Respaldan el rol del Estado como regulador del sector de las telecomunicaciones

Política

La diputada Fernanda Vallejos y asociaciones de consumidores destacaron las medidas que obligan a las compañías a retrotraer las facturaciones y reintegrar el dinero cobrado de más. Subrayaron el carácter esencial de estos servicios públicos

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos y las asociaciones nucleadas en la Comisión de Usuarios de Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, respaldaron el rol del Estado frente a los aumentos abusivos de las empresas del sector.

Es inadmisible que las empresas desafíen el orden legal vigente. Las normas son para todos, también para el poder económico. El aumento autorizado es del 5%, que no es poco para un pueblo castigado por cuatro años de macrismo y un 2020 de pandemia. Si necesitan recursos ¡que traigan lo que fugaron!”, cuestionó Vallejos, tras los aumentos.

El Gobierno nacional decidió el año pasado, en medio de la emergencia del Covid-19, regular los precios de las telecomunicaciones, determinando el carácter de servicios públicos esenciales la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, y estableció la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para cada uno de estos servicios.

Luego, basadas en este DNU, las resoluciones 1466 y 1467 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) establecieron un límite de aumentos de 5% y 8% y la prestación básica universal de todos los servicios TIC.

"Pero la empresa Cablevisión desoyó la ley y envió facturas con aumentos del 20%. Además, arremetió vía judicial con presentaciones para anular el carácter esencial de los servicios. Ante esto, el Enacom intimó a la empresa a que de 'forma inmediata' retrotraiga las facturaciones y reintegre las diferencias de dinero a usuarios y usuarias. Asimismo, le abrió un sumario para aplicar las sanciones que correspondan", explicó la legisladora en un comunicado.

Por su parte, las 24 asociaciones nucleadas en la Comisión de Usuarios de Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones manifestaron su “repudio al accionar de las empresas TIC, que incumplen la ley aplicando un aumento ilegal del 20%, cuando el Enacom autorizó solamente un 5%”. A su vez, subrayaron su “apoyo a las resoluciones 1466 y 1467” y agregaron que “acompañarán al organismo en la Justicia para defender las medidas”.

“Rechazamos enérgicamente el accionar de las empresas que incumpliendo la ley se niegan a reintegrar lo cobrado indebidamente en enero y pretenden cobrar las cuotas de febrero con un aumento del 20%”, enfatizaron en el comunicado conjunto.

Cablevisión había presentado una medida cautelar en la Justicia para suspender la vigencia del decreto 690, con el fin de que los servicios dejen de ser considerados esenciales y, así, poder aumentar los precios. Sin embargo, el juez federal Walter Lara Correa la rechazó, al plantear que la presentación de la firma no estaba fundamentada y que no había irregularidades legales.

"Habiendo sido ratificado el reglamento cuestionado por la Cámara Alta, no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho invocada por la accionante", concluyó el juez con relación al Decreto 690 y su confirmación por parte del Senado de la Nación.

Otro negativa a los intereses del grupo Clarín fue una resolución de la semana pasada del Juzgado Civil y Comercial N° 10 de Mar del Plata, que dio lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA), a raíz de las denuncias de usuarios y usuarias frente a los aumentos del 20% que recibieron en sus facturas de enero de Cablevisión, Fibertel y Personal.

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