También senadores intentan despegar del affaire coimas

Los senadores del oficialismo y la oposición aprobarán hoy una resolución para despegarse del reabierto escándalo por el supuesto pago de coimas a cambio de la reforma laboral de la Alianza.

Se descuenta que quienes formaron parte de la cámara cuando se sancionó la llamada ley Flamarique, en abril de 2000, y todavía disponen de banca, entre ellos el radical Mario Losada y los peronistas Eduardo Menem y Jorge Yoma, harán discursos en favor del esclarecimiento del affaire que reflotó el «arrepentido» Mario «Tato» Pontaquarto.

El protagonista excluyente de la tarde será, por supuesto, Antonio Cafiero, agitador original de las sospechas sobre el soborno.

No podrá polemizar, entre otras cosas, porque ya no dispone de fueros su último contradictor en la materia, el correntino Angel Pardo, sobre quien el veterano bonaerense desparramó, en su momento, centímetros de dudas que, luego, debió retirar.

En la última sesión del año, la Cámara alta votará una iniciativa, en formato de resolución, que redactó el renovador salteño Ricardo Gómez Diez. El ex vice de Ricardo López Murphy llevó el texto a la deliberación de Labor Parlamentaria, con la adhesión de Pedro Salvatori (MPN-Neuquén).

«Me parece que no podemos quedarnos callados sobre este escándalo», planteó Gómez Diez a la heterogénea mesa que animaban, bajo la coordinación de Daniel Scioli, los peronistas Miguel Angel Pichetto, Roxana Latorre y Mabel Müller; Mario Losada y José de Zavalía (UCR); la catamarqueña Marita Colombo (Frente Cívico y Social); la transversal Diana Conti (Frepaso); el radical disidente Gerardo Morales; Salvatori y los debutantes Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe); Carlos Rossi (cordobés de la línea del intendente Luis Juez) y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana-Tucumán). A justicialistas y radicales no se les ocurrió solidarizarse con los afectados de sus respectivos partidos, aun cuando todavía rige el principio de inocencia, al menos en los papeles.

«Yo lo leí, y estoy de acuerdo con el proyecto; por eso, ya lo firmé», adelantó Pichetto en nombre del oficialismo. El opositor de Salta leyó disposiciones y fundamentos, los cuales, sin correcciones o agregados, fueron rubricados -sin distinciones ideológicas-por los asistentes a la cumbre donde se deciden los temarios de las sesiones.

Losada, que integraba la bancada aliancista y, por lo tanto, levantó la mano por la reforma cuestionada, se vio obligado a exponer su punto de vista. «Yo estuve a favor de que se investigara y se esclareciera todo; ahora, con más razón, hay que apoyar el trabajo de la Justicia», declamó el misionero delante de nuevos y viejos conocidos.

«No podemos obviar el tema», intervino Müller. Scioli memoró para los que estrenan senaduría que «el Senado viene demostrando una actitud de transparencia. Por eso, entre otras cosas, se transmiten en vivo y por Internet las sesiones del cuerpo».

La iniciativa de Gómez Diez insta a «adoptar todas las medidas internas y de colaboración con la Justicia conducentes al definitivo esclarecimiento de los hechos de corrupción denunciados en relación con la sanción de la Ley 25.250, conocida como de reforma laboral, con la finalidad de preservar la dignidad de las instituciones legislativas».

• Primer plano

«La reciente confesión de quien fuera secretario parlamentario del H. Senado de la Nación puso, otra vez, en un primer plano las graves denuncias de corrupción efectuadas respecto de la sanción de la Ley 25.250, llamada de reforma laboral. Como es público y notorio, la revelación realizada, entonces, por un destacado periodista y analista político hizo que un miembro de este cuerpo planteara la necesidad de investigar sobre los sobornos en los que habrían participado algunos ex senadores», continúa en sus fundamentos.

«Aún permanece fresca en la memoria colectiva y, en especial, en el ámbito del Senado -apunta el proyecto de resolución-la conmoción que provocó en el seno de la comunidad la difusión de tales hechos, que generaron una sospecha indiscriminada sobre la conducta de quienes, en ese momento, integraban el cuerpo senatorial. Como nunca fueron esclarecidos esos episodios, pese a la intervención de la Justicia y, por ende, tampoco pudieron deslindarse las consiguientes responsabilidades, se expandió una mancha sobre la actuación del Senado que se propagó hasta el Poder Ejecutivo abarcando hasta la figura presidencial. También quedó ensombrecida la imagen de la misma magistratura.»