Su plan prohíbe tomar más deuda

Sobre las bases de muchas de las iniciativas pergeñadas en la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el acuerdo programático entre el Movimiento Federal y Ricardo López Murphy intenta recrear una economía de mercado para el país. Pero donde la intervención del Estado no queda al margen. Ya que como punto de partida para recuperar el nivel de empleo se proyecta un plan de obras públicas (calles, caminos, parques, alcantarillado, aguas y cloacas, viviendas) con uso intensivo de mano de obra. Como si fuera poco para sorprender a cualquier simpatizante ortodoxo de López Murphy, también contempla un subsidio a través de empresas que generen empleo. El financiamiento del plan provendría de los planes de subsidio al desempleo vigentes.

En el flanco fiscal se propone comprometer a Nación y a provincias en alcanzar superávit fiscal y prohibir nuevo endeudamiento hasta que la deuda reestructurada haya sido rescatada en su totalidad.

Quizás orientándose en la experiencia brasileña, aspiran a una Ley de Responsabilidad Fiscal que limite por 5 años la expansión del gasto público primario real de la Nación y de cada provincia y municipio, con penalidades claras para los funcionarios que la incumplan. En concordancia con esto se impulsará la modificación del actual régimen de coparticipación federal de impuestos sobre la base del principio de correspondencia entre recaudación y gastos. Así como también la devolución de potestades tributarias a las provincias y retención por parte del gobierno nacional de tributos cuya recaudación cubra exclusivamente su propio gasto.

Proponen el reemplazo de Ingresos Brutos por un IVA adicional provincial y eliminación del Impuesto sobre los Sellos, la supresión gradual de retenciones a la exportación y del impuesto al cheque.

Sobre el sistema financiero, más allá de pregonar la autonomía del Banco Central, se propone la apertura del capital de los bancos públicos para mejorar su eficiencia y lograr el manejo despolitizado de su cartera crediticia. También la eliminación de los bonos provinciales (cuasi monedas).

El cuadro de las tarifas de los servicios públicos es otro de los puntos centrales del acuerdo, sobre la base de la adaptación de los contratos de servicio público con un esquema para la transición que fije los criterios generales para que las tarifas cubran los costos operativos y los costos de inversión. Se contempla así también una tarifa social, con mínima utilización de subsidios cruzados.