Néstor Kirchner llega a Salamanca con dos en contra y una a favor, que no es de las pequeñas. Tras un peregrino cable de la agencia «Télam» que condena el descubrimiento de América como un « genocidio» y el discurso anti-Zapatero de Hebe de Bonafini, el gobierno confía mejorar el tono de las relaciones con el rechazo al asilo político al etarra Jesús Larís Iriondo, a quien la Corte Suprema de Justicia amparó con una negativa a la extradición que pedía el gobierno español.
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Este activista, acusado de actos terroristas con bombas que causaron heridos, reside en el país con un estatus precario luego de ser expulsado del Uruguay. Allí vivió durante años hasta que el gobierno de Jorge Batlle le quitó ese derecho. Cuando apareció en la Argentina, España pidió la extradición para juzgarlo en la península.
En ese trámite intervino la Corte Suprema de Justicia, que rechazó el pedido argumentando que la causa estaba prescripta según la ley argentina, desoyendo el dictamen del procurador de la Nación, quien argumentó que los delitos terroristas no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier momento.
Cuando se conoció esta sentencia, el gobierno argentino le hizo saber a Madrid que no le quedaba otra vía que rechazar la extradición, algo que es facultativo del Poder Ejecutivo sólo en caso de que la Justicia lo avale. Si la Corte la rechazaba, el gobierno no tendría otro camino que acompañar la decisión.
No consta por escrito, pero la promesa que recibió el gobierno de José Luis Fernández Zapatero fue que Larís Iriondo no recibiría asilo político, algo que hasta ahora Kirchner ha cumplido. Larís debería salir en cualquier momento del país, ya que sin asilo su residencia se convertiría en precaria. Pero el gobierno del Uruguay anunció esta semana que revisará el decreto de expulsión del presunto terrorista. Según dijo el secretario de la Presidencia del gobierno uruguayo, Gonzalo Fernández, principal asesor judicial y mano derecha del presidente Tabaré Vázquez, la anulación del decreto de expulsión firmado por Batlle es inminente. El argumento del nuevo gobierno es que esa expulsión fue mal decretada porque Larís Iriondo está casado con una mujer de nacionalidad uruguaya.
En mayo pasado, el presuntoterrorista afirmó que estudiaba la posibilidad de presentar una demanda judicial contra el Estado uruguayo por haberlo expulsado a la Argentina. El secretario de la Presidencia de Uruguay dijo que cabía la posibilidad de que Vázquez firmara el decreto de revocación antes de partir hacia España, donde asistirá desde mañana, con Kirchner, a la Cumbre de Salamanca.
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