.

En este ámbito, Fernández aseguró que "la publicación de fotos (en los medios de comunicación y otros soportes) instala el tema pero no sirve para encontrar a los menores". "Los chicos aparecen cuando cada uno hace lo que tiene que hacer", expresó Fernández, quien afirmó que "la mayoría de las sustracciones son parentales".

"Si una madre se lleva a sus hijos porque es víctima de violencia doméstica, ¿vamos a publicar la foto de los menores? Si suponemos que existe una trata de personas, ¿vamos a publicar la foto? ¿Quién le devuelve a esa chiquita la vida cuando vuelve a su casa con el estigma de haber sido prostituida?", se preguntó la funcionaria.

Por su parte, Grichener consideró que el "alerta temprana es una herramienta más en la búsqueda", pero que para ser efectiva, "tendría que capacitarse al personal de las comisarías y de gendarmería que deberían tener acceso a Internet y a computadoras". "En la actualidad se buscan 218 chicos. Pero también tenemos situaciones inversas, es decir, chicos internados que están buscando a su familia", agregó. Además, la titular de Missing Children opinó que la "difusión de la imagen en los medios da resultado".

En tanto, la senadora tucumana por el Frente para la Victoria, Beatriz Rojkés de Alperovich, manifestó que los proyectos de ley sobre alerta temprana "deben servir para que cuando un chico desaparezca lo sepa todo el país".

"Las fotos son fundamentales. Y hay que cerrar las fronteras. En cuanto desaparezca el menor se tiene que disparar un alerta", aseguró.

* "Grooming"

En tanto, en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado escuchó el testimonio de especialistas en delitos informáticos, en el marco del debate de distintos proyectos de ley que prevén incorporar al Código Penal la figura del "grooming" para evitar el abuso sexual de menores vía Internet.

El "grooming" consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto para establecer amistad con un niño o niña, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual.

Fernando Tomeo, especialista en derecho informático y profesor de la UBA; Ricardo Saenz, fiscal general de la Cámara Criminal y Correncional porteña y experto en delito informático, y Daniel Monastersky, miembro de la Asociación Argentina de Informática Jurídica, fueron algunos de los expositores.

Tome reclamó una legislación integral que prevenga sobre abusos sexuales a menores, a los que se contacta a través Internet, mientras que Monastersky advirtió que el grooming "es el delito preparatorio de un delito sexual más grave".

Según este especialista, el 75 por ciento de los menores de más de 14 años que navega por Internet tomó contacto con desconocidos por medio del chat y recalcó la necesidad de contar con herramientas para evitar este tipo de ilícitos.

La reunión de la comisión que preside la senadora Sonia Escudero se realizó en el salón Illia del Senado. Ese cuerpo analizó dos proyectos: uno es de la aliada del bloque kirchnerista María José Bongiorno; el segundo, de los pampeanos Carlos Verna y María Higonet (justicialismo).

La iniciativa de Bongiorno establece la pena de reclusión o prisión de tres a diez años para los que, "utilizando medios electrónicos, perturbaren a menores de 18 años con fines de someterlos sexualmente".