Sigue convulsión en Sur: cesó el corte pero insistirán hoy

Un contingente de Gendarmería logró ayer liberar el tránsito sobre la Ruta 43 en Las Heras, Santa Cruz, donde manifestantes ligados a la actividad petrolera causaron el lunes incidentes que arrojaron ya dos muertos (un policía y un pariente de un sindicalista). Sin embargo, esta paz puede durar poco ya que los gremios amenazan hoy con volver a cortar esa vía a menos que se sienten a dialogar en una mesa de negociación con autoridades nacionales y empresas, buscando que éstas se hagan cargo de compensar el descuento que se hace sobre los salarios de la actividad -que son altos porque son gremios que lograron mejoras y trabajan en una región que tiene precios también altos-. Los heridos se reponían anoche. El juez de la causa agregó ayer un dato inquietante: habría un video con imágenes de activistas con un rifle con mira telescópica.

Efectivos de Gendarmería tomaron el control de la ruta santacruceña que mantuvieron bloqueada activistas petroleros.

Las Heras - La llegada de un contingente de Gendarmeríaenviado el martes por el gobierno nacional no impidió que siguiera aquí la convulsión tras los incidentes que costaron dos muertos el martes. Las fuerzas federales lograron despejar el corte de rutas, pero los activistas amenazan hoy con interrumpir la circulación, entorpeciendo la actividad de las empresas petroleras. Anoche presionaban sobre los delegados de la Nación, encabezados por el secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti, para sentar a una mesa de negociación a las empresas con una consigna inquietante: que las concesionarias de la extracción de petróleo y gas se hagan cargo de compensar en las nóminas salariales los descuentos que se hacen sobre los salarios.

Una nueva preocupación para el gobierno, que deberá escuchar las quejas del sector empresarial por este reclamo que implicaría -de ser admitido- una nueva quita fiscal sobre su actividad.

La espera de la conformación de una mesa de diálogo trajo algo de tranquilidad al grave conflicto desatado en la localidad santacruceña de Las Heras, que derivó en la muerte de un policía y más de veinte heridos, durante un asalto piquetero a la comisaría local para liberar a un trabajador petrolero detenido en el marco de un conflicto gremial que mantiene paralizada la actividad desde el 23 de enero. La jornada de ayer comenzó sin incidentes luego de que unos 250 efectivos de Gendarmería Nacional llegaron a la zona y levantaron el piquete sobre la Ruta Provincial 43. El accionar de las fuerzas -llegadas desde distintos puntos del país- obligó a los activistas a ubicarse a la vera del camino.

Finalmente, a las 21, la caída del sol y de la temperatura hizo que los manifestantes abandonaran definitivamente la zona, aunque mantienen la amenaza de volver a ocupar hoy -desde las 8- los laterales de la ruta y caminos alternativos que comunican con la empresa Repsol YPF.

El origen del problema es el reclamo de los petroleros -en rigor, un reducido sector disidente del Sindicato de Petroleros Privados- que exigen el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.Ahora los manifestantes piden que las empresas petroleras se sumen a la negociación y compensen los descuentos impositivos sobre los salarios, algo que éstas no estarían dispuestas a aceptar, argumentando que no está a su alcance brindar una solución y que ésta corresponde al gobierno nacional.

Mientras tanto, la Justicia local avanzaba ayer en la investigación por el crimen del oficial subinspector Jorge Sayago ocurrido durante la madrugada del martes y se informó sobre la existencia de cuatro sospechosos, uno de los cuales ya habría abandonado la provincia. En cuanto a los otros cinco policías heridos de bala, se informó que estaban recuperándose, fuera de peligro.

• Testimonios

A su vez, la jueza Graciela Ruata está desde ayer a cargo del caso y ya tiene en su poder testimonios de vecinos y filmaciones en las que se verificaría el tipo de arma de fuego utilizada para asesinar a Sayago, así como también la presencia de armas largas.

Por su parte, tras ser enviado a la provincia el martes luego de la decisión de la Nación de conformar un Comité de Crisis, el secretario de Seguridad de Nación, Luis Tibiletti, mantuvo contacto permanente con Néstor Kirchner y el gobernador Sergio Acevedo, y organizaba ayer por la noche una mesa de diálogo que reúna a los activistas liderados por Mario Navarro, al municipio y a la Nación.

El gobernador Acevedo acompañó ayer a los familiares del policía asesinado, cuyos restos fueron velados en la localidad de Gobernador Gregores, en el centro de la provincia.

El gobernador además recibió el apoyo de los sindicatos petroleros de Neuquén y de Río Negro, ensanchando aún más la brecha que separa a la cúpula de los gremialistas disidentes liderados por Navarro. De hecho, el secretario general del Sindicato de Petroleros de Santa Cruz, Héctor Segovia, culpó al sector que lidera Navarro de utilizar «la violencia y la amenaza» para imponerse a la mayoría de los afiliados.

Segovia, en tanto, responsabilizó a ese grupo del asesinato de su cuñado, gremialista y cacique de la comunidad tehuelche, Alejandro Paisman Vera, quien apareció muerto el lunes, con golpes en su cuerpo y tapado por unas chapas. «No me cabe la menor duda de que fueron estos piqueteros, conformadospor un grupo de disidentesde algunos delegados del sindicato y por algunos afiliados a la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA)», insistió Segovia ayer.

El origen del conflicto que estalló el martes se remonta a la madrugada del 23 de enero, cuando unos 500 trabajadores afiliados al Sindicato del Petróleo y Gas Privados de Santa Cruz y a la UOCRA comenzaron una protesta por tiempo indeterminado. La medida de fuerza se inició violentamente, cuando un grupo de manifestantes ingresó a punta de pistola en las plantas de bombeo de Las Heras exigiendo desalojar el predio.

Acto seguido, otro grupo encabezado por Navarro y Francisco Marín se apostó sobre las rutas 42 y 43 (que unen Caleta Olivia-Las Heras-Perito Moreno) y sobre los caminos petroleros 16 y 18 (que unen yacimientos), bloqueando la circulación de unidades vinculadas con el sector.

Al día siguiente, la principal operadora de la zona, Repsol YPF, ordenó cerrar las válvulas de las plantas y frenar la producción por los riesgos potenciales que acarreaba la toma del predio.

Tras una orden de desalojo judicial que se hizo efectiva el jueves 26, se fijó un plazo de 12 horas para su cumplimiento. Se dispuso entonces el traslado de efectivos de la Gendarmería Nacional y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía provincial. Vencido el plazo, los activistas seguían apostados en los piquetes y el gobierno provincial intentó abrir una negociación para asegurar «la paz social».

El gobierno provincial habilitóuna mesa de negociación el viernes, que pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes pasado. La parálisis de la actividad petrolera se había extendido a Pico Truncado, distante 120 kilómetros de Las Heras, complicando los yacimientos de Caloi Coike y bloqueando además la Ruta 12. El impacto de la medida se multiplicó en el sector privado, perjudicando a las operadoras Repsol YPF, PanAmerican Energy y Vintage, y 4 contratistas locales.