Sólo una reforma puede caducar mandatos

La propuesta que parece ofrecer una solución mágica a todos los males que vive el país («que se vayan todos») parte de la hipótesis de que existe una firme crisis de representatividad, donde la principal causal sería la existencia de las listas sábana, sin dudas una rémora de la vieja política que, muy pocos lo reconocen, es patrimonio exclusivo de los grandes distritos electorales.

En efecto, provincias con menor población como Catamarca, Chubut o La Rioja, entre otras, mal podrían intentar «esconder» nombres de candidatos en sus boletas electorales, cuando en el mejor de los casos renuevan en cada elección un promedio de tres diputados.

Es obvio que tanto en las elecciones internas como en las generales, cada uno de los nombres que proponen los distintos partidos políticos está lejos de ser una figura desconocida para los votantes en las denominadas provincias chicas.

• Contraste

Precisamente, en las últimas elecciones que permitieron renovar en su totalidad los cargos del Senado y la mitad de las bancas de Diputados, fue en los más pequeños distritos electorales donde los votantes expresaron su preferencia con escasa o nula opción por los votos en blanco, anulados u observados. Así ocurrió, por ejemplo, en La Rioja, donde el justicialismo triunfó por casi 55% de los votos, y no hubo más sufragios en blanco e impugnados que los normales en este tipo de elección.

La aclaración viene a cuento para contrastar una peligrosa tendencia a la generalización, donde todos los elegidos en octubre pasado, cualquiera sea la provincia que representan, quedaron involucrados en la estadística del denominado «voto bronca».

También generalizar la condena a quienes acertaron y a quienes se equivocaron en la conducción del Estado suena a una tendencia maniquea donde campea un cierto latiguillo muy escuchado en estos días, que traza una línea de separación entre una supuesta «clase política» y el resto de la sociedad.

Debemos convenir que la categoría «clase política», aunque suene bien para cierto lenguaje mediático, parece haber surgido de un diccionario de malas intenciones donde se trata de igualar con la sospecha la inclinación a ejercer la conducción del Estado en democracia, mediante el voto popular.

Coincidentemente, no pocas veces encontramos que las voces condenatorias, hacia «todos los políticos», surgen de aquellos quienes a la hora de contar los votos exhiben cifras escasas de adhesión, aunque inducen a confusión por su reiterada presencia en los medios, sobre todo televisivos que, entre elección y elección, parecen convertirlos en los próximos líderes casi providenciales que salvarán a la Argentina por los siglos de los siglos.

Debemos aceptar que gobernantes y gobernados integramos una única sociedad y que somos artífices de un mismo destino: no hay ni puede haber una clase que se eleve por sobre las otras, en un país que se halla al borde del abismo.

En ese marco, la tan publicitada y difundida iniciativa de renovar la totalidad de los cargos políticos electivos en las próximas elecciones aparece como un gesto demagógico y oportunista porque los que la promueven creen que quedarán bien con la gente, o por lo menos con los que propician el «que se vayan todos».

Sostengo lo antes dicho no obstante que mi mandato culmina en el año 2003, por lo que no existe ninguna especulación de tipo personal.

• Imprescindible

Es por todos sabido que para producir una renovación total de los cargos electivos es imprescindible convocar a una Convención Constituyente, previa elección general, para reformar la Constitución de la Nación, única vía legal y legítima para modificar el sistema de mandatos.

Cualquier otra solución significaría interrumpir o tergiversar los plazos de duración de los cargos, violando la normalidad constitucional.

Volver a modificar los plazos constitucionales, con el afán de quedar bien con el electorado, no parece el camino adecuado para resolver los graves problemas que vive el país.

Precisamente en los tiempos de crisis, en los que permanentemente se recurre a normas de emergencia para enfrentar la coyuntura, es cuando más debemos atenernos a las prescripciones constitucionales como salvaguarda de la vigencia del estado de derecho y para evitar la reiteración de situaciones de inestabilidad institucional, que sólo contribuyen a ahondar la crisis.

• Prohibición

Pero si de todos modos se optara por el camino de la reforma constitucional, habrá que pensar también en otras modificaciones que parecen necesarias para justificar la utilización de un mecanismo tan complicado como costoso.

Por último, cabe reflexionar que si los que proponen la caducidad de todos los mandatos, lo hacen respondiendo al reclamo: «que se vayan todos», para que la propuesta sea seria y completa deberían incluir en ella la prohibición de que vuelvan a postularse los mismos que hoy están en esos cargos. Porque de lo contrario, lo más probable es que en los próximos comicios sea elegido un gran porcentaje de los mismos que hoy ocupan dichos cargos, por lo que la finalidad invocada, de producir la renovación total de la «clase política», se vería frustrada.

Por cierto que una prohibición de esa naturaleza significaría una verdadera proscripción política, con todas las consecuencias negativas que ello implicaría, en el marco de la democracia.

(*) Diputado nacional PJ La Rioja